A la caza del asesino

Por: Luis Gonzales Posada - 28/02/2025

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El 11 juzgado de Garantía de Santiago de Chile formalizó denuncia penal contra 19 delincuentes de la banda “Los Piratas”, una célula del “Tren de Aragua”, imputándoles el asesinato del teniente del Ejército venezolano Ronald Ojeda Moreno, y también anuncian que acudirán a la Corte Penal Internacional (CPI) porque varios maleantes arrestados confesaron que fueron contratados por el régimen chavista, a través del ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Ojeda estuvo encarcelado desde el 19 de abril de 2017, con 33 compañeros de armas, integrantes del Movimiento por la Libertad y la Democracia, acusados de terrorismo y de pretender matar al dictador Nicolás Maduro.

Los uniformados fueron internados en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, pero Ojeda logró escapar audazmente, lanzándose al pavimento desde el vehículo que lo trasladaba al juzgado castrense.

Estuvo escondido varios meses, y se desplazó a Chile, que le concedió asilo político.

En noviembre del 2022, la televisión filmó a Ojeda de rodillas, con los brazos extendidos y una bolsa negra en la cabeza en el frontis del Palacio de La Moneda, sede del Gobierno, demandando elecciones y libertad para los presos políticos.

Ojeda, pues, se había convertido en un peligroso símbolo de la resistencia y, por tanto, en objetivo del régimen chavista. Su vida corría peligro y, a pesar de cambiar constantemente de domicilio, se sentía vigilado, hasta que desapareció el 21 de febrero del 2024.

La prensa del vecino país presentó un video de la cámara de vigilancia del ascensor del edificio donde vivía, “sacado en ropa interior de su casa a las 3 y 10 de la mañana, por varios encapuchados vestidos de negro, con cascos, pasamontañas y chalecos antibalas, fuertemente armados”.

Diez días después del plagio, su cuerpo fue encontrado en una maleta enterrada a metro y medio de profundidad y sellada con cemento, con evidentes huellas de torturas.

Ojeda dejó un valioso testimonio de las atrocidades que padeció, en un diario que daba cuenta de su cautiverio. Son 185 páginas autobiográficas donde narra los actos de barbarie a que fue sometido y revela la corrupción del Ejército, incluyendo el robo de municiones para venderlas a guerrilleros colombianos de las FARC y el ELN.

En ese documento, recuerda:

- "Las descargas eléctricas se convirtieron en una práctica rutinaria al momento de hacerte hablar. La asfixia mecánica y golpes con barras mecánicas envueltas en esponja es para demostrarte que la ley ahí no existe [...] Los cuartos oscuros y celdas aisladas tienen como fin dominar tu mente, llevarte al conflicto interno para asumir la auto culpa".

El diario “La Tercera” de Santiago, que reproduce parte de ese documento, señala que el relato “detalla cómo era colgado en una pared durante horas, o que le sumergían la cabeza en un balde de agua para que hablara y dijera algún testimonio que ellos querían que repitiera. Así fue durante 13 días.”

Matar opositores exiliados es una práctica común de las autocracias

En 1974, el ex comandante general del Ejército de Chile, general Carlos Prats y su esposa fueron asesinados en Buenos Aires, Argentina, mediante la explosión de un coche bomba, y en 1976 el ex canciller de Salvador Allende, embajador Orlando Letelier, fue ultimado en Washington mediante una bomba activada a control remoto, en ambos durante la dictadura de Pinochet.

El largo brazo de la represión también atraviesa continentes, como demostró el sátrapa ruso, Joseph Stalin, contratando al sicario español Ramón Mercader para matar a León Trotsky, ex presidente del Soviet Militar Revolucionario, asilado en México.

A pesar de la vigilancia policial de su casa, Mercader cumplió la misión clavando a Trotsky un afilado piolet en el cráneo.

El criminal, sin embargo, fue condecorado por Stalin con la “Orden de Lenin”, el máximo galardón de la URSS y nombrado “Héroe de la Unión Soviética”. Fue condenado a 20 años de prisión y al cumplir 17 años de carceleríaretornó a Moscú, donde vivió cómodamente hasta su muerte.

Hoy, Chile tiene la oportunidad histórica de llevar a Maduro al tribunal de la CPI. Una cacería legal del hasta hoy impune asesino chavista, que, de concretarse, representaría un galardón para la democracia, la libertad y los derechos humanos.