¿Qué sentido tiene el Estado cuando el crimen organizado se apropia de la justicia?

Por: Fernando Untoja - 05/10/2026

Columnista invitado.
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El caso Mariaca y el desafío de reconstruir la autoridad estatal en Bolivia.

El problema más grave del narcotráfico no se limita a la producción y circulación de drogas. Su verdadera amenaza aparece cuando las organizaciones criminales logran penetrar las instituciones encargadas de combatirlas. Si quienes deben investigar y perseguir el delito terminan protegiendo intereses criminales, la sociedad enfrenta una crisis que va más allá de la corrupción individual: está en cuestión la capacidad efectiva del Estado para hacer cumplir la ley.

La detención del fiscal general Roger Mariaca y de otros funcionarios, bajo acusaciones de presuntos vínculos con una estructura favorable al narcotraficante Sebastián Marset, ha colocado este problema en el centro del debate nacional. Las acusaciones deben ser investigadas y probadas; una detención preventiva no equivale a una condena. Sin embargo, la gravedad institucional del caso obliga a formular una pregunta: ¿qué sucede cuando el órgano encargado de perseguir el delito es sospechoso de haber servido para protegerlo?

El problema no es solamente quiénes son los responsables, sino cómo pudo funcionar esa estructura. Si se confirma la existencia de una red de protección desde el Ministerio Público, será necesario conocer sus mecanismos, sus beneficiarios y el tiempo durante el cual operó. Cambiar funcionarios o detener a algunas personas no bastará si permanecen intactas las relaciones que hicieron posible esa penetración institucional.

También corresponde examinar la actuación del gobierno de Rodrigo Paz. Durante meses, la ciudadanía se preguntó por qué no se producían cambios más profundos en las instituciones de justicia. Cabe plantear la hipótesis de que el Gobierno esperó reunir información suficiente antes de actuar, evitando alertar anticipadamente a los posibles implicados. Pero esta explicación todavía debe demostrarse. Para evaluarla, es indispensable conocer qué información tenía el Ejecutivo, desde cuándo la poseía y qué circunstancias desencadenaron la operación.

No deben descartarse otras explicaciones: debilidad institucional, falta de pruebas suficientes, obstáculos políticos o demoras en la investigación. La diferencia entre una decisión estratégica y una reacción tardía no puede establecerse mediante conjeturas, sino a partir de hechos verificables.

El caso plantea, además, una cuestión fundamental sobre el Estado boliviano. Un Estado puede conservar sus leyes, sus autoridades y sus edificios, pero perder capacidad efectiva para aplicar la ley cuando sus instituciones son utilizadas por redes de intereses particulares o criminales. No significa que todo el Estado haya sido capturado; significa que es necesario investigar hasta dónde llega la penetración y qué mecanismos permitieron su funcionamiento.

La respuesta, por tanto, no puede reducirse a una operación policial. Se requiere investigar las redes completas, proteger las pruebas, garantizar la independencia de fiscales y jueces y establecer controles que impidan reproducir estas prácticas. La cooperación internacional puede contribuir, pero la reconstrucción de la autoridad estatal debe sostenerse en instituciones bolivianas capaces de actuar con autonomía y responsabilidad.

La verdadera prueba del gobierno de Rodrigo Paz no será únicamente haber detenido a funcionarios de alto rango. Será demostrar que la investigación alcanza a todos los responsables, sin excepciones ni persecuciones políticas, y que las instituciones pueden corregirse de manera duradera.

La pregunta inicial adquiere así todo su sentido: ¿qué valor tiene el Estado si quienes deben garantizar la justicia pueden convertirse en instrumentos del crimen organizado? Recuperar la autoridad estatal significa restablecer una condición elemental de la República: que nadie esté por encima de la ley y que nadie sea condenado sin pruebas ni debido proceso.