
Por: Beatrice E. Rangel - 18/11/2026
Paraguay ha sido una de las sorpresas más alentadoras de América Latina. Desde que el general Andrés Rodríguez derrocó a Alfredo Stroessner en febrero de 1989, el país ha superado graves crisis políticas mientras construía una sociedad más próspera. La intervención en el Banco Ueno plantea ahora una prueba diferente. Si el impacto financiero erosiona los avances de la creciente clase media paraguaya, también podría debilitar la confianza en las instituciones que han sostenido su democracia.
En 1996, el presidente Juan Carlos Wasmosy, el primer presidente civil elegido democráticamente en Paraguay tras la caída de Stroessner, se enfrentó al general Lino Oviedo, quien se negó a aceptar su destitución. La oposición pública a la rebelión y la presión diplomática fortalecieron a Wasmosy y contribuyeron a preservar el gobierno civil.
Otra prueba se presentó en 2012. En Curuguaty, la policía enviada para desalojar a campesinos sin tierra de una propiedad en disputa se enfrentó a los ocupantes, dejando 17 muertos. El Congreso citó el episodio en el juicio político contra el presidente Fernando Lugo, quien fue sucedido por el vicepresidente Federico Franco. Varios gobiernos sudamericanos condenaron el proceso como un golpe parlamentario. La sucesión constitucional se mantuvo, aunque la rapidez del juicio político generó dudas sobre el debido proceso.
El progreso económico ha dado a los paraguayos un interés en esa estabilidad política. El país ha tenido un mejor desempeño que muchos de sus pares regionales, incluyendo a su vecino del Mercosur, Argentina, según algunos indicadores. Estimaciones del Banco Mundial sitúan a la clase media paraguaya en aproximadamente una cuarta parte de la población en 2003 y en más del 40 por ciento para 2022. Estos avances contribuyeron a que Paraguay ganara respeto internacional y lo convirtieron en un destino más atractivo para la inversión.
El presidente Pedro Alliana, quien asumió el cargo el 6 de noviembre luego de que el Senado votara 44-0 a favor de la destitución de Santiago Peña por el escándalo, ha declarado que los depositantes recuperarán su dinero. El Congreso y los reguladores actuaron con rapidez para agilizar los pagos del fondo de garantía de depósitos, y en una semana Alliana informó que casi el 95 por ciento de los ahorradores elegibles habían recibido sus pagos. Lo que importa ahora es si las autoridades pueden cumplir su promesa a los ahorradores cuyos depósitos superan la garantía, y con qué rapidez podrán recuperar el acceso a sus ahorros. Las demoras agravarían la frustración con el Partido Colorado, cuyo largo dominio de la presidencia se vio interrumpido por los gobiernos de Lugo y Franco.
Los paraguayos ya han vivido esto antes. Entre 1995 y 2003, sucesivas crisis bancarias arrasaron con 23 bancos y 49 entidades financieras, junto con los ahorros de miles de familias. El fondo de garantía de depósitos que ahora reembolsa a los clientes de Ueno se creó en 2003 en respuesta a esa experiencia, y su rápida utilización este mes demuestra que Paraguay puede aprender de los errores del pasado. Sin embargo, según el periódico ABC Color, cubrir a los ahorradores de Ueno consumirá aproximadamente la mitad de los recursos del fondo. Hasta que el fondo se reconstruya, el país tendrá menos margen de maniobra ante una posible quiebra.
Mucho depende también de cómo los paraguayos comprendan la intervención. Si lo perciben como el resultado de una lucha entre facciones de la élite gobernante, la desconfianza podría extenderse más allá del Partido Colorado a otros partidos establecidos. Grandes empresas también contaban con fondos en el banco, incluyendo la compañía eléctrica nacional, ANDE, e Itaipú Binacional, que opera la gigantesca represa hidroeléctrica que Paraguay comparte con Brasil. Si esas pérdidas obligan a recortes, o si los pagos de pensiones a través del Instituto de la Seguridad Social se resienten, los costos políticos aumentarán.
La democracia paraguaya ha sobrevivido a una rebelión militar y al controvertido juicio político contra Lugo. Esta vez, su credibilidad podría depender de si el Estado logra proteger los ahorros y el sustento que las familias han construido a lo largo de una generación. Si esos logros comienzan a desmoronarse, los votantes que han perdido la fe en los partidos tradicionales podrían inclinarse por líderes dispuestos a socavar las mismas instituciones que ayudaron a Paraguay a prosperar.
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