Argentina

 

Tal como dijo Roberto Brenes, este foro intenta describir la realidad de un grupo de países, enrolados en lo que denominan el socialismo del siglo XXI.

El presidente Hurtado ha señalado las características comunes de este grupo y las violaciones a las instituciones que son actitud habitual en ellos.

 

Argentina no forma parte oficialmente del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, es indudable que mantiene una estrecha afinidad ideológica con esos países.

  • Ernesto Laclau es el mentor ideológico del kirchnerismo. Sus trabajos sobre el populismo incluyen la confrontación como forma de gobierno, propia de los países donde ya la democracia no está vigente o bajo serias restricciones, como es el caso de Argentina.
  • La política exterior del kirchnerismo ha sido un apoyo permanente al chavismo y a los países que lo siguen.
  • La mala relación con los Estados Unidos que tiene la Argentina responde también al paradigma del socialismo del siglo XXI. El disenso con Estados Unidos, razonable si se mantiene dentro de  Occidente, presenta matices mucho más conflictivos cuando ese disenso se da fuera de ese marco.
  • La relación con Irán que desarrolla el gobierno de Cristina Kirchner se ha producido a instancias de Hugo Chávez y sigue su línea.
  • Argentina ha declarado como sus aliados estratégicos a Rusia y China.
  • En función de estas decisiones, Argentina se encuentra aislada diplomáticamente. En los 8 años de este gobierno no ha recibido la visita de ningún presidente de relevancia internacional.

 

 

Sin embargo, pese a estas afinidades, la Argentina tiene claras diferencias con esos otros países:

 

  • Como queda dicho, el país no forma parte oficial del Socialismo del siglo XXI
  • No hay argentinos exiliados por razones políticas
  • En el país, funciona el poder judicial
  • Hay prensa independiente
  • No hay posibilidad de reelección presidencial de la actual presidente

 

Es precisamente la situación de la justicia y su resistencia a los embates del kirchnerismo, a la par que la resistencia de los medios de comunicación –dos batallas que los Kirchner han perdido-las razones de la diferencia de ese país con los otros que serán expuestos aquí.

Este hecho ratifica la importancia de la defensa del sistema institucional, y permite alentar, juntamente con las posibilidades electorales del 2015, una alternativa de recuperación democrática.

 

 

Como una semblanza de la situación general bastarían tres hechos sintomáticos:

 

  • Caso Boudou : el vicepresidente de la República, Amado Boudou tiene 6 procesos penales y se encuentra ya procesado en dos de ellos. Los delitos serían, entre otros, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documento público. Boudou preside el país en ausencia de Cristina Kirchner y representa al país cuando viaja el exterior.
  • Alberto Nisman, el fiscal que ha denunciado a la presidente y a otros funcionarios, por encubrimiento a los autores iraníes de un atentado terrorista, aparece asesinado el día antes de comparecer ante el Congreso.
  • Más de 1000 militares se encuentran detenidos, sin el debido proceso y en condiciones precarias de salud. Cerca del 15% de los detenidos han fallecido debido a las condiciones a las que están sometidos. Mientras tanto, antiguos guerrilleros son hoy funcionarios del gobierno

 

Más que una ideología, lo que define al kirchnerismo es su apetencia por el poder, unida a un sistema generalizado de corrupción, ya anticipados en Santa Cruz, la provincia argentina donde fueron gobierno y cuyo hecho más notorio fue la desaparición de cerca de 600 millones de dólares de regalías petroleras.

 

Para analizar la realidad de la Argentina de hoy, voy a referirme a tres temas:

 

  1. La corrupción
  2. El asalto al Poder Judicial
  3. El ataque a la libertad de prensa.

 

 

LA CORRUPCION.

Sería muy extenso enumerar los numerosos casos de corrupción. Se han publicado ya decenas de libros de investigación periodística sobre la corrupción de los Kirchner y sus funcionarios. Los principales diarios tienen periodistas especializados en el tema, dedicados a rastrear los hechos de corrupción, que llenan diariamente sus páginas

La corrupción responde a un sistema generalizado que involucra a decenas de funcionarios y empresarios amigos del gobierno, reflejados en cientos de denuncias. Es imposible pensar que los Kirchner hayan podido ignorar una corrupción tan extendida, que como dato singular, alcanza a sus choferes, jardineros y secretarios, acusados todos de enriquecimiento ilícito y son hoy dueños de medios de comunicación.

Los síntomas de corrupción fueron tempranamente percibidos por otros países. Embajadores de los Estados Unidos (como Todman y Wayne), de Suecia, Francia y España denunciaron al presidente Kirchner pedidos de soborno por altos funcionarios de su gobierno, sin consecuencia alguna.

 

Estos son algunos casos :

 

  • El primer ministro de economía de Kirchner, heredado del gobierno anterior debió renunciar cuando el presidente no tomó decisiones frente a sus denuncias de corrupción
  • La ministro que lo reemplazó, Felisa Miceli, acaba de ser condenada por la justicia, por haberse encontrado en su despacho una suma de dinero cuyo origen no pudo explicar.
  • Ricardo Jaime, ex-secretario de transporte, que manejaba subsidios por 20.000 millones, tiene 15 procesos: enriquecimiento ilícito, cohecho, destrucción de pruebas, recepción de dádivas, entre otros. Tiene ya condena en firme en uno de ellos y es inmediata una segunda condena.
  • Según publicaciones del 27 de agosto pasado, el Departamento de Justicia americano, investiga el pago de sobornos al ministro Julio De Vido, por parte de la empresa brasilera EMBRAER por la compra de 20 aviones para Aerolíneas Argentinas
  • Los acuerdos con Venezuela han sido otra fuente permanente de actividades delictivas. El embajador argentino ante ese país, Sadous, denunció ante el presidente la existencia de una embajada paralela a cargo de los negocios entre ambos países, con pagos injustificados del orden del 20% de los volúmenes de intercambio. Luego de ratificar sus denuncias en el juzgado, el embajador  Sadous se vió obligado a renunciar.
  • El caso Antonini corresponde al descubrimiento en un avión oficial de un portafolio con 900.000 en efectivo, que serían para la campaña de Cristina Kirchner, que originariamente fueron atribuídos a Hugo Chávez y que recientemente la revista Veja, de Brasil, le ha asignado a Irán.
  • La efedrina es una sustancia usada para la elaboración de drogas y relacionada directamente con el narcotráfico. En el año 2004, el país importó 2,400 kilos para usos medicinales. En el año 2007 esa cantidad aumentó a 20,000 kilos sin explicación.  Por ese tráfico irregular de efedrina fue procesado José Granero, ex director de la Secretaría para la Prevención de la Adicción a las Drogas y la Lucha contra el Narcotráfico y 4 funcionarios allegados al Presidente Kirchner .
  • Amado Boudou: el vicepresidente está acusado, entre otras cosas, de intentar quedarse con la empresa Ciccone Calcográfica, impresora de billetes y documentos públicos, mediante maniobras extorsivas y procedimientos irregulares. También se le imputa el pago de casi 8 millones de pesos de un gobierno provincial a una empresa vinculada a Boudou y que podría encubrir un  pago de sobornos cuando era ministro de economía. Otras causas incluyen malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público.
  • En el ejercicio del 2008, el incremento patrimonial de la pareja presidencial superó el 30 % anual. Según sus aclaraciones, ese incremento es resultado de los ingresos de la cadena hotelera de su propiedad y una insólita rentabilidad en depósitos en dólares cercanos al 20% anual. Las declaraciones, impugnadas por el entonces fiscal Manuel Garrido, presentaban 22 inconsistencias comprobadas. El Juez Norberto Oyarbide, con toda seguridad el juez más corrupto de la Argentina y protegido del kirchnerismo, desechó las impugnaciones y aprobó la declaración de bienes en tiempo record. Este hecho ha dado lugar a revitalizar la teoría de la revisión de las sentencias írritas, aquellas que se encuentran notoriamente contra la ley y contra las cuales no puede alegarse la cosa juzgada.
  • La presidente y su familia están acusados por el juez Bonadío por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, mediante empresas de funcionamiento irregular y que incriminarían especialmente a Máximo Kirchner
  • En los últimos días, se ha denunciado la existencia de cuentas secretas abiertas en EEUU e Irán por cerca de 60 millones de dólares, correspondientes al gobierno.
  • Lázaro Båez, uno de los nuevos empresarios cercanos al gobierno y sospechado de testaferro de la presidente, está procesado por lavado de dinero e investigado en Uruguay, Suiza y Estados Unidos.
  • Las empresas de Lázaro Báez, principal contratista del Estado argentino, ha contratado con los hoteles de la presidente, la compra de miles de habitaciones/noche, sin que hayan sido usadas y que han conformado parte del crecimiento patrimonial de la presidente.

 

Germán Moldes, fiscal nacional, ha denunciado a fines del año 2014, a Cristina Kirchner, por haber montado un sistema de encubrimiento para los hechos de corrupción, denuncia sobre la que no hay todavía resolución.

 

 

ASALTO AL PODER JUDICIAL

 

Cristina Kirchner se encuentra enfrentada a la Corte Suprema, a la que descalifica permanentemente y en pelea con el poder judicial en general.

 

Este enfrentamiento tiene como origen las decisiones de la Corte relacionadas con el caso contra el grupo Clarín, y que declararon inconstitucionales algunas normas de la ley de medios. A esa causa, se les suma hoy las investigaciones por corrupción contra la presidente y su familia.

 

Es importante destacar que al asumir, el presidente Kirchner designó a cinco miembros de la Corte, que se sumaron a los dos que estaban en funciones. Hoy, con dos fallecimientos y una renuncia, de los cuatro miembros de la Corte, tres son parte de los designados por Néstor Kirchner. A ello debe sumarse que más del 40% de los jueces en funciones han sido también designaciones a partir del 2003.

 

No obstante esos hechos, al asalto al poder judicial ha sido constante. La mejor definición de la posición del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial está dada por el Ministro de Justicia, Julio Alak: “si los jueces fallan en contra de los intereses del gobierno, incurren en un alzamiento contra la ley, la división de los poderes, la Corte y el pueblo”.

 

 

  1. La Constitución de 1994 creó el Consejo de la Magistratura a cargo de la selección y remoción de los jueces, para garantizar su independencia. El kirchnerismo, mediante cambios en su composición se  aseguró la mayoría, para bloquear de esa manera, cualquier decisión del Consejo. Con ese sistema, mantiene al 30% de las cortes inferiores y al 20% de las Cámaras de apelación en el fuero penal, a cargo de jueces sin confirmar y que dependen del poder ejecutivo.
  2. Con el caso Boudou se hizo ya patente su decisión de controlar al Poder Judicial. La investigación sobre el presidente originó el desplazamiento del Procurador General –que había sido designado por Néstor Kirchner- y el apartamiento del juez de la causa.
  3. A partir del intento declarado de Cristina Kirchner de “democratizar” la justicia y reformar el sistema judicial para “popularizarlo” y no limitar a las mayorías –intento declarado inconstitucional por la Corte Suprema- ha surgido un grupo de jueces y fiscales incondicional a la presidente, bajo el nombre de “Justicia legítima” liderado por la nueva procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
  4. La nueva Procuradora suspendió y promovió la destitución del fiscal José María Campagnoli, que llevaba las investigaciones sobre Lázaro Báez y sus conexiones con el gobierno, destitución que no pudo llevar a cabo.
  5. El juez Horacio Oyarbide, con más de diez pedidos de juicio político y destitución por su performance como juez y por su vida privada, y que rechazó las impugnaciones contra el incremento patrimonial del matrimonio presidencial, fue sancionado y denunciado por sus superiores ante el Consejo de la Magistratura por graves irregularidades y violaciones de principios constitucionales. Sin embargo, ha sido protegido por el partido gobernante en el Consejo, al bloquear las decisiones de posibles sanciones.
  6. Cuando la Asociación de Magistrados, y la Asociación de fiscales convocaron a una marcha en homenaje a Alberto Nisman, los funcionarios del Poder Ejecutivo, denunciaron a la marcha como un acto opositor al gobierno, descalificaron y denunciaron a  los jueces como miembros de un partido judicial, que en complicidad con la prensa, intentan destituir a la presidente.

 

Al arreciar las denuncias e investigaciones judiciales que la acosan, básicamente por corrupción, Cristina Kirchner intenta nuevamente el asalto al Poder Judicial.

Habiendo fracasado su intento de controlar a los jueces, ha intentado una nueva reforma procesal que le transmite todo el poder de investigación a los fiscales, en desmedro de los jueces. Efectivamente, el nuevo Código Procesal, crea un sistema a través del cual los jueces quedarán relegados y la investigación penal quedará a cargo de los fiscales, que serán designados por el Poder Ejecutivo, investidos de atribuciones imprecisas.

En estos días, la presidente pretende designar a un nuevo miembro de la Corte. Ante la imposibilidad de lograr el acuerdo de los dos tercios del Senado necesario para la designación, se la atribuye la decisión de ampliar el número de jueces de la Corte (de cinco a nueve) para hacerse del control de la justicia, ya que esta ampliación podría hacerse por mayoría simple, sin requerir los dos tercios.

La gran preocupación judicial de la presidente es ahora obtener la impunidad frente a las denuncias por diversos delitos, incluida la de lavado de dinero. Si esa impunidad no puede lograrse a través del control de la justicia, la intención es lograrla a través de cargos legislativos para ella y su hijo, ambos imputados por corrupción.

 

ATAQUE A LA LIBERTAD DE PRENSA.

 

En la Argentina de hoy, la gente se expresa, pero no hay libertad de expresión. Porque las expresiones críticas – de los medios o de los ciudadanos – son perseguidas. El gobierno argentino impone cada vez más restricciones –directas e indirectas- a las libertades de expresión y de prensa para acallar esas voces críticas.

Iniciadas por Néstor Kirchner y profundizadas brutalmente en los últimos seis años, las acciones del gobierno buscan ahogar y silenciar las voces, en una escala de hostigamiento y presiones, que consisten en el uso abusivo del aparato estatal, desde la oficina impositiva hasta la distribución escandalosa de la publicidad oficial.

 

A pesar de ello, y bajo la presión constante del gobierno, existen grupos independientes a nivel nacional. Los principales son los siguientes:

  • Grupo Clarín
  • Grupo La Nación
  • Editorial Perfil
  • Grupo El Cronista

 

El ataque principal del gobierno se ha centrado en el grupo Clarín. La Ley de Medios, sancionada en el año 2009, tiene el claro propósito de desmembrar al grupo, alterando derechos adquiridos, pero sus efectos fueron limitados por decisión de la Corte.

 

Entre otros intentos para silenciar a la prensa y presionarla, se cuentan:

 

  • Ley para controlar la producción de papel y para expropiar Papel Prensa, la empresa que lo produce y que es propiedad de los diarios, incluyendo La Nación y Clarín

 

  • Prohibición a las empresas privadas de publicitar en medios independientes, mediante presiones: los supermercados y las casas de electrodomésticos no pueden publicitar en ningún medio de la Ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires

 

  • El uso de la publicidad oficial y la negativa a reglamentar su distribución, pese al fallo de la Corte, que así lo ordena.

 

Todos estos hechos han sido denunciados por ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina, que ha manifestado que existe una acentuación de los agravios y las descalificaciones a las voces críticas, atropellos contra diversos medios, a través de instrumentos legales, económicos y administrativos y quela estrategia del gobierno es silenciar a quienes disienten.

 

También la Sociedad Interamericana de Prensa, reunida en marzo 2015, en Panamá, ha señalado que el gobierno ha desarrollado una escalada de hostigamiento contra la prensa no alineada y que usa del poder y los recursos del estado para estigmatizar y acosar a los medios críticos.

Existe, dice la SIP, una campaña de agravio e intimidación en público a medios y periodistas que denuncian o publican datos y agrega que los medios no alineados son perseguidos penalmente, muchas veces por causas ajenas a la prensa en sí.

Por estas razones, rechaza la  intimidación contra los medios en la Argentina por constituir un caso de censura previa, como además rechaza las presiones al Poder Judicial y la interferencia del ministerio público para perseguir a editores y medios críticos.

La SIP ha instado al gobierno argentino a  que cese en sus prácticas discriminatorias en materia de asignación de publicidad oficial,  que cumpla los fallos de la Corte Suprema sobre el tema y a que no alimente un clima de violencia contra el periodismo y las personas que expresen opiniones críticas.

 

Lo más grave, a la par de esta persecución, es el montaje de un aparato propio, característico de los regímenes autoritarios, compuesto de medios públicos, de medios privados que subsisten por financiamiento estatal y de medios dominados por grupos afines al gobierno. (láminas 1 y 2)

 

Para el financiamiento de este aparato, el gobierno cuenta con la publicidad oficial, del orden de los 220 millones de dólares anuales, que distribuye arbitrariamente, pese a la sentencia en contra de la Corte. (lámina 4). El monto se ha incrementado en un 3.800% desde el 2003 hasta el 2014.

 

A ese rubro, hay que aumentarle el costo del programa Fútbol para Todos. Mediante este programa y bajo el pretexto de liberar el fútbol que permanecía “secuestrado” , el gobierno le sacó al grupo Clarín la televisación de los encuentros. Ello le permite acceder a un mercado cautivo de espectadores del deporte más popular, para desarrollar su propaganda. El costo alcanza a 205 millones de dólares anuales, que totalizan 737 millones desde el año de su inicio, 2009.

 

Por otra parte, existe una Secretaría de Medios, con un presupuesto de 415 millones, que mantiene 140 empleados, a los que se agregan 100 contratados. La Secretaría controla lo que se dice contra el gobierno en prensa gráfica, radio, TV e internet.

 

No menos importante para el aparato oficial es el uso de la Cadena Oficial, que obliga a todos los medios de radio y televisión a transmitir conjuntamente. El uso de la Cadena Oficial está “reservada para situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”. Sin embargo, Cristina Kirchner ha hecho un uso abusivo e ilegal de ella durante todo su mandato. Solamente en lo que va del año 2015, ha hablado por Cadena Oficial, 12 veces. Todas ellas para anunciar medidas populares o para inaugurar pequeños emprendimientos (usualmente ya inaugurados anteriormente). Paradójicamente, no le pareció necesario hacerlo en el caso del asesinato del fiscal Nisman (que comentó en cambio por facebook) ni con las inundaciones que asolaron al país.

 

Por último, esta lámina ilustra la figura del empresario “amigo del gobierno” que compra medios de comunicación. Se trata de Cristóbal López, el dueño del juego en la Argentina y uno de los principales contratistas del Estado, junto con Lázaro Báez.

Dueño de 33 casinos en todo el país y con actividades en el transporte subsidiado, alimentos, finanzas, construcción, combustibles y rutas, Cristóbal López mantiene decenas de medios de comunicación en apoyo del gobierno de Cristina Kirchner.

 

Esta es la otra cara de la moneda en la Argentina. Afortunadamente, esto se termina en octubre.