
Por: Beatrice E. Rangel - 10/06/2026
El Perú confronta hoy el mismo dilema de hace cinco años: la incapacidad de la autoridad electoral para organizar el proceso electoral con efectividad y eficiencia en las zonas más remotas de la geografía nacional. Como consecuencia, muchas mesas de votación carecen del material adecuado o de las autoridades completas el día de la elección, lo que dificulta determinar con certeza si el proceso se llevó a cabo conforme a los procedimientos establecidos por la ley.
Cuando la diferencia entre los candidatos es amplia, estas fallas del sistema pueden parecer irrelevantes. Sin embargo, en una contienda electoral marcada por una fuerte polarización política y por márgenes extremadamente estrechos, tales deficiencias pueden poner en riesgo la legitimidad misma del sistema democrático. Ninguna de las partes aceptará resultados distintos a los que confirmen su propia victoria. Así comienza a erosionarse cualquier democracia cuyo pilar fundamental sea la soberanía popular expresada mediante la elección de sus líderes.
La aguda polarización que afecta a la democracia peruana tiene varias raíces. Una de ellas es la incapacidad de la economía para absorber la fuerza laboral que el país genera cada año. Como resultado, cerca del 72 % de la población económicamente activa desarrolla sus actividades dentro del sector informal. No obstante, este sector representa aproximadamente el 43 % de la actividad económica y ha desempeñado un papel crucial en la expansión de las exportaciones agrícolas.
La segunda causa es, sin duda, la crisis educativa. La educación en el Perú está marcada por graves problemas estructurales, profundas disparidades entre las zonas urbanas y rurales, y alarmantes brechas de aprendizaje. A ello se suman la baja calidad de los servicios públicos y las significativas deficiencias en infraestructura.
Todo ello permite concluir que la democracia peruana arrastra demasiados pasivos como para trascender fácilmente la polarización que enfrenta a los representantes del sector informal con los de la economía formal, organizada y dinámica. Ambos grupos representan aproximadamente la mitad del país y parecen concebir la competencia política como un juego de suma cero.
De allí que la tarea más urgente para cualquiera de los actores en contienda sea transformar ese juego de suma cero en uno de suma variable, en el que ambas partes perciban beneficios derivados de la interacción cívica. En lugar de confrontarse permanentemente, deberían encontrar incentivos para cooperar.
Sin embargo, para lograrlo es indispensable comenzar por estabilizar la política. El ingrediente fundamental del cambio son las inversiones sostenidas en infraestructura, salud y educación. En un país donde los mandatarios apenas logran permanecer alrededor de veinticuatro meses en el poder, resulta prácticamente imposible desarrollar la infraestructura necesaria para impulsar el crecimiento. Aeropuertos, carreteras, puentes y represas requieren años de planificación, construcción y financiamiento.
Además, durante todo ese proceso es necesario movilizar cuantiosos recursos de inversión. Si esta situación no cambia pronto, el Perú podría perder la condición de economía estable que ha disfrutado durante las últimas dos décadas. En otras palabras, habrá llegado el fin de la fiesta: el fin del desacoplamiento entre una economía relativamente sólida y una política crecientemente disfuncional.
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