Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

Por: Beatrice E. Rangel - 06/10/2026

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Antes de que concluyera el conteo de votos en Brasil, numerosos analistas ya celebraban lo que describían como una victoria de la derecha. Una lectura semejante acompañó los triunfos de Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, Santiago Peña en Paraguay, Daniel Noboa en Ecuador, José Antonio Kast en Chile y, más recientemente, Abelardo de la Espriella en Colombia. El avance de Flávio Bolsonaro refuerza esa interpretación, aunque la presidencia brasileña todavía deberá decidirse en la segunda vuelta del 25 de octubre.

El retablo evoca un pasado no tan lejano, cuando buena parte de los gobiernos latinoamericanos estaban encabezados por figuras identificadas con la derecha. Durante la Guerra Fría, las doctrinas anticomunistas sirvieron de sustento a regímenes militares como los de Brasil (1964–1985), Chile bajo Augusto Pinochet (1973–1990), Argentina (1976–1983) y Uruguay (1973–1985), así como a la prolongada dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay (1954–1989). Su final respondió a procesos diversos: movilizaciones populares, crisis económicas, derrotas militares, negociaciones políticas e incluso golpes internos. Las transiciones posteriores abrieron paso a gobiernos democráticos de distintas orientaciones. Sin embargo, la alternancia electoral no siempre se tradujo en instituciones más sólidas.

Vale la pena preguntarse, por tanto, si estamos ante el ascenso de una derecha democrática o ante un cambio de etiqueta que permite perpetuar las estructuras de poder que aquí llamamos feudales: privilegios heredados, dependencia personal y captura del Estado por intereses particulares.

La distinción es fundamental. La derecha democrática, en su vertiente liberal y constitucional, comparte con otras corrientes democráticas una herencia de la Ilustración: límites al poder, igualdad ante la ley y respeto por las instituciones. A ello suele añadir la defensa de la iniciativa privada, la competencia y la disciplina fiscal. América Latina recibió la influencia de las ideas ilustradas, pero su incorporación a la vida institucional fue desigual e incompleta. De allí la persistencia de una contradicción: vestimentas modernas sobre estructuras de privilegio que resisten el cambio.

Esos principios no siempre orientan a los movimientos que hoy reclaman la etiqueta de derecha. La libertad económica se invoca con facilidad, pero se vuelve incómoda cuando exige desmontar protecciones, subsidios o intervenciones estatales que garantizan rentas a sectores poderosos. Hay diferencias importantes entre sus programas —Milei, por ejemplo, ha hecho de la liberalización económica una bandera—, pero la prueba decisiva consiste en determinar si las reformas amplían la competencia y las oportunidades o simplemente redistribuyen privilegios.

En el terreno institucional, la contradicción es igualmente visible. Se recurre a reformas constitucionales para facilitar la reelección o alterar las reglas electorales, mientras otras decisiones se justifican por la urgencia de la seguridad o por la necesidad de transformar la economía. La política penitenciaria de El Salvador, las medidas de excepción en Ecuador y las restricciones impulsadas por Milei en materia de ciudadanía y acceso de extranjeros a determinados servicios públicos plantean preguntas sobre el debido proceso, la proporcionalidad y las garantías individuales. La eficacia de una política no basta para conferirle legitimidad democrática.

La independencia judicial constituye otra prueba esencial. Las presiones sobre jueces y tribunales atraviesan el mapa ideológico de la región. Aunque existen diferencias sustanciales entre países y grados diversos de resistencia institucional, ninguna fuerza política debería quedar exenta de escrutinio. Una democracia no se mide por la docilidad de sus jueces, sino por su capacidad de decidir sin someterse al gobernante de turno.

Visto el panorama desde esta perspectiva, las fuerzas que se autodefinen como derechas democráticas todavía tienen mucho que demostrar: respeto por la separación de poderes, igualdad ante la ley y compromiso con una libertad económica que no se reduzca a la protección de intereses establecidos. Mientras esos principios no se conviertan en prácticas de gobierno, seguiremos viendo estructuras de poder de raíz señorial que intentan administrar democracias modernas.

El movimiento encabezado por Flávio Bolsonaro debe examinarse con ese mismo criterio. Su avance electoral expresa el deseo de cambio de una parte considerable del electorado brasileño, pero no demuestra, por sí solo, una renovación democrática. Tampoco la trayectoria de Luiz Inácio Lula da Silva lo exime de responder a los retos del siglo XXI. A mi juicio, Fernando Henrique Cardoso sigue siendo una referencia destacada por su intento de articular modernización económica y consolidación institucional. El desafío pendiente consiste en convertir esos objetivos en una práctica sostenida, más allá de los liderazgos personales.

La insuficiente libertad económica limita la inversión, la productividad y la generación de oportunidades necesarias para reducir la pobreza. La debilidad de los contrapesos institucionales restringe la participación de la sociedad civil y facilita la captura del Estado. A su vez, el deterioro de los servicios públicos profundiza la distancia entre la igualdad proclamada por la ley y la desigualdad que experimentan los ciudadanos.

Frente a ese desgaste, la población busca corregir el rumbo mediante el relevo de sus dirigentes. Así llegan al poder líderes que se presentan como representantes de la derecha o de la izquierda, sin que sus prácticas correspondan necesariamente a los principios que invocan. Satisfacen la demanda inmediata de sustituir al gobernante, pero dejan pendiente la tarea más difícil: transformar el poder y fortalecer la democracia. El espejismo de los analistas consiste en confundir ese relevo con una transformación institucional.