¿Por qué de esto no se habla? La fascinación por la venganza de la organización político-criminal Kirchner. Por Mario Sandoval[1]

 

Es de conocimiento público, confirmado por las denuncias ante la justicia nacional e instancias internacionales, que la organización político-criminal que gobierna actualmente la Argentina, viola los derechos humanos de numerosos prisioneros y perseguidos políticos quienes junto a sus familias son víctimas de amenazas, persecuciones, intimidaciones y discriminaciones por parte de los agentes del estado y sus representantes. Es una realidad. Negarlo es una hipocresía, ser mal honesto o cómplice de esos delitos. La mafiocracia argentina, bajo una corrupción institucionalizada, ejerce un poder absoluto sobre los sectores de la vida republicana, persiguiendo beneficios económicos y políticos.

Los miembros de esa estructura político-criminal recurren cotidianamente a la justicia penal como instrumento de presión y de persecución; la impunidad los protege. Para esos militantes, la cultura de la venganza es una perversión utilizada metódicamente para sobrevivir y defender un sistema que les brinda una rentabilidad ilimitada. Pueden acusar ilegalmente a los prisioneros políticos y a sus esposas de tener hijos de combatientes “desaparecidos” y obligarlos a la extracción por la fuerza del ADN. Según la jueza Servini de Cubría: “Para mí son apropiadores hasta que se demuestre lo contrario”. El ciudadano debe probar que es inocente cuando cae bajo el cono de sospecha. 

Así, un representante de esa escuela del resentimiento, transmitió la posición del gobierno y de sus aliados: Vengo a vengarme, hoy no hay ninguno de los imputados, quizás alguno está viendo en circuito cerrado desde la cárcel, y les quiero decir en la cara que vengo a vengarme….” (Diputado Juan Cabandié, Tribunal Federal n°5, 18/12/2013). Idéntica posición discursiva tienen las asociaciones y organizaciones: Las Madres de Plaza de Mayo, el CELS, las Abuelas de Plaza de Mayo, La Campora, AEDD, Evita, Kolina, et HIJOS…  “no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.”.

Pero el gobierno tiene planificado destruir también el entorno de los presos políticos: así, el vocero de la filosofía del odio, Alfredo Forti, vice ministro de la defensa, afirma: “…la segura continuidad de todo esto que va afectar a todos sus cómplices, amigos, inclusive “familiares que saben lo que sucedió”, y que para nosotros van a ser presuntos responsables ya sea por acción o por omisión o por “encubrimiento de información” que necesitamos para establecer el esclarecimiento de los hechos, lo vamos a continuar, lo vamos hacer…”(04/04/2013,Tucumán).“El odio no es sino la tristeza, acompañada por la idea de una causa exterior”[2]

Esos agentes del Estado, por razones que solo pueden explicarse acudiendo a la psicología y a la psiquiatría criminal, se auto-atribuyen prerrogativas excepcionales (ilegales), estatus inexistentes, misiones de perfectos iluminados, que nadie puede oponerse bajo sanción de ser blanco de los oficiales de persecución. Asociados con los medios de comunicación (Pagina 12, Télam, Tiempo Argentino, 678TV,…) lograron crear ante la opinión publica una nueva figura degradante de: hijo/madre/padre/hermano/esposa/amigo/pariente/abogado/ de un genocida, de un torturador”.  Pero  jamás se refieren a “hijo/madre/padre/esposa/hermano/amigo/pariente/abogado/de terroristas”, ni tampoco nunca comentan, los atentados, secuestros, asesinatos, las victimas, de las organizaciones terroristas de los años 70’. Extraño silencio, cuando la misión de los periodistas es informar.

En un país responsable, respetuoso de la justicia y del estado de derecho, el parlamentario, la jueza, el vice ministro de la defensa, los medios y los representantes de las asociaciones y/o organizaciones que manifiestan públicamente principios contrarios a la ley y al derecho, estarían bajo proceso judicial y seguramente condenados por los numerosos delitos cometidos antes los ojos de la opinión pública. Salvo en Argentina en donde el ciudadano debe protegerse en primer lugar del gobierno, de sus agentes y de las instituciones estatales.

El encanto de la venganza: La organización Kirchner y sus agentes del estado utilizan métodos fascistas, coercitivos, contra los Prisioneros Políticos. El placer del rencor va aún más lejos porque paralelamente persiguen a sus familias con resoluciones administrativas y judiciales violando sus derechos fundamentales:

  • Los ministros de la defensa, de seguridad, la UIF[3] o un juez deciden arbitrariamente sobre los derechos, recursos y bienes de los prisioneros políticos y de su familia.
  • Los jueces inician contra perseguidos políticos procesos por financiamiento del terrorismo (art. 306 CP), a todo el grupo familiar congelan, cuentas, bienes, suspenden pensiones, retiros, en toda arbitrariedad y violando principios constitucionales, tratados y convenciones firmados por la Argentina. Los ministros y los jueces no responden a los recursos respectivos transformando el acceso a la justicia en inexistente.
  • Se persigue judicialmente a las esposas de los Prisioneros Políticos, pero más grave aún a  sus hijos y a las madres de esos Prisioneros Políticos.
  • Se aplican sanciones administrativas y destrucción de carreras profesionales,  a familiares de Prisioneros Políticos por tener el mismo apellido, ejerciendo en la función pública.
  • Los agentes del Estado, las asociaciones, los medios afines al gobierno,  estigmatizan de manera social, criminológica, las familias de los presos políticos.

Pero, a los Prisioneros Políticos, no solamente se les viola esos derechos sino también el principio de legalidad, de no retroactividad, de la prescripción, de la amnistía, del debido proceso y además,  por ejemplo:

  • A los mayores de 70 años se los mantiene ilegalmente en prisión.
  • La prisión preventiva ilimitada es la regla con los Prisioneros Políticos.
  • Ilegalmente se les prohíbe estudiar, formarse, practicar un culto…
  • No reciben el tratamiento médico adecuado cuando la realidad epidemiológica lo precisa.
  • Las instalaciones carcelarias no están adaptadas para recibir los Prisioneros Políticos. Las requisas por parte del personal penitenciario son violentas, constantes, desproporcionales,
  • El tratamiento carcelario es mucho más riguroso que con los presos comunes. Las familias deben ajustarse a decisiones arbitrarias en las visitas, controles excesivos, autorizaciones confusas.
  • Los ministerios de seguridad y de Defensa suspenden ilegalmente los retiros y/o jubilaciones del personal, violando los principios constitucionales, legales, convenciones, tratados…..
  • Decretan la muerte civil y social de los Prisioneros y Perseguidos Políticos: Imposibilidad para los ex agentes del estado, sin condena, de ocupar funciones públicas, académicas o profesionales, violando principios de igualdad ante la ley.

Todas estas acciones solo se pueden realizar con la complicidad de los magistrados, de los funcionarios nacionales y provinciales que se transformaron en verdaderos colaboracionistas de la organización político-criminal denominado gobierno. Hay que recordarles a esas personas que son penalmente responsables, de manera individual, de los actos cometidos con los prisioneros y perseguidos políticos. No podrán argumentar ignorar sus acciones.

Por los objetivos y el funcionamiento de la organización Kirchner, ésta  reúne características propias de la criminalidad internacional definida en la convención de la ONU[4]. 

Una arma particular de persecución: “Usted tiene hijos  ilegales: pruebe lo contrario!!”

En numerosas ocasiones, la justicia, apoyada por las asociaciones, ONG y la prensa oficial, utiliza entre las variantes de venganza, el método de acusar impunemente a un matrimonio o una persona que su (s) hijo (s) son de personas desaparecidas y los acusados deben demostrar que sus hijos son biológicamente suyos. Para ello, se violan tratados internacionales, los principios jurídicos, constitucionales, se invierta la carga de la prueba, se aplica la presunción de culpabilidad, se crean procedimientos especiales e ilegales… Es un tratamiento degradante, una forma de discriminación[5] y violencia de género.

Las víctimas de estas graves acusaciones son el Prisionero o Perseguido Político, la esposa y el hijo designado como ilegal por la justicia. El hijo, si bien es una víctima jurídicamente, no es tratado como tal ni por el juez, las diversas policías o el BNDG[6] y nunca las asociaciones madres, abuelas, hijos… se acercan a ella para acompañarla ante la justicia como en otros procesos.

Hubo, denuncias mediatizadas donde posteriormente se descubrió las falsas acusaciones esgrimidas por la justicia, los medios oficiales, las asociaciones y diversos juicios similares, menos conocidos, con esos mismos resultados. Jamás se reconocieron esos errores, violaciones, equivocaciones. Por ejemplo:

  • Carlos Ignacio Mancuso Giménez. Causa 7602/03 Man­cuso, Car­los Ángel y otra s/supresión del estado civil de un menor, juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5, de Norberto Oyarbide. Resultados finales negativos,  Carlos no es hijo de terrorista.
  • Ernes­tina Herrera de Noble: El 2 de junio de 2011, la Cámara de Casación Penal ordenó que Marcela y Felipe Noble Herrera, los hijos adoptivos de Ernestina Herrera se sometan «a la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas» que les pertenezcan de «manera indubitable» para poder determinar si son hijos de desaparecidos. El tribunal, así, hizo lugar a un reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo. Resultados negativos: Marcela y Felipe no son hijos de terroristas.
  • Barreiro Ernesto Guillermo y otros s/ supresión del estado civil de un menor, causa 1917/14. Juzgado federal n° 4 Ariel Lijo, secretaria n° 7 Javier Arzubiscalvo. El magistrado ordena el allanamiento del domicilio de Ana Maggi de Barreiro (madre) y autoriza al personal policial que se proceda por la fuerza a la extracción de ADN de Irene. La familia Barreiro presentó un análisis de ADN de un laboratorio europeo certificando que Irene Paulina no es hija de terrorista.
  • Julio César Garachico: el fiscal Hernán Schapiro, de la Unidad Fiscal Federal sobre crímenes de lesa humanidad de La Plata, solicita al juez Corazza, juzgado federal n° 3 Mar del Plata  que se compare el ADN de una hija del ex policía Julio César con las muestras de familiares de desaparecidos que se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos.  Resultados negativos en abril 2012. Julia no es hija de terroristas.
  • Y otros casos similares: Jorge Vidal, Gomez….

Los acusadores de estos delitos están exentos de responsabilidades frente a una denuncia perniciosa, los magistrados obedecen y se prestan a una violación más de los derechos humanos, la prensa estatal se felicitan por la publicidad, las ONG y asociación lo utilizan como fondo de comercio. Ningún problema porque es en nombre de los derechos humanos. “Hay que tener una buena memoria después de haber mentido”[7]

Hasta el momento acusaron diversas familias pero nadie puede prever quienes serán las próximas víctimas. Es necesario apoyar, defender los derechos de los presos y perseguidos políticos porque en la Argentina actual lo arbitrario es la regla, recordando las palabras de Niemöller[8]: “Cuando los  nazis vinieron a llevarse a los comunistas,guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había  nadie más que pudiera protestar”.

Las  investigaciones para la identificación de hijos de “desaparecidos”, tienen origen en disposiciones ilegales, inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos, ellas son básicamente:

  • el punto 2.2 del Acuerdo de solución amistosa entre la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y el Gobierno Argentino, en el marco de la petición 242/03 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Con esta imposición se privilegió el interés particular y no general.
  • la ley 26.549, que incorpora el artículo 218 bis al Código Procesal Penal de la Nación correspondiente a la Obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN), con disposición por ejemplo:
  •  “…El uso de las facultades coercitivas sobre el afectado por la medida en ningún caso podrá exceder el estrictamente necesario para su realización,
  • evitar su revictimización y resguardar los derechos específicos que tiene,
  • en ningún caso regirán las prohibiciones de declarar del artículo 242 y la facultad de abstención del artículo 243.
  • la resolución de la Procuraduría General de la Nación 398/12 que aprueba el “Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”.  Una vez más, el gobierno miente con una definición únicamente ideológica porque el Terrorismo de Estado no tiene existencia como sistema o régimen, analizado desde la óptica del derecho político, constitucional o la ciencia política. El Estado no se puede auto-destruir. Ya es hora que dejemos de preguntarnos por lo que entendemos Terrorismo de Estado; el recurso a la fuerza por los Estados está reglamentado de manera precisa por el derecho internacional[9], y como afirmó la Audiencia Española: “La expresión Terrorismo de Estadono existe, el Estado no puede subvertirse a sí mismo”[10].

    

Estas disposiciones son contrarias a la Constitución Nacional, las garantías jurídicas fundamentales, las convenciones y tratados suscriptos por la Argentina o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH). Por otra parte, la justicia argentina no se refiere como numerosos tribunales latino americanos a la recomendación del 10 febrero 1992 del comité de ministros del consejo de Europa, sobre la utilización del análisis de ADN dentro del marco de la administración de la justicia penal, ni a las jurisprudencias de la CEDH…

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos Vázquez Ferrá, Evelin Karina s/incidente de apelación, precisó en su sentencia del 30/09/2003:

  •  “…..la CSJN no consideró necesario que se realizara el examen biológico a Evelin Karina Vásquez Ferrá, debido a que ésta no brindó su consentimiento, y que Ferrá y Policarpo Vásquez confesaron que no eran sus padres biológicos…”
  • “…la Corte señaló también que no es posible forzar a una persona mayor de edad a realizarse un examen biológico en forma compulsiva, y estableció que ella tiene el derecho a negarse a que se le extraigan elementos de prueba en perjuicio de quienes la ley federal autoriza proteger (como es el caso de sus padres adoptivos).
  • La Corte concluyó que las medidas ordenadas en la sentencia apelada con relación a la documentación identificatoria de Evelin Vésquez Ferrá y la extracción compulsiva de sangre, resultaban contrarias a derecho y correspondía su revocación
  • Asimismo, los jueces del máximo tribunal realizaron una interpretación de las normas procesales que prohíben a los hijos declarar en perjuicio de sus padres y que establecen la no punibilidad del encubrimiento a una persona sospechada de un delito con la cual el "encubridor" tiene lazos afectivos estrechos (arts. 278 y 279 del Código de Procedimientos en Materia Penal y art. 279 inc. 3 del Código Penal) y concluyeron que de producirse la medida podría verse afectado el derecho a la intimidad de Evelin (art. 19 de la Constitución Nacional)[11].

 

La teleología del “Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños” (resolución PGN n° 398/12) está basada en la doctrina de la sospecha, la presunción de culpabilidad, la violación de principios constitucionales y jurídicos fundamentales, no respeta numerosas garantías de protección de los derechos humanos.

Ese documento es tendencioso, discriminatorio, viola el principio de inocencia, es una pseudo-diligencia procesal donde solamente se debe escribir un nombre para luego aplicar todos los instrumentos de acusación y crear un perfecto culpable. Confunde voluntariamente indicios y sospechas para centrarse únicamente en esta última y así orientar la investigación hacia la (s) persona(s) seleccionada(s). Esas violaciones están descritas, por ejemplo:

  • 12 indicadores generadores de sospecha: el  nacimiento entre 1976-1983 de un  hijo de un ex agente del estado o enemigo del gobierno, es el mayor y primer elemento de culpabilidad.
  • 4 fuentes de inicios de investigación donde la sospecha está determinada como medidas de pruebas en los casos de apropiaciones: La sospecha no es una prueba indirecta, ni directa.  No se la  puede utilizar para el dictado de ningún tipo de sentencia.
  • 10 Medidas tendientes a acreditar la hipótesis de nacimientos fraguados: entre ellas solicitar  secuestros, registros domiciliarios, habilitar a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo como única fuente de consulta para que se expida al respeto e integrarla así a la investigación,
  • 8 medidas para identificar los autores y participes: orientadas en particular hacia los agentes del Estado de los años 70, solicitando la competencia de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, si fuese necesario al Cels u otras entidades de dudosa objetividad.
  • Numerosas diligencias “a fin de obtener material genético de la persona presuntamente apropiada o los imputados es necesario establecer la residencia fehaciente de la presunta víctima  en el domicilio a registrar; se recomienda ponderar la posibilidad  de intervenir las líneas telefónicas  de los involucrados, deberá evaluarse  la conveniencia  de prohibir  la salida del  país de los involucrados, disponer alertas migratorias y realizar tareas investigativas sobre sus domicilios”. Medidas dignas de un estado totalitario.
  • Una vez  verificada la existencia de indicios (es decir que hubo resultados negativos de los 34 indicadores o en su mayoría) que ponen  de manifiesto la posible comisión del delito de sustitución de identidad y de apropiacióncorresponderá adoptar medidas orientadas a obtener una muestra de ADN…” (punto 3 del protocolo). Pero este procedimiento no se respeta, se invierte o se orienta para llegar a este estadio.
  • La ilegalidad en la obtención compulsiva de ADN: « En caso de que mediara voluntad  por parte de la persona, la muestra será obtenida por personal del BNDG. Caso  contrario, la muestra deberá ser obtenida de forma compulsiva conforme al parámetro de proporcionalidad y orden de prelación indicado por el artículo 218 bis del CPPN»…queriendo justificar que “Los métodos compulsivos de obtención de muestras se encuentranreconocidos por la norma y convalidados por la jurisprudencia. ¿Cuál es la legalidad y legitimidad en ese argumento dado que es en la Causa n° 13.957, Sala II de la CNCP, "Noble Herrera, Marcela s/ recurso de casación.", del 02/06/2011 en el que se constató la irresponsabilidad de las acusaciones, y se comprobó científicamente que los hijos adoptivos de la Señora Noble no son hijos de terroristas desaparecidos?

 

Particularmente en el punto 3 del protocolo “determinación de la identidad biológica”, las disposiciones sobre los métodos compulsivos de obtención de muestras de ADN hacen caso omiso que se “debe tener plenamente en cuenta y no vulnerar principios fundamentales como”:

  • La dignidad inherente a la persona y el respeto al cuerpo humano.
  • Los derechos de la defensa
  • El principio de proporcionalidad en el ámbito de la justicia penal.[12]

 

Además, las garantías fundamentales son vulneradas, por ejemplo:

1-Violación a la Convención Americana sobre derechos humanos:

  • Artículo 1.1: las obligaciones de respetar y garantizar
  • Artículo 5.3: constituye una medida de carácter penal degradante que transciende la persona del penado o procesado, viola el derecho al tratamiento humanitario
  • Artículo 11[13]: lesiona la dignidad de las personas sometidas a tal procedimiento, viola el derecho a la intimidad, a la honra.
  • Artículo 17.1: el derecho de la familia de ser protegida por el Estado.
  • Artículo 24[14]: es discriminatoria en perjuicio de las mujeres[15]
  • Artículo 25: las obligaciones positivas del Estado

La CADH no autoriza la suspensión de los derechos incluso en circunstancias extremas (art. 27.2) entre ellos el derecho a la integridad personal (art. 5) y la protección de la familia (art. 17),  ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

“….A este respecto debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el "orden público" o el "bien común" como medios para suprimir un derecho garan­tizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (art. 29.a)[16].  Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las "justas exigencias" de "una so­ciedad democrática" que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos inte­reses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención[17]

2- No respeto a las Observaciones Generales del Comité de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo:

  • Observación general  n° 19 (1990),  protección de la familia (artículos 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
  • Observación general n° 16 (1988), derecho a la intimidad
  • Observación general n° 18 (1989) no discriminación
  • Observación general  n°  20 (1992) Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La finalidad del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es proteger la dignidad y la integridad física y mental de la persona

 

3-Violacion a diversas garantías de asistencia y protección por parte del Estado, previstas en:

  • Artículos 17 y 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
  • Artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966),
  • Artículo VI  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (OEA 1948), protección de la familia
  • Artículo 15.1: Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (OEA 1988), protección de la familia 
  • Articulo 16.1,3 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
  • Opinión consultativa n° 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

4- No aplicación de la jurisprudencia europea, por ejemplo:

  • Comisión Europea de Derechos Humanos: casos: X c. Austria, demanda n° 8278/78, decisión del 13/12/79 y caso X c. Países Bajos, demanda n° 8239/78, decisión del 04/12/78, en los cuales la CEDH ha manifestado que “la ejecución forzosa de un examen de sangre a una persona constituye una privación de libertad (articulo 5 CEDH) aunque sea por un corto espacio de tiempo...”.
  • Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): casos: S y Marfer c. Reino Unido, demandas 30562 y 30566/2004, decisión 04/12/2008, La conservación de datos y pruebas por las personas no condenadas es contrarias al derecho a la intimidad la que engloba aspectos de la identidad física y moral[18], previsto en  artículo 8 de la CEDH. El Tribunal europeo:
  • recuerda que…”La Ley ha de ser suficientemente accesible y previsible, es decir, ha de estar enunciada con la suficiente precisión para permitir que la persona –asistida en su caso por un abogado– regule su conducta. Para que se la pueda juzgar conforme a estas exigencias, debe ofrecer una protección adecuada contra lo arbitrario y, en consecuencia, definir con suficiente claridad el alcance y las modalidades de ejercicio de la facultad que se confiere a las autoridades competentes (Sentencias Malone contra el Reino Unido del 2 agosto 1984 y Rotaru contra Rumanía del 04/05/2000…)”. (Punto 95).
  •  “…reafirma que se ha de considerar que el mero hecho de que las autoridades públicas conserven o memoricen datos de carácter personal, cualquiera que sea la manera en la que hayan sido obtenidos, tiene unas consecuencias directas en la vida privada de la persona afectada, tanto si se utilizan o no estos datos posteriormente”. (Punto 121).
  • La recomendación n° 1 (1992) del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la utilización del análisis de ADN dentro del marco de la administración penal,  por ejemplo:
  • La igualdad de armas: Los Estados deberán garantizar en los análisis de ADN la intervención de un perito independiente (Punto 9).  Pese a que el artículo 8 de  la ley 26548, así lo dispone, los magistrados no  aplican esa obligación o intentan evitarlo.
  • “ Podrán obtenerse análisis de ADN de un laboratorio o institución establecido en otro país siempre dicho laboratorio o institución satisfaga todos los requisitos establecidos en la presente recomendación” (Punto 12)
  • El informe explicativo de la Recomendación n° 1(1992), CM (91)220 del 17/12/1991, teniendo presente la inviolabilidad del cuerpo humano, indica por ejemplo:
  • “…el ámbito de aplicación de la Recomendación (la obtención de ADN) no se limita al sospechoso, también a otras personas que pueden estar involucrado en una investigación criminal, como las víctimas…con su consentimiento…”. (Punto 38)
  • “…las normas jurídicas son también diferentes en función de muestras íntimas o muestras no íntimas. En general, la toma de muestras íntimas es posible sólo con el consentimiento escrito de la persona interesada. La negativa de un sospechoso para dar su consentimiento por escrito puede ser considerado un otra prueba de su culpabilidad y aceptado por el tribunales en su contra…” (punto 40)
  • “…el principio general es que las informaciones se eliminen cuando ya no sean necesarias para los fines para los que fueron recogidas y utilizadas…”, (punto 50).

¿Quiénes están detrás de estas persecuciones donde la venganza es su forma de vida y participan a la construcción de un califato del odio?,  entre ellos, por ejemplo:

  • La Procuraduría General de la Nación, los fiscales, jueces, funcionarios de policía, Banco Nacional de Datos Genéticos, los parlamentarios, servicios de informaciones, y los agentes del Estado en  general.
  • La AEDD, asociación integrada por ex terroristas para quienes “La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia” (publicación 26-06-2011).
  • Página 12, Télam, Tiempo Argentina, programa 678: con el carné de prensa actúan como procuradores del pueblo, comisarios políticos, acusan impunemente a toda persona que integre el estatus de enemigo. Son los voceros del régimen.
  • Asociaciones: Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, La Campora, Evita, Kolina …, organizaciones de persecución, de control ideológico, otorgando diplomas de moralidad. Pueden acusar impunemente para ejecutar sus objetivos.
  • Para la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los represores de la última dictadura militar son "genocidas peligrosos que no se arrepienten y que volverían a actuar igual, por lo que tienen que estar en cárceles comunes" (Pagina 12, 08 mayo 2012)
  • Hijos: “Reivindicamos la lucha de nuestros padres, madres y sus compañeros por un país justo, sin miserias ni exclusiones”, es decir las lucha, las acciones armadas (entre sus puntos básicos)  
  • La Campora: Que tienen entre otros objetivos: a) acompañar y promover las distintas acciones del gobierno nacional relativas al juicio y castigo de los genocidas de la última dictadura y a las reparaciones del daño que le hicieron a nuestro país, b) Investigación sobre las complicidades y beneficios de empresarios aliados a los dictadores, c) Colaboración con la capacitación de las fuerzas de seguridad. Por sus misiones es un organismo del Estado
  • Movimientos Evita,  Nuevo Encuentro, Unidos y Organizados, Quebracho. Organización Túpac Amaru y otros son estructuras que viven de los recursos del Estado, son en realidad instituciones oficiales del gobierno.
  • Cels: organismo oficial encargado de la ideología del gobierno. Cumple misiones específicas de control de las fuerzas armadas, de seguridad, la justicia, la diplomacia…, sus integrantes aconsejan al gobierno y a la justicia violar los derechos humanos de numerosos ciudadanos. Son responsables de graves violaciones de  principios jurídicos universales. 
  • El lema general que comparten estas agrupaciones violadores de los derechos humanos son: “No perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos”, o  Como a los nazis les va a pasaradonde vayan los iremos a buscar”. Hasta el vicepresidente Boudou lo canta en el congreso de la nación el 24 marzo 2012.

Entre los miembros de estas asociaciones y organizaciones, están los primeros combatientes  y simpatizantes de la violencia armada de los años 70. Ni ellos ni sus familias, nunca presentaron públicamente, sinceramente, sus excusas a la sociedad por el daño ocasionado, ni a las víctimas que ellos provocaron. Junto con el gobierno, son y serán los únicos responsables del futuro argentino por la política del odio y venganza que aplican sin límites. Los resultados son inimaginables si no interviene la concordia y la pacificación nacional. Solamente el gobierno y sus agentes pueden poner freno a la venganza, al odio, al rencor…..depende únicamente de su buena voluntad. 

Par ir más lejos: La sociedad argentina no puede observar pasivamente lo que en el año 430 ap. JC,  decía San Agustín:A fuerza de ver todo, se termina por soportar todo. A fuerza de soportar todo, se termina por tolerar todo. A fuerza de tolerar todo, se termina aceptando todo. A  fuerza de aceptar todo, finalmente aprobamos todo”.

Los que atacan ilegalmente una parte de la sociedad argentina, los enemigos de la reconciliación, los generadores del odio, deben recibir una punición ejemplar por los hechos que cometen. ¿Cómo conservar actitudes distantes frente a victimas que sufren  prácticas humillantes, degradantes, ilegales? Es necesario poner fin a ello por todos los medios y formas. Jueces honestos tienen que intervenir rápidamente para juzgar los responsables de esas acciones. En estas circunstancias la justicia del pueblo también es legal y legítima. Mario Sandoval*, Paris, 18 octubre 2014, marios46@hotmail.com

 

PP

 

 

 

 

 

 


 

Modelo de sol ocho rayos x la condición de PP.

 

*No reconozco el gobierno argentino actual de la organización Kirchner, sus instituciones, sus autoridades nacionales, provinciales, judiciales, administrativas, legislativas. No reconozco las decisiones de justicia de la CSJN, de los tribunales inferiores que violan los principios esenciales de los derechos humanos de los ciudadanos.

 



[1] Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a  nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Regularmente realiza conferencias, asesorías, publicaciones y organiza coloquios a nivel internacional. Miembro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias.

[2] Espinosa, Ética III, escolio, proposición 13.

[3] Unidad de Inteligencia Financiera

[4] Resolución 55/25 AG du 15-11-2000 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. http://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/ 

[5] Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia ( 05 junio 2013) y Ley 23592

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp

[6] Banco Nacional de Datos Genéticos

[7] in El mentiroso, 1644 de Pierre Corneille.

[8] Poema “Cuando los nazis vinieron por los comunistas” Martin Niemöller (1892- 1984) 

 

[9]A/59/2005, párrafo 91, informe del Secretario General de la ONU. 

[10] Audiencia Nacional, Sala Penal, auto n°8/2008, negativa extradición solicitada por la Argentina contra la ex presidenta María Estela Martínez viuda de Perón.

[11] In puntos 15 y 23.1.a del Informe CIDH n° 160/10, petición 242-03, solución amistosa Luca de Pegoraro y otros, 01 noviembre 2010.

[12] Preámbulo de la Recomendación n° 1(1992) del Comité de Ministro del Consejo de Europa sobre la utilización del ADN dentro del marco de la administración de justicia penal.

[13] CADH: Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

[14] CADH: Artículo 24.  Igualdad ante la Ley: Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

[15]  In Informe CIDH  n° 38/96, caso 10.506, Argentina, 15 octubre 1996.  

[16] CADH: Artículo 29. Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:  a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

[17] CIDH: Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párrafo 67

[18] Caso Mikulic c. Croacia, demanda n° 53176/1999, decisión 07/02/2002