Un marino secuestrado

Por: Luis Gonzales Posada - 27/03/2023

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El 18 de mayo de 2018 comenzó una larga pesadilla para el capitán de navío de la Armada venezolana, Luis de la Sotta Quiroga, segundo comandante en la Bahía Turiamo, estado de Aragua, peruano de acuerdo al artículo 52 de la Constitución, porque sus padres nacieron en el país y por ello el consulado en Caracas extendió la partida de nacimiento Nro. 70695414.

Ese infausto día ocho sujetos fuertemente armados ingresaron a su oficina, sin orden judicial, sacándolo esposado, para trasladarlo a un lúgubre sótano de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, donde lo depositaron en un cuarto sin luz, ventilación ni servicios higiénicos.

Según el dramático relato de su hermana, Molly de la Sotta, el oficial de Marina llegó con las muñecas desgarradas por presión de los grilletes, agregando que “lo tiraron al piso y golpearon con palos. Cuatro hombres lo torturaron para que hablara del supuesto complot. Le colocaron una capucha y metieron gas lacrimógeno; le practicaron asfixia mecánica con bolsas plásticas”.

Más adelante agregó que “estuvo 32 días sin salir de ahí, sin ver la luz, ni hablar con nadie. Le aplicaron tortura física y psicológica, diciéndole que iban hacer algo a la familia”.

En otro momento recuerda que “dormía y comía en el piso, como un animal, porque los alimentos los lanzaban al suelo, donde también hacía sus necesidades fisiológicas”.

De la Sotta ha estado varias veces en peligro de muerte. Según familiares “sufre de diarrea crónica, que apareció luego de padecer de COVID-19. Cuando se estresa produce triglicéridos, por lo que es necesario que un cardiólogo lo revise y haga una evaluación de su tensión. Necesita también un nefrólogo porque tiene insuficiencia renal crónica grado 1” y la defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, sostuvo que el oficial “presenta paralización de los dos riñones y está muy delicado”.

Un informe de la Dirección de Ciencias Forenses de Caracas del 27 de diciembre de 2022, diagnosticó que padece de “hipertensión arterial; hipertrigliceridemia familiar; litiasis renal concurrente; hiperuricemia; insuficiencia renal crónica grado 1 y hematuria periférica”.

El mismo informe recomienda que “debe encontrarse en un sitio libre de estrés y hacinamiento para evitar la dependencia del tratamiento farmacológico dado el insomnio crónico y dependencia a sedantes e hipnóticos”, así como un tratamiento médico “estricto para evitar complicaciones como infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares y agravamiento de la insuficiencia renal crónica”.

A pesar de contar con protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Res.75/2018.Medida cautelar 862-18) y que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU ha solicitado su libertad (A/HRC/WGAD/2021/49), De la Sotta sufre casi cinco años de infamante cautiverio sin ser procesado judicialmente, contrario a lo dispuesto por el propio Código Penal Venezolano que dice que una detención preventiva no puede exceder los dos años.

Esta grave situación también ha sido advertida por el Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo, y desde enero de este año la Primera Fiscalía Penal Supranacional especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre las torturas a nuestro compatriota.

En este contexto, los familiares del oficial de Marina han solicitado a nuestro embajador en Venezuela y al cónsul en Caracas visitarlo y gestionar su traslado al hospital, gestión infructuosa porque las autoridades no responden a nuestra petición aduciendo que De la Sotta no es peruano.

¿Debemos esperar que el oficial de la Armada muera en un tétrico calabozo de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, organismo señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad (A/HRC/51/ Misión Independiente ONU)?

La familia de De la Sotta ha hecho llegar una conmovedora carta a la ministra Ana Cecilia Gervasi, solicitando que nuestra Cancillería intervenga al más alto nivel político y diplomático para evitar que se produzca una tragedia, demanda que compartimos.