Colombia: entre Escila y Caribdis

Por: Beatrice E. Rangel - 02/06/2026

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Los extremos parecen haberse impuesto en la primera etapa de la contienda electoral colombiana. El centro político ha quedado relegado y, con él, la posibilidad de una alternativa moderada capaz de construir consensos que es la clave del ejercicio democrático. Todo indica que el país podría terminar gobernado por una de dos corrientes profundamente polarizadas, cuyos proyectos privilegian la concentración del poder antes que la ampliación de los espacios de libertad ciudadana.

La verdadera interrogante no es cuál de los dos candidatos prevalecerá, sino si alguno de ellos comprende el desafío fundamental que enfrenta Colombia: preservar y fortalecer las instituciones que han permitido al país resistir, durante décadas, las embestidas del autoritarismo, la violencia política y la fragmentación social.

A diferencia de otras naciones latinoamericanas que sucumbieron a proyectos hegemónicos, Colombia ha demostrado una notable capacidad de resiliencia institucional. Su sistema judicial, su prensa relativamente libre, sus organismos electorales y una sociedad civil activa han servido como contrapesos frente a intentos de concentración excesiva del poder. Por ello, la prioridad del próximo gobierno debería ser reforzar esas instituciones, no debilitarlas.

Sin embargo, las propuestas que dominan el debate parecen orientarse en dirección contraria.

Por una parte, Iván Cepeda plantea una expansión del papel del Estado mediante nuevos programas sociales y la ampliación de los ya existentes. Asimismo, propone profundizar la estrategia de negociación con grupos armados dentro de la política conocida como “Paz Total”, impulsada por el presidente Gustavo Petro. El objetivo declarado es integrar a estos actores a la vida política y social del país. No obstante, los resultados obtenidos hasta ahora han generado serias dudas sobre la eficacia de dicha estrategia para reducir la violencia y restablecer la autoridad del Estado en amplias zonas del territorio nacional.

Cepeda también ha defendido reformas orientadas a corregir la histórica concentración de la propiedad rural. Aunque el problema de la desigualdad en la distribución de la tierra es real y constituye una de las raíces profundas del conflicto colombiano, cualquier reforma deberá equilibrar cuidadosamente los objetivos de justicia social con la necesidad de preservar la productividad agrícola y la seguridad jurídica de las inversiones.

Por otra parte, Abelardo de la Espriella propone una respuesta centrada en el fortalecimiento de la seguridad, la construcción de nuevas cárceles de alta seguridad, la reducción del tamaño del Estado y una mayor liberalización económica. Su enfoque parte de la premisa de que la autoridad estatal debe restablecerse mediante una demostración inequívoca de fuerza.

Sin embargo, ninguno de los dos proyectos parece abordar de manera suficiente el problema estructural que amenaza a la democracia colombiana: el progresivo desgaste de las instituciones políticas y administrativas encargadas de canalizar los conflictos sociales dentro de un marco democrático.

La estrategia de confrontar la violencia exclusivamente mediante una mayor coerción corre el riesgo de reproducir dinámicas que han alimentado el conflicto durante décadas. Los grupos armados ilegales que operan en Colombia han desarrollado fuentes autónomas de financiamiento basadas en economías ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de armas, la minería ilegal y el contrabando. Su capacidad de adaptación hace improbable que una solución puramente militar logre resultados duraderos.

Al mismo tiempo, la política de concesiones y negociaciones permanentes sin un fortalecimiento paralelo de la presencia institucional del Estado tampoco parece ofrecer una salida sostenible.

El conflicto armado colombiano ha dejado más de ocho millones de desplazados internos y ha alterado profundamente la estructura económica y social de extensas regiones rurales. Millones de hectáreas quedaron abandonadas, mientras organizaciones criminales ocuparon los vacíos de poder dejados por el Estado. A ello se suma un sistema de registro y titulación de tierras fragmentado, burocrático e incompleto, incapaz en muchos casos de garantizar derechos de propiedad claros y efectivos.

Sin una reforma profunda de estas instituciones, cualquier estrategia de seguridad o de reconciliación corre el riesgo de fracasar. La violencia no disminuirá mientras persistan territorios donde la autoridad legítima del Estado sea débil o inexistente.

Algo similar ocurre en el ámbito económico. La apertura comercial y la integración a los mercados globales son objetivos deseables, pero sus beneficios no pueden materializarse plenamente sin inversiones sostenidas en infraestructura, educación, innovación y fortalecimiento de la competitividad empresarial. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha abierto oportunidades importantes, pero aún persisten limitaciones estructurales que impiden a numerosos sectores productivos aprovecharlas plenamente.

En definitiva, el gran desafío colombiano no consiste simplemente en escoger entre izquierda y derecha. La cuestión fundamental es determinar qué proyecto está mejor preparado para fortalecer las instituciones democráticas que garantizan la libertad, el Estado de derecho y el desarrollo económico.

Cuando las instituciones se debilitan, los extremos prosperan. Y cuando los extremos dominan la política, las instituciones suelen ser las primeras víctimas.

Por ello, el dilema que enfrenta Colombia trasciende a los candidatos y a sus programas. Se trata, en última instancia, de decidir si el país continuará fortaleciendo las bases institucionales que le han permitido resistir tantas crisis o si, por el contrario, se dejará arrastrar hacia uno de los dos peligros que evocaba la mitología griega: Escila o Caribdis.