Francia y la crisis del Estado nación y del Estado de bienestar

Por: Beatrice E. Rangel - 21/10/2026

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Las imágenes de violencia en Francia estremecen al mundo. Multitudes enfurecidas recorren las calles de la tierra de Astérix y dejan a su paso vehículos incendiados, comercios destruidos y edificios públicos atacados. La furia parece avanzar como una ola de lava. Pero, más allá de los daños materiales, esas escenas plantean una pregunta de mayor alcance: ¿qué ocurre cuando el Estado deja de ser percibido como el instrumento capaz de encauzar las aspiraciones ciudadanas y resolver los conflictos de una sociedad?

Entre las razones invocadas para explicar el malestar figuran el deterioro de las escuelas, la insuficiente remuneración de los docentes y la desconexión entre la educación y las oportunidades de empleo. Son problemas que merecen atención. Sin embargo, las comparaciones salariales entre países requieren considerar también el costo de vida, la carga tributaria y las prestaciones sociales. En Francia, por ejemplo, la cobertura sanitaria universal forma parte de una red de protección que no tiene un equivalente universal en Estados Unidos.

¿Bastan las carencias educativas para explicar semejante enfurecimiento contra el sistema? Difícilmente. Mucho menos para justificar la destrucción. Bajo esas manifestaciones de ira se acumulan frustraciones que desbordan el ámbito escolar y remiten a problemas de integración, representación y pertenencia.

Uno de ellos es la dificultad para incorporar plenamente a la vida nacional a sectores de la población de origen inmigrante, incluidos descendientes de familias africanas y de Oriente Medio. La segregación residencial, la falta de oportunidades y las tensiones culturales pueden debilitar el sentido de pertenencia incluso entre quienes nacieron en Francia y poseen la ciudadanía francesa. A su vez, esa distancia alimenta el rechazo de otros sectores de la sociedad. Se instala así una fractura entre la ciudadanía jurídica y la experiencia cotidiana de formar parte de una comunidad nacional.

Ciertas corrientes de derecha atribuyen esta situación a lo que describen como un proyecto gramsciano de debilitamiento del Estado, asociado a la llamada cultura woke. Esa explicación, sin embargo, deja fuera una transformación más profunda: la pérdida de eficacia del Estado nación como articulador de intereses y mediador de controversias.

En el siglo XXI, las instituciones compiten por la confianza pública con los credos que circulan por las redes sociales. En ellas, las denuncias sin pruebas y los relatos sin matices pueden difundirse con enorme rapidez, erosionando la legitimidad institucional sin ofrecer alternativas viables ni enseñar a construirlas. La crítica, indispensable para la democracia, pierde su capacidad renovadora cuando se convierte en una impugnación permanente de toda autoridad y de cualquier regla compartida.

Cuando se debilita la confianza en la justicia, en la participación organizada y en la fuerza de la solidaridad, gana terreno la tentación de imponer las propias opiniones por la fuerza. Los vínculos colectivos ceden ante un individualismo que encuentra en la confrontación su forma de expresión. Comienza entonces a deshilacharse el tejido del Estado nación y reaparecen lealtades cerradas que erosionan el ideal ilustrado de una ciudadanía regida por derechos y normas comunes.

Otra fuente de descontento es el desgaste del Estado de bienestar. El modelo europeo promete acompañar a las personas desde el nacimiento hasta la vejez, pero esa red de protección enfrenta dificultades para responder a las expectativas que ella misma contribuyó a crear. Forjada en buena medida como respuesta a los abusos de la industrialización y a las grandes crisis del siglo XX, hoy debe adaptarse a sociedades más diversas y a economías profundamente transformadas.

Una de sus tensiones reside en la necesidad de ofrecer servicios universales mediante estructuras que tienden a la estandarización. En la educación, esa tendencia puede dificultar la atención a capacidades e intereses distintos. Algunos estudiantes destacan en matemáticas; otros, en la reflexión, la literatura o los oficios técnicos. La escolarización universal es una conquista, pero pierde parte de su promesa cuando no ofrece caminos suficientemente diversos para desarrollar esos talentos. La frustración aumenta cuando el esfuerzo educativo tampoco encuentra una salida laboral.

A ello se suma la presión sobre el financiamiento de los servicios públicos. La globalización y la economía digital han ampliado la distancia entre los territorios donde se genera actividad económica y aquellos donde se declaran los beneficios. Aunque la movilidad del capital no comenzó con las plataformas tecnológicas, la organización internacional de las empresas facilita el traslado de ganancias hacia jurisdicciones de menor tributación.

Esta dinámica dificulta la recaudación y complica el sostenimiento de los compromisos sociales. No es la única causa del problema: también pesan el envejecimiento de la población, el encarecimiento de la atención sanitaria y las deficiencias de gestión. Pero la tensión es evidente. Los ciudadanos esperan servicios oportunos y de calidad, mientras el Estado encuentra crecientes obstáculos para financiarlos. Las listas de espera, la sobrecarga de los hospitales y la incertidumbre sobre las pensiones convierten esa brecha en una experiencia personal de desprotección.

La combinación de estas presiones reduce la capacidad de las instituciones para responder a las aspiraciones ciudadanas, conciliar intereses y resolver conflictos. Se forma así un magma de descontento que puede encontrar en un episodio concreto la ocasión para estallar. Francia ofrece una manifestación especialmente visible de esa fractura, pero sería imprudente suponer que sus vecinos europeos están al margen de tensiones semejantes.

Estados Unidos enfrenta presiones comparables, aunque su modelo de protección social sea distinto. La concentración del poder económico, el peso político de las finanzas y de las grandes empresas tecnológicas, y las secuelas de las crisis financieras han alimentado la inseguridad de amplios sectores de la clase media. Una de las expresiones políticas de ese descontento es el movimiento MAGA, articulado en torno a Donald Trump y a la promesa de recuperar un país que muchos de sus seguidores sienten haber perdido.

La crisis francesa obliga, por tanto, a mirar más allá de los incendios. Lo que está en juego es la capacidad del Estado nación para sostener una comunidad de ciudadanos y la del Estado de bienestar para hacer creíble su promesa de protección. Si ambas funciones se debilitan al mismo tiempo, el descontento deja de encontrar cauces institucionales. Recuperarlos exige reconstruir la confianza mediante instituciones capaces de integrar, ofrecer oportunidades y responder por sus resultados.