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IID/94-17

Miami Julio 7, 2017

DECLARACIÓN SOBRE VENEZUELA

La toma violenta del asedio de la Asamblea Nacional de Venezuela por grupos armados y violentos respaldados por el gobierno es otro ejemplo de los extremos a los que la administración de Maduro está dispuesta a erradicar el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano.

Es cierto que la Asamblea Nacional estaba iniciando la conmemoración del 206 aniversario de la declaración de independencia cuando se produjo el ataque. El enfoque violento adoptado por los atacantes contrastaba con la complicidad de la Guardia Nacional encargada del deber de proteger los locales y garantizar la integridad física de los miembros de la asamblea.

Mientras tanto, la Fiscal General del país fue intimidada al enviarle a la fuerza a la Vicefiscal altamente protegida, elegida a mano y juramentada por el Tribunal Supremo de Justicia para irrumpir en la Fiscalía. Esto en flagrante violación de la Constitución de 1999 adoptada por el pueblo de Venezuela y promovida por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías.

El incidente, desafortunadamente, es sólo un eslabón más en la cadena de terror e intimidación creada por el gobierno de Maduro. El presidente Maduro, sus partidarios y partidarios se aferran al poder por medios violentos e ilegales, dada la pérdida de legitimidad del gobierno derivada de la mala gestión económica y el despliegue del terrorismo social y del totalitarismo político.

Si la comunidad internacional permanece inmóvil ante estos avances del despotismo en el hemisferio occidental, la paz y la estabilidad de la región se verán seriamente comprometidas. Sin duda la inacción será interpretada tanto por el crimen organizado como por los enemigos de la libertad y la democracia como una invitación a intensificar sus esfuerzos para expandir su alcance en América Latina y el Caribe. Debido a que públicamente desvelado por, entre otros medios, el Wall Street Journal; El Washington Post; El New York Times y los reputados think tanks estadounidenses como el CSIS y la AEI, Venezuela es hoy un país ocupado y el centro del narcotráfico y el lavado de dinero para la región. Dejar sin control las entidades ilegales que promueven estas actividades y que operan en sincronía con el terrorismo internacional, mejorarán sus operaciones expandiéndose a través de la región para crear más pronto que tarde un peligro claro y presente para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El incidente debería desencadenar una acción colectiva por parte del Consejo de Seguridad de la ONU en cumplimiento del mandato que la Carta de las Naciones Unidas le confirió. De hecho, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la paz y la seguridad internacionales. Otras obligaciones del Consejo de Seguridad son:

  • Investigar cualquier disputa o situación que pueda conducir a la fricción internacional;
  • Recomendar métodos para ajustar tales disputas o los términos de la liquidación;
  • Determinar la existencia de una amenaza a la paz o acto de agresión y recomendar qué medidas deben tomarse;
  • Exhortar a los Miembros a aplicar sanciones económicas y otras medidas que no impliquen el uso de la fuerza para prevenir o detener la agresión;

Si el Consejo de Seguridad se abstuviera de cumplir su mandato, Venezuela podría fácilmente tomar una vuelta para que lo peor caiga en su espiral colapsante para parecerse a la situación de Somalia. Entonces se convertiría forzosamente en una plataforma logística para que las actividades ilícitas brotaran de su territorio y permearan el hemisferio.