“La otra cara de la moneda”. Panamá, 9 de abril del 2015.

La verdad sobre Nicaragua

Pedro Joaquín Chamorro 

El “Gran Canal”. Se imaginan ustedes ¿Un canal para mega buques de 25,000 contenedores o de 400,000 toneladas de desplazamiento? ¿Una zanja de 230 a 500 metros de ancho y por 27 a 30 de profundidad, dividiendo al país en dos tantos a lo largo de sus 278 kilómetros y con un solo puente? … esa es la propuesta.

Yo preferiría creer que se trata de la gran mentira, la gran farsa, o un de gran “cuento chino” en entregas, porque si fuera verdad, a como lo ha asegurado su concesionario Wang Jing y el propio Ortega, estoy convencido que su construcción sería el mayor desastre ecológico en el mundo en los últimos años.

El canal no será, a como lo ha anunciado el empresario Chino de sueños faraónicos, “la obra más grande jamás emprendida en la historia de la humanidad”… si se llegara a concretar, se tendría que dragar masivamente el Lago de Nicaragua en al menos 90 kilómetros de los 105 kilómetros que comprende la ruta canalera en el segmento lacustre, para llevar su profundidad media que es de 6 a 12 metros, a 27.6 metros, a lo largo de una franja de 520 metros de ancho.

Ello implicaría ciertamente, el uso masivo de explosivos subacuáticos en proporciones nunca antes vistas, para quebrar las formaciones de piedra basáltica que conforman el lecho del Lago y un dragado descomunal y permanente, lo que, según los científicos, enturbiaría la aguas de tal manera que no permitiría la vida lacustre en el reservorio de agua potable más grande de Centroamérica y ya no digamos, usarse para el consumo humano, como se utilizan en la actualidad.

Quizás el mega sueño del canal ha sido uno de los principales errores de Ortega en su afán megalómano de buscar de soluciones inmediatas y mágicas a  la pobreza porque con la concesión canalera, Ortega entregó la soberanía de Nicaragua, ya no digamos a un gobierno, o a una potencia, sino a un inversionista chino desconocido, que no tiene ninguna obligación con el Estado de Nicaragua y hasta el momento tampoco ha demostrado tener, o haber recaudado los 50,000 millones de dólares que, como mínimo, se calcula que costará el canal.

Lo que es peor, aunque oficialmente ya comenzaron las obras, ni siquiera ha presentado ante la comunidad científica el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) que ha sido encargado a la empresa británica Environmental Resources Management (ERM).

Pero más que el frente ambiental, es el frente social el que ha estado más activo en su lucha frontal contra el canal y por ende, contra Ortega. Más de 17,000 personas, en su mayoría campesinos, que de acuerdo a la ley 840 de la concesión canalera podrían ser expropiados a valor catastral en la ruta canalera, en decir en una fracción de su valor real de mercado, se han alzado en 39 marchas cívicas espontáneas, que han tenido lugar en las poblaciones de los municipios afectados, incluyendo una nacional en Managua.

Los campesinos se han organizado en el llamado “Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional”, las marchas han tenido la característica fundamental de no tener bandera política más que la bandera nacional.

En ellas, se han fundido personas de diverso signo político, incluyendo un buen número de sandinistas auténticos, que no solo defienden su tierra y su lago, sino también la soberanía nacional a como lo hizo el propio General Sandino.

Esto nos lleva al segundo tema: los derechos humanos.

Las protestas han sido en su mayoría cívicas y el gobierno las ha tolerado, no sin poner cortapisas, en algunos casos, a la movilización en buses de transporte colectivo. No obstante, la noche del 24 de diciembre del 2014, los campesinos tenían trancados dos tramos de carretera, uno en El Tule, departamento de Río San Juan y otro cerca de Rivas, dejando pasar los vehículos de manera esporádica.

La represión no se hizo esperar y la protesta fue disuelta por la policía antimontines con lujo de violencia, hubo un campesino que perdió un ojo por una bala de goma y 41 fueron golpeados con lujo de violencia y posteriormente, encarcelados, incluyendo los principales dirigentes entre los que figuran el Coordinador Nacional Octavio Ortega Arana, quien fue brutalmente golpeado en el momento de su captura.

La mayor parte de los campesinos fueron liberados en los días subsiguientes 25, 26 y 27, pero 6 dirigentes: Ortega Arana, Ronald Henríquez detenidos el 23 de diciembre en el departamento de Rivas, y Freddy Antonio Orozco, Danilo Lorío, Jairo Lazo y Manuel Antonio Vega detenidos el 24 de diciembre en El Tule, departamento de Río San Juan, permanecieron presos ilegalmente, en violación a sus derechos humanos, sin que se les procesara ni levantara acusación alguna.

Ellos fueron liberados hasta el 30 de diciembre con la intermediación de la Iglesia Católica y las organizaciones de derechos humanos. La Constitución establece un plazo máximo de 48 horas de prisión preventiva antes de que el reo sea liberado o remitido a los juzgados correspondientes.

Como un daño “colateral” de los sucesos de El Tule, fue encarcelado en enero el médico del Ejército de Nicaragua, Teniente Primero Yader Montiel Meza, quien humanitariamente atendió a las víctimas en el Centro Asistencial de El Tule y luego se convirtió en el primer reo de conciencia de Nicaragua por haber emitido una opinión.

Mientras atendía a las víctimas la noche del 24 de diciembre, Montiel comparó aquel acto de represión gubernamental contra los campesinos que protestaban contra el canal, con la “navidad roja” de los años 80 y un soplón corrió la voz a sus superiores.

Así se le llamó al gigantesco operativo militar que tuvo lugar en la navidad de 1982 y enero de 1983 en la rivera del Río Coco, cuando cerca de 8,200 indígenas misquitos fueron desalojados masivamente en forma violenta de sus tierras y reubicados muy lejos para restarle base de apoyo social a la Resistencia Nicaragüense.

Montiel fue juzgado por un tribunal militar y condenado a 3 meses y 15 días de prisión, supuestamente por haber violado el artículo 175, inciso C del Código Militar, que define el delito contra el “decoro militar” y establece una pena que va de tres meses y un día, a dos años de prisión, “a quien cometiere actos de conducta deshonesta, indecente, indecorosa o inmoral, que resulte en perjuicio del buen orden y disciplina en el Ejército”.

Es evidente que el reo no cometió tal delito: no robó, no anduvo desnudo exhibiéndose por alguna calle de Managua, no ha tenido una conducta inmoral o indecorosa, ni tampoco ha causado ningún perjuicio al buen orden y disciplina del Ejército.

No se le condenó por pensar. Sino por pensar diferente. ¿Qué hubiera pasado si el teniente Primero Yader Montiel hubiera externado, por ejemplo, su satisfacción ante la continuidad al mando del Jefe de Ejército, Mayor General Julio Cesar Aviléz, o que está bien que las banderas del partido FLSN sean pareadas y alternadas con la bandera nacional en los actos oficiales del Ejército?

Es posible que le hubieran promovido, pero ciertamente no lo hubieran castigado, a pesar de que cualquiera de estas opiniones hubiera reflejado un contenido político de mucho mayor trascendencia que el de la comparación de los sucesos de El Tule con la “Navidad Roja”. Definitivamente el teniente primero y médico militar, Yader Montiel es un prisionero de conciencia.

Esto me lleva al tercer tema que quiero abordar y que como periodista que soy, me compete en lo más íntimo: es el tema de la libertad de expresión e información.

En su relación con la prensa, el gobierno actual se caracteriza por el control de la información oficial y el secretismo. El presidente inconstitucional Daniel Ortega no da conferencias de prensa desde hace casi 3,000 días que asumió su primer mandato en el 2007.

Los pocos medios independientes que aún quedan en Nicaragua, ni siquiera son invitados a las conferencias de prensa en mayoría de los poderes del estado o empresas estatales, a excepción de la Asamblea Nacional.

Los periodistas independientes se enteran de lo que ha pasado a través de la red y en muy raras ocasiones tienen la oportunidad, de hacer alguna pregunta, ya no digamos una entrevista de fondo, a un importante funcionario público.

Aunque existe libertad de prensa formal, porque los medios independientes no tienen censura previa ni leyes represivas como fue la norma en los años 80, con los fondos discrecionales que se manejan por la cooperación o crédito del petróleo venezolano, muchos medios han sido comprados por la familia gobernante, particularmente en el ámbito de la televisión.

Si los medios en su mayor parte, no son abiertamente propagandistas del gobierno, se han vuelto acríticos. Muchos periodistas se han conformado con el papel de divulgadores de las “noticias” que ofrece el Estado a través de sus voceros, o alegres repetidores de cualquier noticia positiva, que a menudo es exagerada, o de la nota roja, que enluta a las familias nicaragüenses.

La capacidad de investigar, cuestionar y fiscalizar del periodismo nicaragüense se ha ido extinguiendo poco a poco como una veladora que se apaga, quedando el brillo únicamente en muy pocos medios, radiales, escritos o televisivos que pueden contarse con los dedos de la mano.

Con el poder casi absoluto, consistente en el control de todos los poderes del Estado y una buena parte de los medios de comunicación, no es sorprendente que Ortega no enfrente hasta el momento, una oposición mas beligerante.

Pero habría que tomar en cuenta también que la mayoría de la población en Nicaragua no está atravesando una crisis económica tan severa digamos, como la que atraviesa Venezuela. Hay que reconocer que la economía nicaragüense anda relativamente bien, con un crecimiento sostenido entre el 4.5% y 4.7%.

La estrategia para lograrlo, a pesar del despilfarro esotérico que caracteriza al gobierno, ha sido una política de no confrontamiento y mas bien de alianza con el sector privado, en lo que se ha llamado la alianza estratégica público-privada. 

Este gobierno no ha confrontado al sector privado y en la práctica, ha dejado a un lado al “socialismo del siglo XXI”, trabajando mano a mano con el capital, grande, mediano o pequeño, aglutinado en las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Muchas leyes han sido “consensuadas”, no con la oposición política formal, sino fuera del parlamento con el COSEP.

Por otro lado, hay que reconocer también, que en términos generales Nicaragua es un país muy seguro, en relación a los países de Centroamérica y esto es un atractivo para la inversión extranjera que ha ido creciendo aceleradamente, particularmente en los siguientes campos: turismo, minería, particularmente oro, textiles, agroindustria, café gourmet, manufactura de productos en zonas francas, pesca, ganadería, azúcar, entre otros.

No obstante, no todo es una “luna de miel” del gobierno con el sector privado. Hay temas que los dividen, uno de ellos es el clamor general por la baja de la tarifa eléctrica ahora que el petróleo se ha desplomado y un poco mas de 50% de nuestra matriz energética es base de bunker.

Desde enero, tanto el sector privado, como el principal partido de oposición, el Partido Liberal Independiente (PLI), al que pertenezco, han venido demandando que en aras a la competitividad y para aliviar el bolsillo de los nicaragüenses y dinamizar la economía, todo el ahorro resultante del diferencial del costo del bunker actual y el que está basada la tarifa de energía, la más alta de Centroamérica, se reflejara en la factura.

Después de 3 meses de forcejeo en los medios, finalmente el gobierno cedió. Pero la ley fue aprobaba el pasado 25 de marzo únicamente por los 63 diputados orteguistas, porque establece que solo un 35% del ahorro se destinará a reducir la tarifa, lo que en términos reales significó el anuncio de una reducción de únicamente del 8% al 10% de la tarifa a partir de abril.

La ley establece que 35% pasaría al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para programas de “combate a la pobreza”, que no son otra cosa que programas asistencialistas que tiene el gobierno con el fondo venezolano y ahora que este ha mermado lo quieren sacar del contribuyente por medio de un impuesto ilegal, y el 30% restante para pagar una deuda que ha adquirido el estado con ALBA-CARUNA, que ha venido subsidiando la tarifa de energía a los consumidores de menos de 150 kilowatts de energía mensual.

Esto representa un impuesto indirecto del 65% del monto del ahorro energético y fue denunciado como tal en la Asamblea Nacional por los diputados opositores de la bancada PLI.

Por otra parte, ha causado impacto en todo el país e internacionalmente, las fotos y videos de lo acontecido el propio Viernes Santo, con el empresario de transporte de la Isla de Ometepe, Milton Arcia, quien se opuso a la súbita demolición de un hotel que tenía en construcción en la zona costera del Puerto de Moyogalpa.

Arcia fue alertado mientras desayunaba a las 7 am. por una llamada de su hijo de la llegada a Moyogalpa de muchos policías y el barco carguero del Estado “13 de Octubre”, en viaje expreso desde Granada con un módulo de 6 equipos pesados para demoler su hotel, del cual tenía todos sus documentos en regla, incluso una escritura pública de permuta firmada por el Procurador General de la República, Hernán Estrada, en nombre del Estado e inscrita en el registro de Rivas.

Arcia, un hombre fornido de 62 años que se ha forjado a sí mismo durante toda su vida, se opuso valientemente a que le demolieran su hotel, mientras demandaba que mostraran una orden judicial. Luego, se plantó frente a la maquinaria, para que esta no avanzara sobre la construcción, que valora en 7 millones de dólares.

Ante esta situación inesperada, Arcia fue aprendido violentamente, cargado en peso por 4 agentes policiales y trasladado esposado como un delincuente en la tina de un vehículo policial a la cárcel local. Según Arcia, los 32 policías que formaron parte del operativo demolición en Viernes Santo, también fueron llevados expresamente desde Managua a Ometepe.

Más tarde, la población de Moyogalpa se alzó en protesta y el empresario fue liberado a las 10 y 40 pm. del mismo día, pero ya cuando la demolición sorpresiva y vertiginosa de su hotel había concluido.

Como si eso fuera poco, casualmente esa mañana de Viernes Santo, el yate “Rafaely” propiedad del empresario, que se dirigía de San Jorge a Moyogalpa con tres periodistas que iban a cubrir la noticia, naufragó, luego que misteriosamente comenzó a hacer agua en un lago relativamente calmo, por lo que Arcia no descarta la posibilidad de que haya sido sabotaje.

Afortunadamente, los 3 tripulantes y los 3 periodistas fueron rescatados con vida y más tarde el yate fue rescatado llevado remolcado al puerto de Moyogalpa, donde una comisión gubernamental realiza una investigación para determinar las causas del naufragio.

Arcia presentó su denuncia formal el pasado lunes ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos. No todo es luna de miel con los empresarios. Todo el sector privado a través de sus cámaras, y el partido de oposición PLI se ha solidarizado con Milton Arcia y demanda una investigación a fondo del caso, que ha puesto en entredicho la seguridad jurídica de los inversionistas en el país.

Finalmente, en el plano internacional, el gobierno de Ortega ha buscado nuevos socios comerciales y militares, al languidecer la cooperación venezolana y ver como se desploma la economía de este país, a pesar de su riqueza petrolera, con el liderazgo débil, represivo y errático de Maduro, que no es ni la sombra de su mentor, Hugo Chávez.

Ante este panorama, Ortega ha recurrido a un peligroso juego, que ya jugó en los 80 y cuyos resultados todos conocemos: meter a Nicaragua en el tablero internacional alineándose nuevamente con Rusia.

Ahora resulta que los Rusos nos venderán aviones MIG 29 (que cada uno vale 29 millones de dólares) para “combatir el narcotráfico”, una ingrata ironía en un país tan pobre como Nicaragua; además, los rusos entrenarán a la Policía Nacional en temas de “seguridad pública” y “en la lucha contra el narcotráfico” y se anuncia también, que Nicaragua comprará a Rusia otros medios navales y aéreos, como helicópteros… todo ello ¿a cambio de qué?

Todos sabemos que nada de esto es gratis, todo tiene un costo en el tablero del ajedrez mundial, y lógicamente los más pequeños son los países que más tienen que perder. ¿Una base militar? ¿una “estación de reabastecimiento”, para ponerlo en términos menos engorrosos? No lo sabemos.

Lo que si sabemos, es que Nicaragua está a la venta, o mejor dicho: de regalo,  porque al señor Wang Jing, representante oficioso de China Popular, le dieron todo a cambio de nada.

Según la ley 840, que al parecer fue redactada en la oficina de Wang Jing en Hong Kong, el concesionario no tiene ninguna obligación con el Estado de Nicaragua. A lo largo de su articulado se utiliza la palabra “procurará”, en todo lo que refiere a las obligaciones del dichoso empresario chino.

Si así fue de burdo el obsequio de nuestra soberanía a los Chinos, ¿qué podemos esperar de los Rusos? Vladimir Putin no anda con cuentos chinos.