
Por: Beatrice E. Rangel - 29/09/2026
La sorprendente aparición de Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia de Venezuela, en la Asamblea General de la ONU dejó una pregunta inquietante: ¿por qué el país que tutela la transición promueve su legitimación internacional antes de que comience la reconstrucción institucional de Venezuela?
Todo indica que la transición venezolana seguirá un camino propio, como ocurrió en España y Chile al salir de sus dictaduras. Según el secretario de Estado Marco Rubio, el proceso consta de tres etapas: estabilización, recuperación y transición. La primera busca prevenir un estallido de violencia, administrar las sanciones y emplear entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para financiar al Estado sin que esos recursos terminen en manos corruptas. La recuperación supone abrir el mercado venezolano a empresas estadounidenses y de otros países, así como promover la reconciliación mediante una amnistía y la liberación de los presos políticos. La última etapa exige fortalecer la sociedad civil, establecer instituciones y garantías de seguridad eficaces y convocar elecciones libres, abiertas y multipartidistas.
Nueve meses después de la histórica extracción de Nicolás Maduro, incluso la estabilización parece incompleta. En distintos niveles de la administración persiste una parálisis que dificulta la relación cotidiana de los ciudadanos con el Estado. Los hospitales padecen una escasez cada vez mayor de medicamentos e insumos; las escuelas aún no han iniciado el nuevo año escolar; la economía está paralizada y la mayoría de los hogares apenas pueden comer una vez al día; y el transporte aéreo y terrestre sigue siendo irregular y deficiente. La liberación de los presos políticos tampoco se ha completado: aproximadamente 350 personas permanecen detenidas en condiciones brutales.
Ante este panorama, el país que tutela la transición haría bien en detenerse a examinar dos experiencias latinoamericanas: Brasil y Paraguay.
En Brasil, la etapa final de la apertura estuvo encabezada por João Figueiredo, un militar que conocía desde dentro el aparato de poder y había dirigido los servicios de inteligencia del Ejército. Figueiredo continuó la apertura iniciada por su antecesor y contribuyó a crear las condiciones para el regreso del gobierno civil. Su caso muestra que el conocimiento del régimen puede facilitar una transición cuando quien lo posee acepta abrir espacios políticos y ceder el poder.
En Paraguay, el general Andrés Rodríguez derrocó a Alfredo Stroessner en 1989 e impulsó la apertura política. Durante su presidencia se celebraron elecciones y se aprobó una Constitución que prohibió la reelección presidencial. El resultado fue una democracia con imperfecciones, pero capaz de sostener la alternancia institucional desde 1993.
Estas experiencias no demuestran que cualquier integrante del antiguo régimen puede conducir una transición democrática. Sí sugieren que un insider puede ponerla en marcha si está dispuesto a construir instituciones capaces de limitar su propio poder y de sostener el proceso después de su salida. Esa es la prueba decisiva para Venezuela. Y es, quizás, la lección que el país tutor necesita escuchar.
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