
Por: Luis Beltrán Guerra G. - 02/02/2026
A la democracia, como lo exhibe la historia, es difícil, no únicamente estatuirla, sino, también, entenderla y mucho más, “hacerla realidad”. Su longeva data, acompañada de luchas interminables, que en más de un país han obstaculizado el aprovechamiento de sus ventajas.
Ha evolucionado como “el gobierno del pueblo”, una alternativa de la entonces pujante Grecia, propiciadora de la necesidad de que sus habitantes se reunieran en asamblea, a fin de aprobar o rechazar las providencias relativas a los intereses colectivos, praxis que condujo al “sufragio” y a prácticas conciliatorias con respecto a la diversidad de situaciones subjetivas. Una huella innegable en la edificación de las democracias.
Al contrato social, que deviene de ese ejercicio, se le pondera, por consiguiente, como una suerte de “acuerdo tácito”, en aras de que dejáramos a un lado patrones de “una vida primitiva, desordenada y sin garantía alguna de derechos y obligaciones. Esto es, la asunción de “una forma, prima facie, dirigida a la convivencia social”, bajo la esperanza de que el poder, al sometérsele a lo estatuido en la ley, conllevaría a “la paz, el orden y el respecto a los derechos de todos”. Pero, asimismo, a la observancia de sus “deberes”.
Estimamos, pues, de que en principio “el contrato social” devendría, por lo menos, en el contexto de cierta logicidad, como aquel escriturado en “los textos constitucionales”. Por lo que quién deseare saber cuáles previsiones ha de observar, en aras de su propia estabilidad y progreso, así como de “la república” a estatuir, no sería tan abusiva la sugerencia de andar con ”la Carta Magna” en el bolsillo. Pero, además, leerla a menudo. Sería una costumbre, sin dudas, coadyuvante para la democracia. Y, tal vez, no estaríamos confrontando “las dificultades de los extremos”.
Es en el contexto de los lineamientos expuestos, que afloran como oportunas algunas apreciaciones en lo relativo a Venezuela, a raíz de las providencias recientes del gobierno de los Estados Unidos, tipificables, en principio, como “una metodología de responsabilidad compartida” en lo tocante al desempeño del poder público en el país suramericano. Unos cuantos se plantean entre otras inquietudes si se trataría de “un proyecto de índole continental”, por un lado, dada la unión fronteriza de USA desde Colombia hasta Argentina, México y la restante America Central.
Un apretado resumen de la intervención de USA en Caracas revela: 1. Una sofisticada estrategia militar, 2. El costo de la misma, sin lugar a dudas, elevado, 3. ¿La ratio? El combate al tráfico de drogas exportada a EEUU, cuyo consumo producía daños irreparables, 4. La detención de Nicolas Maduro, quien ejercía la Presidencia venezolana y de su conyugue, hoy en proceso judicial en New York y 5. La logística armada tanto para tierra, mar y aire atenta al “Caribe” bajo la nomenclatura de “Operación Lanza del Sur”. Es obvio que ha producido cambios sustanciales, inclusive, no imaginables, entre los más evidentes: 1. “La codirección”, a que se ha hecho referencia, en el gobierno del país, entre el Presidente Donald Trump y la Vicepresidenta del exmandatario venezolano Nicolas Maduro, Delsy Rodríguez, 2. Una metodología, por cierto, no muy frecuente, más bien, históricamente, ocasional, con respecto a la cual ha de señalarse: a) La sorpresa del enfoque, pues, no hay dudas de que una mayoría determinante de venezolanos anhelaba más bien “un borrón y cuentas nuevas”, o sea, escobillar lo existente, por estimarlo desastroso, b) Un nuevo liderazgo que se consolidó a raíz de las negativas consecuencias del gobierno de Hugo Chavez y que prosiguieron con Nicolas Maduro, profundizándose, alcanzó un grado de consolidación casi perfectible y, por tanto, con capacidad, como se demostró, de participar en las últimas elecciones para la Presidencia de la República con resultados favorables, los cuales fueron desconocidos por el régimen, c) La caótica situación nacional innegable desde donde se le mirara, a pesar de que algunos sectores decidieron dar algunas pinceladas, las cuales airearon, por lo menos, el área de alimentos y servicios. Una especie de fábula “tolerancia al gobierno y sobrevivencia de los gobernados”.
La aspiración de esa mayoría, electoralmente expresada, si asumimos la racionalidad como mecanismo, no pareciera sensato abrigar dudas, de que era la de gobernar y “sin los otros”, esto es, quienes “mandaban”. Es justo calificar a esa tendencia como determinante, en aras de admitir como consecuencia de que el poder público se integraría con absoluta prescindencia de los últimos, lo cual demandaba, nada más y menos que: 1. Presidir a la República, 2. Un poder legislativo con otras caras y 3. Jueces en todas y cada una de las instancias, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia, cuya composición fuese ajena, pero, totalmente, a los actuales magistrados, 5. Una nueva Constitución, tal vez, la numero 27, generada como de costumbre por una Asamblea Constituyente y 6. El reclamo y condena de gestiones inescrupulosas, por contrarias, tanto a las leyes como a la moral.
La Nación, en proceso de “una restauración total como iglesia vieja”, supuesto que conmina a meditar en lo tocante a “la viabilidad, escena arropada entre las circunstancias del quebradero de cabezas de unas fuerzas militares atípicas y de la sumatoria, muy probable, entre quienes dejaban el gobierno y “una individualidad política” representada en personalidades y en partidos solo de nombre. La cuantificación de las dificultades, llevadas a un analisis objetivo, configuraría, como pareciera obvio, “una absoluta anarquía”, ruta que no se sabe a dónde conduciría, entre algunas de las alternativas: ausencia de poder público, desconcierto, incoherencia, barullo, anarquismo, desorden, caos, confusión, desgobierno, libertarismo y otros tantos males. Y, por consiguiente, “ausencia de gobierno y de orden”. Pensar en la hipótesis nos inducen, cuanto menos, a las reveladores expresiones de Francisco de Miranda, camino a la Carraca, “bochinche, bochinche, bochinche, esta gente no sabe sino hacer bochinche”. Pero, también, a la anécdota de Diógenes Escalante, traído desde el exterior para salvar a la patria, ante uno de los tantos capítulos de nuestra desconfianza política, diagnosticado como loco, para algunos, pero para otros que se hizo el “lerdo” ante un desbarajuste de país, en principio, eterno. Para Francisco Suniaga, destacado escritor venezolano, Harry Truman, otro Presidente de EEUU, convirtió a Escalante en uno de sus tristes pasajeros. Tanto Miranda, como el, se despidieron de un país que por lo menos para sus épocas no se había graduado como “república” y mucho menos “democrática”.
Estas acotaciones, pensadas detenidamente, demandan contestar con franqueza a la pregunta ¿Hubiera sido posible que se permitiera elegir democráticamente a un Presidente, que se le reconociese el status y se le permitiera una gestión de gobierno tan exigente como la demandada por “una tentativa de república duramente sacudida para el 2025 por un innegable “anarquismo”, fenómeno al que se teme por sus consecuencias dañinas, hasta para la “lingüística”: 1. Ausencia de poder público, 2. Desconcierto, 3, Incoherencia, 4. Barullo, 5. Desorden, 6. Caos, 7. Confusión y 8. Desgobierno. Un regimen político bajo esas condiciones, remotamente hubiese superado lo que los italianos llaman “una diaboleza”.
No se desconocen, por supuesto, los esfuerzos, elogiables en términos absolutos, que se realizaron para acudir al proceso eleccionario presidencial de fecha 28 de julio de 1984, en el cual se eligiera a un candidato de la oposición a la Presidencia. Nominación desconocida por el regimen, situación, en rigor, irreversible dado el control de este en lo concerniente a “la oficialidad castrense”, como propietario absoluto de una república de papel. Remota, en verdad, la puesta en practica del “arbitraje castrense”, como sucediera en Caracas, por ejemplo, a partir de enero de 1958, evento para una democracia de décadas. La de mas avanzada en America Latina.
Una mayoría determinante de venezolanos ha encontrado en María Corina Machado a la persona idónea para gobernar al país y lo hará, pues, se ha ganado con creces la legitimación. No somos quiénes para aconsejarle, pero abrigamos la esperanza de que con su sobrada inteligencia y confianza en Dios entienda que el episodio capitaneado por Estados Unidos conllevará a la limpieza de “un camino escabroso” para que si La dama de hierro” mantiene la adquisencia popular, como ha de esperarse, sea elevada a la Primera Magistratura en una atmósfera plena de legalidad y bajo la rectoría de autoridades sin nubarrones de ilegalidad. Es cuesta arriba para quien escribe aconsejar a tan destacada y glamorosa dama, no obstante, que nos permita decirle que la Divina Providencia, enterada de sus gestas, le está pidiendo paciencia y comprensión para “lo bueno, aunque pareciera malo”. Y que a Mario Benedetti suele endilgarse la máxima “difícil, pero no imposible”, camino para la perseverancia que “María” ha demostrado tener bastante.
En “la epopeya democrática” que acompañó a Venezuela desde 1958 a 1998, 8 presidentes ocuparon la primera magistratura y cada uno se proponía gobernar mejor que el otro, pero en el entorno de la legalidad. El modelo irremediablemente no fue que cambió, sino que se le sustituyó por, no solamente, uno distinto, sino absolutamente opuesto y desde 1999 hasta 2025. No hay dudas que fueron antagónicos, razón para que sea legitimo admitir que gobernar de ahora en adelante ha de ser extremadamente complejo. Y es en este aspecto donde pareciera imponerse la tarea de retar a los Estados Unidos a que recuperen el galardón de “guardianes de la paz de la humanidad”, en beneficio, tanto de ellos, como de los venezolanos y por qué no desde Caracas hasta la Patagonia.
En el acentuado proceso de la restructuración venezolana, serán determinantes, sin lugar a dudas, providencias significativas, entre otras: 1. Una adecuada adecuación constitucional, los más probable por una asamblea constituyente, 2. Un detenido analisis de textos legales y reglamentarios, tan numerosos, que nos subsumen en una especie de “inflación normativa” de consecuencias contradictorias y hasta oprobiosas, 3. Un dinámico plan de sinceración económica, 4. Una idónea política fiscal, 5. Una real determinación de la deuda pública interna y externa y 6. Una homogeneidad en lo tocante a la administración de nuestros recursos minerales, entre ellos, nada más y menos, que el petróleo (denominado el oro negro irónicamente por la disímil manera como le hemos administrado). Una inmensa tarea que demandaría un determinante dinamismo por parte de los poderes públicos y de la ciudadanía. Se trataría, perdonen la ironía, de olvidar nuestra accidentada historia política, para “empezar de nuevo”.
No deja de ser lógico que unos cuantos venezolanos, convencidos de que un cambio sustancial en la conducción del país es impostergable, manifiesten preocupacion en lo relacionado con el tiempo de la transitoriedad, específicamente, hasta cuándo se extenderá, lo cual ha potenciado la mención a procesos experimentados en épocas pasadas. Entre ellas, la denominada “Doctrina Monroe”, con respecto a la cual, Henry Kisinger, el secretario de Estado del Presidente Richard Nixon, pone de relieve la interpretación que de la tesis hiciera Roosevelt, quien proclamó el 6 de diciembre de 1904 el derecho general de los EEUU en el hemisferio occidental en todos los casos en que las “cosas no se hicieran bien”. Asimismo, en el ambiente no deja de sonar “el protectorado”, modalidad de administración por la que, mediante un tratado internacional, un Estado ejerce el control, especialmente en lo relativo a asuntos exteriores, defensa y orden público, sobre un territorio en el que existe una entidad política dotada de autoridades propias (Real Academia Espanola). El periodista mexicano Héctor Aguilar Camin, es uno de quienes califica la gestión de los EEUU como “un plan de protectorado, caracterizado por la pretensión de desmantelar la dictadura con los propios personajes de la última (30/1/2026).
La actuación de los EEUU hemos de verla en el contexto de una humanidad, la cual a pesar de sus dolencias, prosigue postulando “la maximización del bien común”, pero, concomitantemente, el suyo propio, o sea, el del “Norte”. Por muchos años se ha ganado el galardón como “garante de la paz”. Los venezolanos, sin dejar de aducir a las denominaciones, debemos subsumirnos, más bien, en el “estado de necesidad” como recurso para el restablecimiento de la constitucionalidad. Apreciación defendida académicamente y compatible con la esencia de la democracia como un ideal social. Y por tanto, amparándonos en la buena fe del denominado “gigante del norte”. Pues, solos, como demostrado, no podíamos.
Finalmente, no deja de ser de una logicidad, por lo menos relativa, la molestia en Caracas por habérsele encomendado la transición a la democracia al propio gobierno que la causó, argumentación que ha de analizársele entre lo que pudiera llamarse la moralidad y el pragmatismo y a la luz de “las dificultades”, las cuales superan con creses a “las facilidades”. La apreciación, tal vez, se constate mejor acudiendo a la historia: 1. En Espana la férrea dictadura de Franco, terminó con su muerte, pero “el caudillo” indicó los pasos para la democracia que la sustituyera, hoy maltratada, pero aun existente y 2. En Chile, se acaba de salir de un gobierno, califíquemelos como “progresista”, utilizando esta palabra que por cierto ha dejado de gustar, por lo menos para el partido republicano en los EEUU, eligiéndose a Jose Antonio Kast, cercano al regimen de Augusto Pinochet, el general dictador, jefe máximo del golpe de Estado que derrocó al gobierno electo democráticamente del médico Salvador Allende. Para una determinante mayoría de analistas, sin la cooperación del General Augusto, no se hubiese producido en el país del distinguido venezolano, Don Andrés Bello, una transición al regimen de libertades del cual en la actualidad disfrutan los chilenos.
A lo óptimo es a lo que debemos aspirar, para lo cual han de rechazarse pretensiones que si bien derivan del sufrimiento, no han de encausarse guindando a los causantes por el cuello o partes íntimas, como, entre otros, a Benito Musolini. El anhelo es por una democracia real, cuyos principios rechazan, entre otras conductas, hacerse justicia con las propias manos. Habra jurisdicciones e instancias serias y plenas de reputación, en las cuales ha de velarse por la aplicación de las sanciones correspondientes. El ejercicio de las funciones públicas serán, lógicamente, analizadas, pero bajo las reglas del “Estado de Derecho”, cuya definición dada la, cercanía que hemos de mantener ahora más que nunca con los Estados Unidos es, como leemos, “El estado sometido a la omnicomprensiva acción de la Ley, a la manera como hace más de 200 años lo proclamaron, precisamente, los constitucionalistas norteamericanos al referirse al “Government of law not of men”.
Ante la presunta pretensión de convertirnos en exigentes del denominado estado absolutista, si es que en la denominación tenga cabida “la estrategia caribeña del ejército de los EEUU, como que sería preferible estarse quieto, para que los de más experiencia conduzcan el complicado proceso que hoy nos envuelve. No sabemos si aconsejar, como en las salas de estudios radiológicos “respire, no respire”.
En otras palabras y más en criollo “prohibido embochinchar, pues las cosas al parecer “van bien”.
«Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad absoluta de su autor».