Galo Lara Yepez, victima emblemática del odio y la persecución de la década pasada en Ecuador
Por: Marcel Feraud - 2018/06/07
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Un personaje que representa a cabalidad la arremetida del odio y la persecución de la década pasada en Ecuador, al mando de Rafael Correa, es el ex asambleísta Galo Lara Yépez, actualmente recluido en un centro de detención en Guayaquil, Ecuador.
Galo Lara Yépez es un político ecuatoriano que ejerció como Asambleísta constituyente en el 2007 y posteriormente como Asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización hasta el 2012.
En el ejercicio de esa función Lara presento más de 30 denuncias fundamentadas, en contra del presidente Rafael Correa, por actos de corrupción, hoy comprobados.
Las denuncias de Galo Lara desde su curul parlamentaria en contra de Rafael Correa fueron implacables, permanentes y además con gran apoyo popular.
Correa, que ejercía el poder de manera autoritaria y se ufanaba de ser el jefe de todos los poderes del estado y de haber “metido las manos en la justicia”, recurrió a varias estrategias para silenciar a Lara. En primer lugar, lo convirtió en sujeto de sus sabatinas y cadenas nacionales de radio y televisión, en donde en más de 200 ocasiones presento a Lara como un delincuente, asesinando su reputación. Posteriormente, intento sin éxito en tres ocasiones despojarlo de su inmunidad parlamentaria. Como solución final y tomando una estrategia del libreto castrista, Correa involucro a Lara en un execrable triple crimen, como se explica más adelante. Ante la evidente persecución, la República de Panamá le otorgo a Lara asilo político y Correa uso todo su poder e influencia para que Panamá revocara tal asilo político, como en efecto sucedió, en un hecho sin precedentes en la historia diplomática de Panamá.
El Interamerican Institute for Democracy decidió realizar una visita humanitaria a Galo Lara y constatar directamente el estado del detenido, su situación carcelaria y los elementos principales de su caso.
En la visita que realizamos al detenido el 7 de mayo, juntamente con el Embajador Armando Valladares, pudimos constatar que Galo Lara presenta claras evidencias de maltrato físico y psicológico. En sus talones se observan cicatrices producto de grilletes y sus pies registran deformaciones por su condición diabética y la falta de calzado. Ha perdido casi totalmente la visión en su ojo derecho y la audición en su oído izquierdo.
El detenido padece de una permanente vibración y sonido perturbador en sus oídos, además de insomnio.
La separación familiar agravada por la prohibición de visitas y el aislamiento le han producido un estado de profunda ansiedad y depresión.
Galo Lara es diabético, con problemas cardiacos y de elevada presión sanguínea. Tiene además un cuadro dialítico. Aduce que por el descuido médico y falta de atención se encuentra ahora en un estado de insulina dependencia.
El trato cruel e inhumano se agrava al comprobarse que los informes de visitas y atención medica que producía el Ministerio de Justicia y publicaba como información oficial eran falsos porque estas no tenían lugar.
La correlación entre las denuncias de corrupción y la documentada fiscalización del ex Asambleísta Galo Lara al gobierno del ex presidente Rafael Correa, con la obsesiva y ensañada persecución ejercida sobre el denunciante con el afán de silenciarlo, es evidente y abundante.
La veracidad de las denuncias de corrupción presentadas por Galo Lara en el seno de la Asamblea Nacional y ante las autoridades competentes se encuentra documentada en varias publicaciones y opiniones autorizadas, especialmente en el libro del Dr. Juan Vizueta, abogado defensor de Galo Lara, titulado “El Precio de Fiscalizar al Correísmo. Galo Lara Crónica de una Persecución”.
En tres oportunidades el ex presidente intento despojar al Asambleísta de su inmunidad parlamentaria, sin resultado positivo.
El horrendo y condenable múltiple crimen en el que se involucra al detenido no resiste el más elemental análisis jurídico. Lo anterior quedo demostrado en el juicio incoado en su contra en el que el Tribunal lo absolvió de toda responsabilidad. Más aun, la Fiscalía General se abstuvo de apelar, en clara indicación de que no existían las pruebas necesarias para implicar y menos condenar a Galo Lara. Es por apelación de familiares de las victimas que el juicio sube en instancia y entonces se produce la sentencia del Tribunal de alzada, condenando a Galo Lara como cómplice, con la pena de reclusión de 10 años.
Articulistas y analistas jurídicos y políticos han coincidido en calificar la prisión de Galo Lara como una aberrante persecución política con ánimos de silenciar al denunciante.
La intervención del aparato del estado es ya evidente y sin tapujos cuando intenta y logra con éxito que el gobierno de Panamá revoque el asilo político que había sido concedido a Galo Lara en claro reconocimiento de su condición de perseguido político.
El gobierno ecuatoriano destaca a Panamá delegaciones de alto nivel integradas por el Ministro del Interior, el Fiscal General, el Vice Canciller para gestionar con su contraparte del gobierno de Panamá, el canje de Galo Lara, previa revocatoria de su asilo político, con el buque Doria de bandera panameña capturado con drogas por las autoridades ecuatorianas.
El ex presidenteOsvaldo Hurtadoenvió una carta personal al Presidente de Panamá en la que expresó: “Cuando el diputado Galo Lara, en ejercicio de la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional denuncio actos de corrupción, el Gobierno intento privarle de su fuero para enjuiciarle por injurias. Al fracasar fue acusado de ser cómplice de un triple asesinato atroz, al parecer resultado de un ajuste de cuentas entre delincuentes comunes.”
Como resultado de la visita humanitaria y la vocería del Interamerican Institute for Democracy, se ha producido en Ecuador, en amplios sectores ciudadanos y de opinión, una cascada de pedidos al Presidente Lenin Moreno, para que en uso de su facultad constitucional, conceda el indulto a Galo Lara.
Esta intervención humanitaria ha sido también instrumental para que el gobierno actual eche una mirada a los DDHH conculcados en la década pasada e inicie una tarea de reparación a las víctimas. Ciertamente le deseamos éxito al gobierno en esa misión y que esta además sea oportuna e inequívoca porque en democracia deben respetarse los DDHH y en democracia no pueden existir presos políticos.