Asesinos sandinistas en Costa Rica

Por: Luis Gonzales Posada - 11/07/2025

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La Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua ha denunciado el homicidio (de ocho balazos) del mayor retirado del Ejército, Roberto Samcam, opositor al gobierno de Daniel Ortega, que sobrevivió refugiado durante siete años en Costa Rica con la esperanza de evitar que la policía sandinista lo secuestre, encarcele o asesine.

Samcam es autor del libro “Ortega, el calvario de Nicaragua", donde revela la participación de altos jefes militares en la matanza de 300 personas durante las protestas del 2018 contra la reforma a la ley de seguridad social y, más ampliamente, contra la represión del régimen.

En ese contexto, recordemos que el 2022 fueron ultimados 61 nicaragüenses residentes en Costa Rica y hasta el 2024 unas 135 personas resultaron ejecutadas por sicarios o escuadrones de la muerte enviados por el gobierno de Ortega, según informa el Organismo de Investigación Judicial de San José (OIJ).

Por ello, en su último reporte, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas advierte sobre esta modalidad de “represión extraterritorial”.

De otro lado, la ONG humanitaria "Colectivo Nicaragua Nunca Más", señala que el éxodo de nicaragüenses asciende a 800 mil personas, cifra que representan 11.8% de la población de ese pequeño país de 6.8 millones de habitantes.

Asimismo, los últimos datos proporcionados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) eleva a 440,280 solicitantes de esas peticiones para trasladarse a terceros países, principalmente hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Sin duda, esas cifras proyectan una situación catastrófica, que empeora porque ahora los disidentes son reprimidos en el exterior debido a que Ortega financia escuadrones de la muerte para ubicarlos y atentar contra sus vidas, a tal extremo que el ex jefe del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica, Edmundo Trejos, admitió que desde hace 7 años detectaron numerosos “operadores políticos” sandinistas en su país .

Esos hechos no son una sorpresa, considerando la entraña totalitaria de un gobierno que no vacila en secuestrar, retirar la nacionalidad y deportar sacerdotes, confiscar monasterios, clausurar medios de comunicación o matar opositores.

Es impresionante, empero, que esos actos de barbarie no hayan merecido la menor atención de la OEA, como también sucede con el corrupto y represivo gobierno venezolano, responsable de múltiples crímenes y del éxodo de 8 millones 300 mil seres humanos, un millón 700 mil de ellos al Perú.

Mas aún, para protegerse,Ortega y Putin acaban de suscribir un pacto de "protección recíproca contra la justicia internacional".

Frente a estas evidencias, Christopher Landau, Vicesecretario de Estado norteamericano, sostuvo en la reciente Asamblea General de la OEA que Washington considera abandonar el organismo hemisférico por "su incapacidad para abordar temas sustantivos como las crisis en Venezuela y Haití".

¿Cómo explicar la inoperancia de una institución que cuenta con un presupuesto de 100 millones de dólares al año y mantiene oficinas de representación en 33 Estados que, a su vez, gastan una suma similar o mayor para sostener oficinas y diplomáticos.

¿ No sería más ético extender un certificado de defunción al inoperante sistema interamericano en lugar de despilfarrar recursos en pretender oxigenar un cadáver insepulto, recursos que alimentan a una burocracia indolente?