Yo acuso y condeno el proyecto criminal de los que en Argentina quieren justificar lo injustificable. 

Por Mario Sandoval[1]

 

“Por mentira entiendo yo no querer ver una cosa que se ve, no querer verla en el modo que se la ve…. ”[2]

 

Recuerdo a aquellos hombres y mujeres que hoy ocupan puestos oficiales, responsabilidades públicas, actores de la vida social, personalidades mediatizadas, arrogantes maestros de moral, defensores de los derechos humanos, que en los años 70’ dieron, voluntariamente, en numerosas ocasiones el beso de Judas con el que acompañaron a una parte de la maravillosa juventud hasta las puertas de la muerte. Dejaron que muchos jóvenes se sacrifiquen en su lugar, los incitaron a dar la vida en nombre de una organización terrorista, de una ideología de odio y violencia, sabiendo el riesgo de las misiones suicidarías asignadas. Ellos, los responsables políticos-militares que argumentando “acciones políticas” ensangrentaron la Argentina, son los primeros responsables de la situación actual pero prefieren presentarse como Pilatus  y designar a  otros como responsables. Tienen el doble diploma de traidores y cobardes. 

La justicia, los políticos, los oportunistas y las familias de esa juventud víctima de la locura revolucionaria, no los juzgan, los reconocen como “figuras” y hasta rentabilizan financieramente esos hechos. Esos “héroes” creados ex-nihilo, con la complicidad del gobierno y sus asociados, son referencias nefastas para la historia del país, de modelo social, educacional y de comportamiento ciudadano para la sociedad futura. Es un deshonor nacional presentarlos como tal.

Esos “militantes pacifistas” y “jóvenes idealistas” de la época,  se presentan como víctimas y no como ex miembros activos de organizaciones terroristas, autores de crímenes y delitos. Nunca pidieron perdón públicamente a sus víctimas y a la sociedad argentina por los hechos cometidos. Sus familias tampoco lo hacen en su nombre. Quieren justificar sus actos en nombre de principios ideológicos que solamente los adeptos a la violación de los derechos humanos pueden aceptarlo. No permitamos que ello continúe.

El arma de la justicia penal: 

La imprescriptibilidad, la retroactividad penal, el razonamiento por analogía, la inculpación colectiva,  las detenciones preventivas ilimitadas…, constituyen las armas privilegiadas de los dictadores. Son utilizadas en nombre de la protección del régimen, del orden social, de una política pública... La justicia penal se presenta así como un instrumento político al servicio del gobierno y se transforma en útil de represión. 

El sistema Kirchner como todo régimen totalitario esgrime los mismos instrumentos en nombre de la defensa de los derechos humanos, y se esfuerza en mantener el primer puesto entre los gobiernos dictatoriales violando el principio de legalidad, de no retroactividad, de la prescripción, del debido proceso... a miles de argentinos.

Bajo la apariencia de una legalidad engañosa, los magistrados del poder judicial argentino legalizan los instrumentos de violación a los derechos humanos que el gobierno manipula de manera sistemática, organizada y permanente contra sus enemigos (hombres y mujeres) representantes de los 70’. Estas víctimas, ciudadanos de todos los sectores socio-profesionales, están sin defensa, ni protección, frente al poder del Estado.  La sociedad es espectadora de esas violaciones y observa pasivamente. ¿Miedo, presión, hipocresía, desinterés?

Constatamos que desde 2003 prevalece en Argentina una dictadura disimulada en democracia que con el apoyo constante de sectores a la búsqueda de rentabilidad política, y por la inacción, la complicidad, de los parlamentarios y de la clase política, se concedió de facto al gobierno y sus asociados: facultades extraordinarias (ilimitadas, multisectoriales), se le otorgó supremacías  y hasta sumisiones por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos quedaron a merced de algunos individuos sin escrúpulos protegidos por el poder central.  

Si bien esos actos son inconstitucionales, de nulidad insanable y sus autores reconocidos como infames traidores a la patria (articulo 29 constitución nacional), sus beneficiaron ejercen impunemente de hecho una suma de poder público ilegal e ilegitimo. El control del gobierno aumenta día a día y las libertades de los ciudadanos disminuyen considerablemente. Todo es excusa para aplicar medidas de vigilancia social en nombre de un gobierno popular.

Ejemplos del derecho penal como útil de presión de gobiernos totalitarios:

  • La Revolución de Octubre de 1917 en la ex-Unión Soviética derogó el principio de legalidad optando por la creación jurisprudencial del Derecho (los jueces crean Derecho). Stalin continúo en esa dirección utilizando sin límites los principios de la imprescriptibilidad, la analogía y la retroactividad penal, previstos en el código penal de 1922 y 1926[3]. Para la legislación rusa, el principio de legalidad era un principio burgués.
  • La dictadura constitucionalista de Salazar en Portugal, el Estado Novo, protegiéndose detrás del código penal de 1929, aplicó la analogía y la retroactividad penal “contra los elementos hostiles al régimen”.
  • El código penal italiano de 1930, llamado código Rocco, fue sobre todo un instrumento político, de represión, en donde la detención preventiva a tiempo indeterminado fue una procedimiento regularmente utilizado por el régimen.   
  • En la Alemania del régimen nazi, la Ley para solucionar los peligros que acechan al Pueblo y al Estado de 1933, otorgó poderes máximos al Führer para aprobar toda clase de normas legales inclusiva yendo contra la constitución.
  • Se dictaron medidas arbitrarias, los funcionarios y militares debían jurar fidelidad a Hitler, quien se transformó en legislador de sustitución.
  • Luego, por ley del 28 junio 1935, se modificó  el código penal de 1871,  anulándose el principio de legalidad[4], aceptándose la analogía, la retroactividad penal.
  • Se permitió así imponer penas por hechos no configurados previamente como delitos. 
  • Se reemplazó el principio que no puede haber castigo sin una ley anterior, por ningún crimen sin castigo (“nullum crimen sine lege” por “crimen sine poena”).
  • Los delitos son configurados “ex post facto” por el juez o el Estado.

Posteriormente, los gobiernos autoritarios y totalitarios tomaron estos principios para introducirlos en la ley y convertirlos en una garantía de protección sus políticas.

  • En el régimen de Vichy se utilizaron innumerables leyes de excepción, los funcionarios debían jurar fidelidad al mariscal Pétain quien disponía de poderes absolutos otorgado por la asamblea nacional[5]. En agosto 1941, se pusieron en práctica las secciones especiales (modelo procuradurías especializadas argentinas) donde la retroactividad penal, limitación al derecho de la defensa, abuso de la detención preventiva, eran aplicables. Las condenas de estos tribunales de excepción no se podían apelar, ni solicitar reducción de las penas.
  • En la España franquista el delito de lesa majestad fue transferido en la persona jurídica del jefe de Estado.  Si bien el código penal de 1944  mantiene el principio de legalidad y la prohibición de la analogía, desde el momento que el ciudadano pretende al ejercicio o al respeto de sus derechos fundamentales, se transforma en agresor político. Ese acto se convierte en delito por considerárselo como un ataque al jefe de estado, y como consecuencia un delito de lesa majestad. Los profesores de universidad que desean continuar a ejercer deben prestar juramente de fidelidad al régimen.
  • Actualmente, en Cuba y Venezuela, sus códigos penales no son modelos de garantías jurídicas o de respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El código cubano prevé “las conductas que constituyen índices de peligrosidad, las medidas de seguridad pre delictivas y post delictivas…” y Venezuela utiliza arbitrariamente la acusación de innumerables delitos contra los “enemigos del gobierno”, las detenciones arbitrarias en sitios militares….”  

 

 

El régimen político argentino actual está constituido de todos estos principios, a los cuales hay que agregar el modelo de la Ley de los sospechosos[6] que sancionaba en forma indiscriminada[7]. “Aquellos que por su conducta, sus relaciones, por sus palabras o escritos se muestre enemigos de la libertad…”. El ejemplo de este procedimiento está con las publicaciones de los afiches de  personas buscadas, las recompensas por las capturas, el llamado a la delación, la complicidad con el régimen y las amenazas hacia los no colaboracionistas. Las funciones de la Afip, de la UIF, Procuraduría de crímenes contra la humanidad….

Nadie ignora que el gobierno Kirchner aterroriza la sociedad[8], que constituye una organización criminal al servicio de sus objetivos reprensibles,  destruye los sectores productivos, económicos, industriales como los sociales y políticos del país, pone a disposición de la criminalidad internacional el territorio nacional, crea las condiciones de desigualdad, fomenta el aumento de la pobreza, de viviendas de emergencias, abandona la seguridad y la defensa, facilita la inseguridad y la violencia generalizada, mantiene más de 50 contenciosos con diversos países/sectores, desconoce la seguridad jurídica con los inversores extranjeros y nacionales, expropia si es de rentabilidad política, no esclarece más de 200 desapariciones de personas, miente en la publicación de indicadores económicos violando el derecho   a una información adecuada y veraz (art. 42 constitución nacional), e innumerables otros delitos….

Ninguna persona puede negar la responsabilidad de los miembros del gobierno en los constantes y números casos públicos de violación a los derechos humanos, de corrupción, prevaricación, enriquecimientos ilícitos, abuso de poder, amenazas, asociación ilícita, blanqueo de dinero, narcotráfico, tráfico de armas y otros delitos conexos… Un hecho es indiscutible: los actuales responsables políticos atentan contra el sistema democrático por incurrir en graves delitos dolosos contra el Estado que conlleva enriquecimiento (articulo 36 constitución nacional). Pero además, el vicepresidente de la republica está acusado de numerosos delitos comunes no cometidos en el ejercicio de sus funciones. Varios magistrados están denunciados ante el consejo de la magistratura, continúan en funciones y jamás fueron investigados. Las asociaciones de derechos humanos más próximas del poder están denunciadas ante la justicia, por graves irregularidades con los fondos que reciben del estado, pero los magistrados no actúan. Enriquecimiento ilícito público, visible, de numerosos funcionarios y personalidades de los tres poderes con el silencio absoluto de jueces y policías para investigar en esos casos…….

Acuso y condeno

1- Al gobierno Kirchner porque en su acción criminal planifica y ejecuta en toda impunidad:  

  • un populicidio[9] al desarrollar y aplicar un proyecto político para provocar la ruina, la muerte, del pueblo (del país), la destrucción de la cohesión nacional y de la pacificación social. En donde los adversarios y la población recalcitrante deben ser considerados y tratados en enemigos hasta su desaparición. Siguiendo los pasos del bolchevismo decidieron  eliminar legalmente como también físicamente toda oposición o toda resistencia (misma pasiva) a su poder hegemónico, no solamente cuando provenga de grupos de oposición política, sino también de grupos sociales y de categorías profesionales[10]. El objetivo del régimen Kirchner es de exterminar por todos los medios, los sectores estigmatizados como enemigos (iglesia, empresarios, industriales, fuerzas armadas, sociedad rural, medios…).
  • un politicidio[11], al tener como objetivo destruir, aniquilar, provocar daños irreparables, por razones políticas-ideológicas, no solamente a individuos o grupos limitados de opositores, sino también a fracciones masivas de la sociedad identificadas del lado de la legalidad del estado y de las instituciones en los 70’. Por ejemplo: los magistrados y el gobierno prefieren que los prisioneros políticos de más 70 años, mueren en cautiverio, sin la debida atención médica, en lugar de otorgarles los beneficios procesales de la prisión domiciliaria previstos en numerosas normas nacionales e internacionales,
  • la sistemática violación a los derechos humanos contra un sector de la sociedad que fueron considerados e identificados desde un primer momento como las personas a neutralizar. Numerosos informes de la ONU confirman esas violaciones. “Los enemigos son la gran justificación de un gobierno totalitario que no puede vivir sin ellos. Si no los tiene, los inventa. Una vez identificados no merecen ninguna compasión[12].
  • una política de hegemonía ideológica, de desinformación, de manipulación de la historia, en nombre de los derechos humanos. El gobierno no comunica informaciones de interés público como la lista de personas desaparecidas y de las personas que fueron indemnizadas por el Estado en esos casos. El clan Kirchner no quiere ver la realidad que vivió el país en los 70’, no reconoce los crímenes y delitos que cometieron los grupos terroristas en esa época ni a las víctimas que fueron el blanco de sus acciones. Participa no solamente a la falsedad histórica, sino a la negación de esos hechos y se transforma en cómplice de los autores que cometieron graves delitos en esos años.  
  • una constante violación de acceso a la información previsto en los principios de Tshwane[13]. “Ese derecho no sólo previene abusos por parte de funcionarios públicos, sino que además permite que la población intervenga en la definición de las políticas del Estado y, por ende, constituye un elemento clave para la preservación efectiva de la seguridad nacional, la participación democrática y la formulación de políticas sólidas.”

2-Al poder judicial, sus tribunales y magistrados: Por estar al servicio exclusivo y directo en calidad de activos colaboracionistas de la dictadura Kirchner. Ninguno de los seis valores previsto en los principios de Bangalore[14], sobre la conducta judicial, son respetados, instalándose la politización de la justicia como hoja de ruta. Cuando se olvidan la separación de poderes y la garantía de los derechos humanos, el formalismo jurídico se transforma en despotismo de la ley.

 

Los miembros del poder judicial saben que la legalidad es superficial, porque:

  • los actuales magistrados (fiscales, procuradores, jueces), la corte suprema de justicia de la nación (CSJN), la procuración general de la nación (PGN) y los tribunales de justicia violan de manera sistemática los 20 principios básicos  fundamentales relativos a la independencia de la judicatura[15], y
  • no respetan las principales decisiones de la ONU que regulan la independencia, la conducta y la relación de los magistrados con los derechos humanos. Por ejemplo:
  • La resolución 40/32 sobre la independencia de magistrados,
  • La resolución 40/146 sobre los derechos humanos en la administración de la justicia,
  • La resolución 34/169 código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
  • ECOSOC 2006/23 sobre el fortalecimiento de los principios básicos de la conducta judicial.
  • E/CN.15/1996/18 reglas mínimas a la administración de la justicia penal.
  • La responsabilidad penal e individual de estos magistrados y de los miembros del poder judicial, es incontestable (art. 30, estatuto CPI). Por ejemplo:
  • cometen, el más grave de los delitos, la prevaricación. No dudaron en dictar resoluciones contrarias a la constitución, a las leyes y convenciones internacionales. Imponen condenas privativas de libertad basadas en hechos falsos o mal interpretan, voluntariamente, las jurisprudencias y las fuentes del derecho.
  • obedecen ciegamente a las demandas del gobierno. Legalizan procedimientos para que los tribunales violen las garantías constitucionales, leyes nacionales y convenciones internacionales de numerosas personas.
  • son los autores principales y necesarios, que perpetran impunemente (protegidos por el poder ejecutivo y la CSJN) numerosos delitos violando los derechos humanos de los presos y perseguidos políticos, como también la de todo enemigo considerado por el gobierno.
  • violan los derechos y garantías de ciudadanos nacionales y extranjeros que fueron víctimas de los grupos terroristas de los años 70.
  • facilitan los instrumentos ilegales para que funcionarios irresponsables apliquen esas decisiones sabiendo que son contrarias a la ley.
  • son el brazo punitivo del gobierno obteniendo en compensación beneficios personales. No aplican la justicia, solo ejercen venganza.
  • Los magistrados disponen de beneficios impositivos, inmunidades excepcionales, son nombrados solamente por la lealtad política hacia el gobierno y no por sus capacidades profesionales, académicas o intelectuales. Los concursos para ocupar esos cargos, cuando existen, son de forma y no de rigor para la nominación de un juez.

3-A los periodistas y medios de comunicación: aduladores del gobierno y colaboracionistas sin fe ni ley.

  • Por ejercer como agentes de propaganda, queriendo mostrar el “éxito del gobierno” y evitar por todos los medios que se conozca la verdad sobre la existencia de presos y perseguidos políticos, como también la situación real del país en los aspectos políticos, sociales, la criminalidad y las violaciones de los derechos humanos.
  • Son los voceros de la justicia, del poder político, sus instituciones y de las organizaciones afines del gobierno. Al recibir fondos del Estado y con sus formas de acción trasgreden los principios de Tshwane.
  • Violan la principal tarea del periodista de servir a la gente en su derecho a la verdad y la información auténtica con una dedicación honesta a la realidad objetiva, de manera que los hechos estén divulgados conscientemente en un contexto apropiado, precisando sus conexiones esenciales y sin causar distorsión (principios Unesco 1983)
  • Son vectores de desinformación, agentes de persecución y utilizan el terrorismo mediático contra todo enemigo del régimen Kirchner. Con el “carné de prensa” ejercen como fiscales, procuradores o comisarios políticos.
  • Manipulan la información: por cuanto la mentira que comunican no es en sentido estricto lo contrario de la verdad, sino que ella se apoya sobre elementos verdaderos. Traicionan el principio que la credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad”(Declaración de Chapultec)
  • Sus políticas editoriales tienen como objetivos: calumniar, difamar, realizar acusaciones infundadas. El derecho a veracidad en la información es inexistente.
  • Influencian negativamente la sociedad para asociarlas a la opinión mayoritaria utilizando la metodología de la teoría de la espiral del silencio[16]
  • Infringen de manera sistemática, permanente, organizada y voluntaria, los principios esenciales de la ética periodística previstos en:
  • La carta de Múnich[17]
  • Los principios Internacionales de ética profesional en periodismo[18]
  • La declaración de Chapultepec[19] 

4- A los funcionarios nacionales y provinciales, a los miembros de las fuerzas militares, policías nacionales, provinciales, gendarmería nacional, prefectura naval, policía aeroportuaria, servicios penitenciarios (federales, provinciales), los organismos de información (llamados de inteligencia) y las diversas agencias de seguridad del Estado. La obediencia jerárquica, que es un principio fundamental, no significa renunciar a pensar, la sumisión, ni el deber de guardar silencio, este principio impone incluso en casos excepcionales (los actuales), el deber de desobedecer.

  • Por ser colaboracionistas del  régimen que bajo una ilusión de legalidad, aplican normas ilegales e ilegitimas. Son individualmente responsables de cometer esos hechos con conocimiento de causa (art. 30, estatuto CPI), la justicia penal deberá juzgar esos delitos.
  • Por obedecer, ejecutar y hacer ejecutar actos, procedimientos, que saben contrarios a la ley y convenciones internacionales, cubriéndose detrás del principio de cumplir órdenes superiores, haber recibido una orden judicial, obedecer la jerarquía política…cuando en realidad tienen la obligación jurídica de denunciar al estar en presencia de un delito (artículo 177, inciso 1° CPP, el decreto  1162/2000 obligación de denunciar o de no ejecutar ordenes manifiestamente ilegales y las normas internas de cada institución). Los presos y perseguidos políticos son victimas cotidianas de esos abusos: en el tratamiento carcelario, las relaciones con la justicia y en las gestiones administrativas con esas instituciones.
  • Violan los derechos humanos de las personas en prisión o en libertad acusadas ilegalmente por una justicia política. Buscan excusarse de responsabilidades en nombre de respetar la ley y de obedecer a directivas superiores.
  • Verdaderos oportunistas que “tratan de nodisgustar a nadie en un delicado equilibrio de comportamiento, navegando en una zona gris con una actitud atentista. Son de los que observan detrás de las ventanas lo que sucede en la calle, y otros lugares. Esperan el momento para salir al fin del combate. Utilizan la camisa negra si es necesario. Todo el mundo acusa a todo el mundo, de manera anónima, bajo forma de cartas, mensajes….”[20]
  • Esos hombres y mujeres demuestran  una sumisión ciega (por convicción o interés!), hacia el poder político y judicial, cuando deben y pueden oponerse a órdenes ilegales. Abandonan un comportamiento discrecional argumentando respetar las leyes en vigor. 
  • Los altos responsables de esas instancias y sus subordinados violan los derechos y garantías de los ciudadanos pese a tener como misión proteger y defender la constitución nacional.

5-A las ONG, asociaciones, militantes, llamados defensores de los derechos humanos: organizaciones colaboracionistas esenciales del proyecto político de los Kirchner. No son autónomas o independientes de una estructura política, no surgieron de la sociedad civil (no violenta), persiguen objetivos económicos y políticos. Sus miembros tienen poder discrecional y se enriquecen ilícitamente. Numerosas de esas organizaciones están integradas por ex terroristas o miembros afines que comparten la violencia armada.  

  • Por ser el brazo “todo servicio” del gobierno. Actúan impunemente, tienen patente de intocables por ser hijo, hermano, abuela, madre, padre de ex combatientes terroristas (no de un militante pacifista) muertos en combate, desaparecidos, condenados por los tribunales del Estado, enjuiciados por sus pares, o ser ex detenido, ex integrante de una organización terrorista.... Son ciudadanos  que se cubren detrás de las palabras “acciones humanitarias, sociales, derechos humanos”, cuando en realidad son proclives a la justicia de la venganza, utilizan slogan alejados de la concordia: “ni olvido ni perdón”, “no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, “ como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.  
  • Por ser organizaciones para-estatales, que cumplen funciones de clientelismo político, realizan control ideológico a nivel nacional, otorgan reconocimientos de buen militante o ciudadano, validan las promociones de diplomáticos, militares y de altos funcionarios. Intervienen en asuntos de Estado, políticos, judiciales, parlamentarios, juzgan conductas de ciudadanos y/o empresas, son procuradores, fiscales, policías, jueces…En ningún país democrático tienen esos roles.
  • Porque en realidad no cumplen ninguno de los criterios que definen una ONG:
  • Sobre el origen privado de su constitución
  • El fin no lucrativo de su acción
  • La independencia financiera 
  • La noción de interés público.
  • Pueden cometer delitos que ningún juez se atreverá a juzgarlo o a un policía detenerlo. Viven de subvenciones del estado, ejercen funciones del estado,  Toda acción es en nombre de los derechos humanos,
  • No son ONG porque hacen parte de las estructuras del gobierno. Ejercen presión sobre toda institución, persona, decisión, que está en contra de sus posiciones e intereses. Dan opiniones, intimidan y fijas posiciones sobre sectores esenciales del Estado (justicia, seguridad, defensa, inteligencia), fijan las bases de las políticas públicas.

 

¿Porque el silencio académico, de los parlamentarios,  los intelectuales (y actores políticos), los medios independientes, sobre los crímenes y delitos que cometieron los grupos terroristas en los 70’ contra la sociedad argentina y sobre las victimas que ellos ocasionaron?

¿Porque la incapacidad de los guardianes de una ideología del caos a poner en el centro del análisis los crímenes cometidos por los grupos terroristas de los años70’?

¿Porque la justicia, las ONG y asociaciones, el gobierno y los defensores de los derechos humanos no reconocen jurídica y políticamente a las numerosas víctimas de las organizaciones terroristas?

¿Por qué no se pueden discutir públicamente esos temas si se dice estar  en un régimen democrático?

Los enemigos del Estado de Derecho

Actualmente, numerosos crímenes y delitos se cometen en Argentina, contra las instituciones, el Estado, la sociedad y la Constitución Nacional.  Entre ellos, se  viola el artículo 6 de la ley 23.077/84 de Defensa de la Democracia y los artículos (226, 227, 227bis…) del código penal, previstos en los atentados al orden constitucional y a la vida democrática. Los responsables de esos ilícitos dicen defender la democracia cuando en realidad ejercen el poder en calidad de dictadores.

Argumentan de manera permanente y hasta patológica defender los derechos humanos cuando en realidad son los primeros en violarlos a numerosas personas consideradas enemigos del sistema.

Teatralizan la democratización de la justicia pero no aceptan las decisiones de magistrados y tribunales cuando no corresponden a sus reivindicaciones. Rápidamente acusan a los jueces de estar con los genocidas, con lo sectores de poder….

Ostentan luchar contra la corrupción, el blanqueo, el enriquecimiento ilícito, y son los primeros que ejercen esos delitos. Los exagerados aumentos patrimoniales de estos personajes solo pueden ser producto de actividades ilegales, “todos son excelentes abogados, lucidos inversores, advertidos profesionales….”, pero en el ejercicio de cargo público son pésimos funcionarios.

Hablan de pobreza, utilizan un discurso agresivo de lucha contra el capitalismo, la burguesía, el campo, las elites, y son los primeros en mostrar, lujos, viviendas, ropas, alhajas, autos, motos…

Los autores individuales de esos crímenes y delitos son personas públicamente conocidas, ocupan posiciones claves en la arquitectura del régimen, son  por ejemplo:

  • Los miembros del gobierno nacional sin excepción.
  • Los altos funcionarios del poder ejecutivo.
  • Los parlamentarios nacionales y provinciales.
  • Los integrantes del poder judicial, fiscales, procuradores, magistrados, jueces, miembros de los tribunales, cámaras, corte suprema de justicia,
  • Los responsables institucionales y el personal de: las fuerzas armadas, policiales, de seguridad, servicios penitenciarios (nacionales y provinciales), de los organismos de informaciones.
  • Los miembros de las ONG, asociaciones, organizaciones, para estatales, financiadas por el Estado
  • Los medios y periodistas reconocidos al servicio del gobierno Kirchner.

Los funcionarios y los otros actores mencionados como enemigos del pueblo y de la Argentina deben manifestar públicamente su desacuerdo con el gobierno si no quieren ser integrados en ese estatus y asumir las consecuencias respectivas.

Finalmente,   

Es urgente y necesario que los enemigos de la Argentina, reciban una punición ejemplar por los hechos cometidos, esperando que jueces honestos puedan intervenir rápidamente para juzgar los responsables de esas acciones. Pero hasta que llegue ese momento, estos delincuentes, no deben escapar a la justicia del pueblo y de las víctimas. El voto popular será también una forma de juzgarlos y sancionarlos en las próximas elecciones.

La sanción, a los que están asesinando el país y la democracia, debe ser permanente, materializarse en todo tiempo y lugar (en el país y en el extranjero),  porque los ilícitos y las acusaciones son numerosos, reales, graves, irreparables. Muchos de entre ellos tienen la experiencia de cómo actuaban los tribunales revolucionarios de las organizaciones terroristas. Todos los métodos y formulas serán adecuadas como acción de justicia popular, política y ciudadana. La utilización de la fuerza es justa, porque es necesaria. Que la fuerza sea justa, y que la justicia sea fuerte.[21]Recientemente el Vaticano validó el empleo de la fuerza para defender la minoría amenazada, perseguida, como los cristianos en Irak.

La constitución nacional autoriza que “todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la patria y de la Constitución…”, (art. 21 CN),  y “tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo… “, (art. 36.CN). Los hombres y mujeres que traten de sancionar los enemigos de la Argentina deben recordar que no están solos: “Amigo, si tú caes, un amigo sale de la sombra en tu lugar[22] 

¿Cómo mantenerse neutro frente a estos hechos graves de corrupción, el aumento alarmante de la pobreza, la violencia y desigualdad social, la criminalidad generalizada, la impunidad, la incapacidad política, los jueces al servicio del poder político, la violación de los derechos humanos, los parlamentarios constituidos en una organización de beneficios personales, un gobierno dictatorial….?, actuar es inevitable. Para ello, se debe pasar de lo individual a lo colectivo, alterar las jerarquías naturales y sobre todo colaborar activamente con los prisioneros políticos para mantenerlos con un espíritu de resistencia permanente.

Solamente el gobierno y sus aliados  pueden poner fin al califato del odio instalado desde 2003, y frenar las rivalidades sociales e ideológicas, porque  las consecuencias puede provocar situaciones irreversibles. Un nuevo contrato social es necesario.

Los enemigos de la Argentina critican situaciones anteriores y olvidan que hoy día el gobierno dispone de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional pero sin derecho de opción para salir del país.

 

PP

 

 

Afín de manifestar la defensa de los derechos humanos de los prisioneros y perseguidos políticos propongo que utilicemos en todo momento de la vida pública y privada, en las cárceles, en los juzgados, en las manifestaciones, un sol de ocho rayos, celeste y blanco pegado en la espalda, el pecho, los brazos, para reconocer los presos y perseguidos políticos del régimen Kirchner que no hicieron parte de su romanticismo revolucionarios y que hoy son blanco de la justicia política y de las asociaciones del gobierno. Ese sol llevaría las letras PP y el numero de interno para los presos políticos y solamente las letras PP para los perseguidos políticos. Mario Sandoval*, Paris, 15 septiembre 2014, marios46@hotmail.com

 

 

 

 

Modelo de sol ocho rayos + la condición de PP

 

 

 

*No reconozco el gobierno argentino actual de la organización Kirchner, sus instituciones, sus autoridades nacionales, provinciales, judiciales, administrativas, legislativas. No reconozco las decisiones de justicia de la CSJN, de los tribunales inferiores que violan los principios esenciales de los derechos humanos de los ciudadanos.

 

 



[1] Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Regularmente realiza conferencias, asesorías, publicaciones y organiza congresos, coloquios a nivel internacional. Miembro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias

[2] Friedrich Nietzsche in párrafo 55, El anticristo (1888).

[3]  Luis Blas Zuleta,  Ministerio de Justicia español, 15 julio 1963, in  nota sobre el derecho penal soviético, http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344042371?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content..

[4] Welzel Hanz in Derecho Penal, parte general, Editor Roque Depalma, Buenos Aires, 1956,  introducción http://fr.scribd.com/doc/4137698/Welzel-Hanz-DERECHO-PENAL-PARTE-GENERAL. Como también  Claus Roxin, Derecho Penal, parte general, tomo I, Ed. Civitas, 1997, en http://fr.scribd.com/doc/38153971/Roxin-Claus-Derecho-Penal-Parte-General

[5] La ley constitucional del 10 julio 1940 otorga poderes absolutos al mariscal Pétain.

[6] Adoptada el 17 septiembre 1793: organizando el proceso judicial sin la presunción de inocencia ni el debido proceso o el derecho a la defensa.  

[7] Denunciar, arrestar, juzgar, condenar, utilizando la ley de los sospechosos, es una acción normal, ejemplar y de advertencia para todos los enemigos del régimen.  Regularmente hay que presentar un chivo expiatorio. La finalidad es controlar las eventuales manifestaciones en la sociedad creando el temor, el miedo, la reserva obligada. En el gobierno jacobino encabezado por Robespierre se ejecutaba o se encarcelaba a los opositores, sin respetar las garantías del debido proceso.

[9] Gracchus Babeuf (1760-1797) in Guerre de Vendée et le système de dépopulation (1794). Versión española: El sistema de despoblación. Genocidio y revolución Francesa. Ediciones de la Torre, de Maria Teresa Glez. Cortés, Madrid (2008)

[10] Stephane Courtois y otros autores, in Introducción: “El libro negro del comunismo: crímenes, terror y represión”,   Editoriales Espasa Calpe y Planeta, 1998.

[11] Barbara Harff y Ted Gurr: Genocidio, como el politicidio, significan “la promoción y ejecución de políticas por parte del Estado o de agentes del mismo, las cuales resultan en la muerte de un número sustancial de personas de un grupo” “En el politicidio, las víctimas son definidas fundamentalmente en términos de su posición jerárquica u oposición política al régimen o a los grupos dominantes.”, in “Toward empirical theory of genocidas and politicides”, en International Studies Quarterly, vol. 37, nº 3, 1998.

[12] Tzvetan Todorov in El hombre desplazado, Ed Taurus, 2008

[15] Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura http://www2.ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm

[16]Teoría de ciencias políticas y comunicación (1977), Elisabeth Noëlle-Neumann, in La Espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social, Ed. Paidós, 1995.   

[17]Carta de Múnich: firmada y promulgada el 24 de noviembre de 1971 en Múnich. Consta de diez deberes y cinco derechos. Fue adoptada por la mayoría de los sindicatos de periodistas europeos, así como la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Organización Internacional de Periodistas (OIP)

[18] Los (10) principios Internacionales de ética profesional en periodismo, Paris, 21/11/1983. Cuarta reunión consultiva de periodistas internacionales y regionales, bajo los auspicios de la UNESCO.

[19]Declaración de Chapultec, adoptada por la conferencia hemisférica sobre la Libertad de Expresión celebrada en México, DF el 11 marzo 1994. Consta de 10 principios.

[20] Giovanni Focardi, in Les fonctionnaires dans l’Europe des dictatures 1966-1945. Ed. La documentation française, 2014.

[21] Blas Pascal: in Pensamientos (1670), capitulo V, pensamiento 298: Justicia, fuerza. Ediciones elaleph.com (2001)

[22] Canto de los partisanos.