LA JUSTICIA TRANSICIONAL COMO VENGANZA

EL CASO ARGENTINO

 

Por Victoria Villarruel[1]

 

INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de justicia transicional, la República Argentina se presenta como un ejemplo ineludible; casi no existe libro o publicación  que  estudie el tema y no incluya a la Argentina como ejemplo de su aplicación.

Sin embargo, quiero decirles que en mi país, con excepción de núcleos muy reducidos,  nadie sabe de qué trata la justicia transicional, ni siquiera quienes están siendoprocesados o condenados por aplicación de las iniciativas de enjuiciamiento, como tampoco sus abogados, ni la prensa, y menos aún el público en general.  ¿Cuál es el motivo?...

La Argentina es un país del cual muchos extranjeros se enamoran a primera vista, pero como decía Saint  Exupèry en su famoso libro “El Principito”: lo esencial es invisible a los ojos, y de alguna manera en la Argentina lo esencial, es decir la verdad o la realidad, no se ven ni se perciben con facilidad. Parafraseando entonces a Saint  Exupèry, en la Argentina la verdad es invisible a los ojos.

Diría que a la Argentina no la entienden ni los propios argentinos, cuánto más, entonces,  un extranjero que muchas veces interpreta y escribe de buena fe sobre fenómenos sociales o políticos, a partir de la literatura que se publica en mi país. Por ello, en este caso particular, la ausencia de un adecuado trabajo de campo lleva a conclusiones e interpretaciones parciales de la verdad, confundidas por un relato oficial interesado.

Quiero entonces contarles  lo que está detrás de lo que se cree que ocurre en la Argentina, y cómo los instrumentos de la justicia transicional, destinada a la pacificación de las sociedades que emergen de un conflicto armado interno, terminan por convertirse en un instrumento de venganza internacionalmente legitimado, contrariando y banalizando los principios para los que fue concebido.

 

LA HISTORIA OFICIAL

Todo aquel que se interesó por  la Argentina conoce que en 1976 los militares dieron un golpe de Estado, instauraron una dictadura, e hicieron desaparecer a 30.000 personas. Posteriormente la lucha de “Madres de Plaza de Mayo” permitió que se juzgue a los militares aplicando los principios de la justicia transicional.

Sin embargo, quiero advertirles que ésta es la “historia oficial” que el gobierno quiere internacionalmente difundir, pero está parcialmente relatada y existen motivos espurios para que así sea.  

Para comprenderse esta cuestión, debo necesariamente  hacer algunas referencias históricas básicas aunque he de simplificar la compleja historia Argentina para su mejor comprensión. En primer lugar veamos el origen del conflicto:

 

ORÍGENES DEL CONFLICTO

 

Durante la década del ’60, en el marco de la Guerra Fría[2], América Latina debió lidiar con una realidad socioeconómica de atraso en el desarrollo, pobreza, miseria, analfabetismo y semi-analfabetismo, condiciones que en muchos casos aún perduran,  regímenes políticos “de jure” pero no democráticos, y aún regímenes militares “de facto” y autoritarios, muchas veces con altos grados de corrupción, que constituyeron un escenario apropiado para el surgimiento de grupos armados que intentaron implantar el socialismo revolucionario con urgencia, sin consenso y utilizando métodos terroristas, sin reparar en que sus “objetivos“ fueran  gobiernos constitucionales o militares . 

 

 

PRINCIPALES INFLUENCIAS: LA REACCION DE LOS JÓVENES:

Esa situación dio lugar a que grupos de jóvenes argentinos, por lo general pertenecientes a una clase media sin necesidades económicas, pero políticamente insatisfechos y motivados por el impacto de la revolución cubana,  muchos de ellos de  religión católica, deslumbrados por los principios de la teología de la liberación,  decidieran abrazar la lucha armada como estrategia para la toma del poder tras la premisa de la búsqueda de un “mundo mejor”.

 

Numerosas publicaciones, documentos y libros escritos por sus protagonistas, salieron a la luz pública en los últimos años, confirmando la intención de estos grupos de tomar el poder.

 

 LAS ORGANIZACIONES ARMADAS:

 

Surgieron así aproximadamente 17 organizaciones armadas, cinco de ellas de alcance nacional: FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), Montoneros y el PRT-ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Las dos últimas fueron las que alcanzaron desarrollo internacional y llegaron a estructurar ejércitos revolucionarios decididos a enfrentar abiertamente a las autoridades estatales en un conflicto armado,  lo que fue pública y reiteradamente reconocido por los dirigentes de dichas organizaciones.

 

LAS CONSECUENCIAS

 

Tanto en gobiernos de facto como en gobiernos democráticos  las acciones de las organizaciones armadas fueron incrementándose y se desarrollaron en forma de “guerrilla rural clásica” y de “guerrilla urbana”.

 

La principal táctica de estas organizaciones fueron los ataques terroristas que dejaron un dramático saldo de asesinatos y secuestros de civiles, militares y policías, tomas de rehenes, extorsiones, robos a mano armada, asaltos y tomas de guarniciones militares a gran escala, todo ello con empleo de armamento de guerra, bombas y explosivos, que causaron muertes y/o destrucción y propagaron el terror entre la población civil. Se han contabilizado más de 21.000 atentados de diferente magnitud desde 1969 a 1979.

 

LA RESPUESTA DEL ESTADO

 

Hasta 1971 las acciones de los grupos armados habían sido una cuestión policial y se resolvían en la justicia ordinaria, a partir de ese año la creciente situación de violencia motivó diferentes medidas:

  1. Primero se creó un tribunal especial para juzgar a los terroristas[3];

 

  1. Ya en 1973 se declaró ilegal al ERP, una de las dos organizaciones armadas  más importantes.

 

  1. Un año más tarde en 1974 se aprobó una ley que endureció las penas[4].

 

  1. En septiembre de ese año se promulgó una ley antisubversiva[5].

 

  1. En noviembre de 1974 se impuso el estado de sitio[6].

 

  1. Meses después, en febrero de 1975, el gobierno ordenó al Ejército combatir a la guerrilla del ERP y otros en la zona de Tucumán.

 

  1. A fines de ese año el gobierno declaró ilegal a la organización Montoneros.

 

  1. En noviembre de 1975 el gobierno ordenó perseguir a las organizaciones armadas en todo el país,

Pese a todas éstas medidas los atentados terroristas, secuestros, ataques a unidades militares etc. no sólo no disminuían sino que se incrementaron y cuatro meses después las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.

 

Seguidamente me voy a referir brevemente al golpe de estado de 1976, vamos entonces a concentrarnos en éste período de la historia 

 

EL GOLPE DE ESTADO

 

A mediados de la década del ’70 la situación política estaba seriamente comprometida, el gobierno democrático del presidente Perón [que está indicado en color  en verde]  no pudo controlar la violencia de las organizaciones armadas y a su muerte [1° de julio de 1974], su esposa Isabel Martínez de Perón a cargo de la presidencia de la República, con un poder político mermado, tampoco pudo contener el incremento de los ataques terroristas, por el contrario, se incrementaron. 

 

Los medios de comunicación contabilizaron un promedio de cinco atentados diarios. Para 1975 las víctimas civiles continuaban en ascenso y el “ejército Montonero” logró derribar un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, hundir un destructor misilístico de la Armada y atacar el Regimiento de Infantería de Monte N° 29 de Formosa del Ejército, matando a soldados conscriptos y oficiales desarmados.

 

En ese contexto se produjo un golpe de estado militar el 24 de marzo de 1976, apoyado por varios partidos políticos, incluido el Partido Comunista[7]

 

Las Fuerzas Armadas iniciaron una fuerte represión que logró detener la violencia tres años después, registrándose el 13 de noviembre de 1979 uno de los últimos ataques terroristas a un civil, en el que murió el empresario de origen suizo, Francisco Soldati y su chofer.

 

Si bien las acciones de las Fuerzas Armadas pueden considerarse efectivas, la metodología de las desapariciones empleada, que siempre he repudiado, provocó según las afirmaciones más serias y confiables 7954[8] víctimas. Aunque ha sido difundida, y mediáticamente impuesta la cifra de 30.000 desaparecidos, el ex integrante de la organización Montoneros, Luis Labraña[9], reconoció que fue él, “a pedido de gente de Holanda”,  quien elevó la cifra a 30.000 desaparecidos para impresionar a la opinión pública internacional.

 

EL SALDO DEL CONFLICTO

 

Antes de continuar veamos rápidamente las consecuencias generadas por el conflicto interno:

A: Por un lado están las víctimas civiles y no combatientes producidas por las organizaciones armadas, equivalentes a las víctimas del Subterráneo de Londres, o de las Torres Gemelas de NYC, o de la estación de Atocha en Madrid, quienes fueron olvidadas por el Estado y recién en 2014 la ONG, que yo presido, pudo llegar a una cifra de 17382[10], de las cuales 1094 son muertos. Estas víctimas son la consecuencia de más de 21.640 atentados[11]  nunca fueron consideradas ni reparadas por el Estado, por el contrario, fueron objeto de una dolosa ignorancia.

 

B: Los integrantes de las organizaciones armadas considerados desaparecidos son 7954 pero el número real es menor, porque desaparecido no es aquella persona cuyo cuerpo haya efectivamente desaparecido, sino todo aquel que fue detenido por el Estado y no se haya informado, como lo establece la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, con lo cual, aquel que haya sido ilegalmente detenido aunque fuese posteriormente liberado, también es considerado como desaparecido. En este caso, como dijimos, fueron publicitados con el fin de impactar a la opinión pública internacional 30.000 víctimas desaparecidas.

 

LA PRIMERA TRANSICIÓN

 

En 1983, el gobierno militar entregó el poder político, se celebraron elecciones y el presidente Raúl Alfonsín inició la primera transición a la democracia.

 

  1. El presidente creó una comisión especial, la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, similar a las comisiones por la verdad para recoger denuncias sobre los hechos, pero sólo escuchó a familiares de ex integrantes de las organizaciones armadas o víctimas de abusos del Estado y dejó en el olvido a los civiles y no combatientes victimizados por dichas organizaciones.

 

  1. Ordenó juzgar las Juntas Militares y a los responsables de las organizaciones armadas.

  

  1. Dispuso la reparación asimétrica únicamente a los familiares de los desaparecidos, ignorando a las  víctimas civiles de los atentados terroristas.

 

  1. Promulgó una ley de amnistía que contemplaba a los integrantes de las organizaciones armadas y a los agentes del Estado.

 

No obstante la manifiesta asimetría, absolutamente violatoria de los derechos de las víctimas civiles y no combatientes, la Argentina había logrado la pacificación y la cuestión se daba por superada.

 

LA SEGUNDA TRANSICIÓN

 

Veinte años después el gobierno impulsa un nuevo proceso de justicia transicional. Sin embargo era  muy difícil convencer a una sociedad de la necesidad de volver a aplicar la justicia de transición a una situación donde no existía transición alguna.

 

Recordemos que la verdadera transición había terminado en 1987, luego del juicio a las Juntas militares, la amnistía y la reparación asimétrica de las víctimas, lo que explica los motivos por los que el gobierno a partir de 2003 ocultó a la ciudadanía que se estaba valiendo de los principios de la ONU para sociedades que emergen de un conflicto, dado que en realidad el conflicto se había superado.

 

El nuevo presidente llegó al poder en 2003 en medio de una profunda crisis política y asumió con solo el 22% de los votos. Era evidente que la escasa legitimidad inicial comprometía su gestión exponiéndolo a la ingobernabilidad.

 

Para superar esta situación, decidió implementar varias medidas políticas de carácter radical, una de las cuales fue reabrir  juicios a los militares que habían participado en la represión en la década del ’70, alcanzando a compensar el escaso caudal electoral con una cruzada por los derechos humanos que logró una opinión pública favorable.

 

Se inició así la transición, por segunda vez, pero en esta oportunidad e insólitamente, se  trató de una transición entre una democracia y otra democracia, fuera de los supuestos que proponen los instrumentos de la justicia transicional.  

 

Es fundamental destacar que el ex presidente Kirchner se comportó políticamente como si estuviese recibiendo el gobierno de manos de una dictadura, que necesita una transición hacia la democracia, ignorando 20 años de gobiernos democráticos previos.

 

ELEMENTOS DEL CONFLICTO

 

Antes de entrar en profundidad en el segundo proceso de transición a modo de síntesis recordemos brevemente la génesis y el desarrollo del conflicto: a partir de la década del ’60 y hasta 1980 las organizaciones armadas atacaron tanto a civiles como al Estado y sus agentes dejando más de 17,000 víctimas directas inocentes. 

 

A partir de 1975 las organizaciones armadas comenzaron a ser reprimidas por el Estado proceso que se incrementó a partir del golpe de Estado de 1976, dando lugar así a los desaparecidos. Quedaron entonces víctimas civiles y no combatientes por un lado y víctimas de las organizaciones armadas por el otro[12].

 

No obstante, el conflicto y sus consecuencias se desnaturalizaron porque en lugar de contemplar de manera “holística”, como lo recomienda la Justicia Transicional, a todos los factores que intervinieron, éste se parcializó y se creó la “historia oficial”, tanto desde el punto de vista político como jurídico. En esta “historia oficial” se consideró que el conflicto se había producido entre disidentes políticos que se oponían a una dictadura y que fueron victimizados por agentes del Estado, categorizados como “terroristas de Estado”.  De esta manera, los integrantes de las organizaciones armadas, adquirieron el rol de víctimas del terrorismo, naturalmente de Estado, eludiendo así toda responsabilidad ante sus propias víctimas civiles.

 

Cuando uno estudia la génesis del conflicto, a la luz de los principios de la justicia transicional, ve con claridad la parcialidad aplicada en la Argentina y surge de manera manifiesta que, no sólo los derechos de las víctimas inocentes del terrorismo fueron arrollados, sino también los derechos de los agentes del Estado actualmente sometidos a proceso en nombre de la justicia transicional, donde los ex terroristas en no pocos casos actúan como querellantes (fiscales privados).

 

CARACTERISTICAS DE LA SEGUNDA TRANSICIÓN

 

1-El primer problema que enfrentó el gobierno fue la oposición de los jueces a reabrir contra los militares, causas que habían fenecido por prescripción, en violación de la garantía constitucional del debido proceso, en consecuencia el gobierno inició una depuración del Poder Judicial, reemplazando a cuatro ministros de la Corte Suprema, condicionando previamente a los nuevos integrantes para que dictaran sentencias condenatorias a los miliares.[13] Más de 90 jueces, fiscales e incluso defensores oficiales fueron desplazados de sus funciones, anulando con ello la independencia del Poder Judicial[14].

Aquellos integrantes del Poder Judicial que se opusieron fueron exonerados, presionados para que se jubilaran, obligados a renunciar o denunciados ante el Consejo de la Magistratura,  dominado por el “kirchnerismo” y encargado del jury de los jueces.

 

La Corte a su vez obligó a los tribunales inferiores a cumplir con su jurisprudencia.

 

2- Mientras esto ocurría, el Poder Ejecutivo ordenó a los jefes de las Fuerzas Armadas a pedir públicamente perdón por segunda vez, por los hechos de la década del ’70,

 

3-No obstante, fueron necesarias más acciones específicas, se anuló la ley de amnistía que cerró la primera transición, de manera asimétrica.  El Congreso[15] controlado por el partido oficialista declaró la nulidad de la amnistía y de los indultos, únicamente para los agentes del Estado, manteniendo su vigencia para los integrantes de las organizaciones armadas que cometieron actos de terrorismo.

 

Ello planteó una nueva discriminación entre víctimas: mientras las víctimas de abusos del Estado pueden perseguir penalmente a los militares, las víctimas del terrorismo no pueden hacer algo similar por lo que quedan impunes sus delitos.

 

4- Con el objeto de asegurar las condenas se crearon organismos especiales para aumentar la acusación en desmedro de la defensa. Por ejemplo, además de los fiscales, la Secretaría de Derechos Humanos perteneciente al Ministerio de Justicia, fue aceptada como querellante en los juicios, es decir el Estado acusa dos veces y, en el caso de que el tribunal de juicio esté asentado en una Provincia se suma la Secretaria de Derechos Humanos provincial como querellante. 

 

5- Se aprobaron más leyes y beneficios asimétricos para los ex integrantes de las organizaciones armadas.

Las reparaciones a los familiares de los desaparecidos aumentaron el valor de las indemnizaciones  durante los mandatos de los presidentes siguientes,  alcanzando en 2008 el monto de U$S 1.925.000.000[16].

 

Se planteó así una insólita discriminación entre víctimas por parte del Estado argentino, que dejó a las víctimas de las organizaciones armadas terroristas sin derechos, contrariamente al criterio internacional que prima en estos casos, tal como ocurrió con las víctimas de ETA en España y de Al Qaeda en los EE.UU., etc. 

 

En otras palabras, lo operado por el gobierno argentino es equivalente a que el gobierno de los EE.UU. ignorase a las víctimas de las Torres Gemelas y reparase a los familiares de los militantes de Al Qaeda

 

6- Como los delitos por los que se había acusado en 1985 a las Juntas Militares es decir a los máximos responsables durante la primera transición, habían prescripto, para poder reabrir los juicios de los agentes del Estado de menor jerarquía,  los mismos hechos fueron arbitrariamente calificados como delitos de lesa humanidad que tienen la característica de no prescribir.

 

Pero el Estado se encontró con otro problema ya que en el derecho interno los delitos de lesa humanidad nunca habían sido tipificados, y consecuentemente debía regir el principio del derecho Nulla Poena Sine Lege praevia. Consecuentemente en noviembre de 2003, veintitrés años después de los hechos, la Argentina ratificó la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de guerra y Delitos de Lesa Humanidad de la ONU y la aplicó retroactivamente a los hechos de los ’70, violando el principio de legalidad[17].

 

7- Dió soporte económico y político a las ONGs que reclamaban derechos de las organizaciones armadas. Desde el 2003 hasta la actualidad Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han recibido millones de Pesos en subsidios, y sus militantes son funcionarios de gobierno en los distintos niveles.

 

8- Por otra parte el gobierno:

  • Impulsó homenajes y reconocimiento público a los integrantes de las organizaciones armadas por su condición de víctimas de las acciones de los agentes del Estado. En consecuencia, hoy existen  homenajes a reconocidos terroristas en todas partes del país.

 

  • El gobierno creó museos de la memoria, pero destinados a recordar únicamente las acciones de los agentes del Estado, ignorando los mas de 21.000 atentados padecidos por la población civil.

           -  Realizó con fondos públicos numerosos actos vinculados a favor de los desaparecidos, sin embargo nada se hizo en favor de las víctimas civiles.

 

EL VALOR DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

 

Aunque no es la única violación al principio de legalidad y consecuentemente al debido proceso es tal vez la de mayor trascendencia, por ello voy a detenerme en esta garantía penal.

 

La plena vigencia de este principio es una característica del sistema jurídico moderno y piedra angular del debido proceso. Su violación, parafraseando a Alexander Hamilton[18], supone la ruptura de la principal herramienta de protección contra una tiranía. Este principio del derecho internacional, vigente en la mayoría de las constituciones de todo el mundo es el que nos permite actuar libremente dentro de la ley, porque nos asegura que las conductas obradas, aunque en el futuro sean consideradas un delito, no pueden ser  perseguidas penalmente[19] por el Estado.

 

Los orígenes de este principio se remontan a los comienzos del derecho romano, y se suele invocar por medio de una expresión latina del siglo XIX: nullum crimen, sine lege [nulo crimen,  sin ley previa] o  nulla poena sine prævia lege  [nula pena sin ley previa].

El principio de legalidad es reconocible en el Art. VIII de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada durante la revolución francesa de 1789 y con anterioridad en la Carta Magna[20] inglesa impuesta por los nobles al débil rey "Juan Sin Tierra" [1167-1216] el 15 de junio de 1215, considerada como la base de las libertades constitucionales del Reino Unido.

Este principio se recepta en el Art. 18 de la Constitución Nacional de Argentina,

 

la Argentina se encuentra obligada por nueve tratados internacionales al cumplimiento del principio de legalidad, de los cuales dos tienen jerarquía constitucional, y es claramente una norma de ius cogens. No es menor entonces, el principio que el gobierno argentino decidió violar para llevar adelante los actuales juicios contra los militares.

 

Todas las medidas implementadas por la Justicia fueron consideradas por la Corte Suprema “Política de Estado” y los militares terminaron condenados en juicios que infringen el respeto a principios acordados por la comunidad internacional, incluso aquellas normas con naturaleza de ius cogens a las que el Estado no se puede oponer.

 

La violación al principio de legalidad, es particularmente trascendente por la relevancia del principio violado, pero no es la única. Una verdadera catarata de violaciones a principios y derechos tanto del derecho interno como del internacional es susceptible de ser identificada en los procesos que se llevan adelante en la Argentina, afectando la seguridad jurídica y el debido proceso[21] legal que constituyen las garantías mínimas para cualquier ciudadano ante la sed punitiva estatal.

 

Podemos concluir entonces  que la decisión de violar tratados internacionales adoptada por el gobierno argentino no se circunscribe exclusivamente al ámbito de los derechos humanos, es una lamentable práctica que también se extendió a otras actividades, ello implicó la condena en 2014 de la Organización Mundial del Comercio OMC y del Tribunal Arbitral del Banco Mundial  CIADI[22].

 

CONSECUENCIAS ACTUALES DE LA SEGUNDA TRANSICIÓN

 

Luego de 11 años de aplicar la política implementada por el Poder Ejecutivo, pueden apreciarse las siguientes consecuencias:

 

A: La víctimas de las organizaciones armadas no lograron ejercer la persecución penal de sus perpetradores, ni recibieron reparación alguna del Estado. No figuran en ningún Museo de la Memoria, ni tienen reconocidos ninguno de sus 3 derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación.

 

B: Los familiares de quienes pertenecieron a las organizaciones armadas recibieron al 2014  más de dos mil millones de dólares en reparaciones, susceptibles de ser consideradas  parte del Programa de reparacionesprevistas por el ACNUDH, y persiguieron penalmente a civiles y militares por los hechos de los ’70. Esos familiares fueron políticamente homenajeados y reivindicados y ocupan cargos públicos. Ahora también persiguen a las empresas por la supuesta responsabilidad de sus ex dirigentes.

 

C: En cuanto a los agentes del Estado: hasta hoy más de 1800 agentes civiles y agentes del Estado cuyas edades oscilan entre los 60 y los 90 años[23]  fueron imputados, y se los somete a un régimen violatorio de los derechos humanos. De ellos 255 fallecieron en prisión sin sentencia firme.

 

Debe agregarse además, el odio que ya se percibe entre grupos de jóvenes,  por un conflicto que las anteriores generaciones no supieron resolver adecuadamente.

 

CONCLUSIÓN

 

Mientras se convencía al mundo interesado y sensible a las violaciones a los derechos humanos de  que en la Argentina se estaba juzgando a los militares con aplicación de las herramientas de la justicia transicional, los funcionarios de gobierno, incluido el ex presidente y su esposa actual presidente de la República Argentina, enriquecían su patrimonio personal.

 

El control de los medios de difusión por parte del gobierno y la pérdida de independencia de la Justicia permitió que los tribunales federales fuesen saturados por causas vinculadas a los militares en juicios que llevan más de 11 años de duración, según las previsiones de la justicia transicional.

 

Esta situación favorece a más de seiscientos funcionarios públicos denunciados a la justica por corrupción cuyas causas que continúan prescribiendo garantizan su impunidad. Así, mientras muchos observadores internacionales eran distraídos con los beneficios de la aplicación de la justicia transicional, el patrimonio presidencial, se incrementó en más del 1.000% en los diez años que llevan en el gobierno.

 

Es una realidad que a la sombra de los derechos humanos y la mentada lucha contra la impunidad creció exponencialmente la corrupción, el narcotráfico y sus vinculaciones con el poder, así como el patrimonio de los políticos que adscriben al kirchnerismo.

 

Los medios independientes que aún subsisten han denunciado reiteradamente los casos de corrupción de los actuales agentes del Estado. La edición del 5 de abril de 2012 de la revista Noticias publicó el ranking de los funcionarios públicos a los que se les iniciaron más causas en la justicia.

 

En el primer puesto se destaca el ex presidente Kirchner con 189 causas, seguido por Cristina Fernández de Kirchner con 186 causas, el vicepresidente Amado boudou con 54,  la ex ministra de Seguridad Nilda Garré con 49 causas, etc.

 

Al 2014  el diario Perfil del 7 de septiembre de 2014 actualizó el ranking, el primer puesto lo detenta Cristina Fernández de Kirchner con 289 causas, y el vicepresidente Boudou pasó de 49 a  85. Motivos más que suficientes para que los funcionarios desde el gobierno pidan que se aceleren los juicios contra los militares pues eso garantiza que se bloquee durante años la justicia federal y las causas por corrupción prescriban.

 

En definitiva, en pos de los derechos humanos, se violaron los derechos humanos de las víctimas inocentes de las organizaciones armadas y de los agentes del Estado que actuaron en los ’70, se consagró la impunidad de los funcionarios públicos y de los integrantes de las organizaciones armadas.

 

Si se considera además el hecho de que ciertos funcionarios públicos, y algunos actores sociales involucrados con estos procesos, han participado o tenido vinculación relevante con las organizaciones terroristas, no puede dejar de concluirse que la Justica Transicional sirvió como pantalla para facilitar el escandaloso enriquecimiento ilícito de los funcionarios y su vinculación con el narcotráfico, así como promover la venganza como Política de Estado. 

 

Contraria a la idea de justicia, la venganza ata inexorablemente al pasado que se quiere reparar. En definitiva es una forma ineficiente y primitiva de intentar solucionar un conflicto aunqueen realidad, lo reaviva.

Discriminación entre víctimas, doble aplicación de la justicia transicional y violaciones a los derechos humanos proclamando que se actúa en favor de éstos, son algunos lamentables aspectos de la experiencia argentina, y nos enseñan que la justicia transicional debería ser implementada o monitoreada por organismos internacionales de neutralidad garantizada, ya que de lo contrario puede ser usada para legitimar la venganza.

En la actualidad los jueces federales de la Argentina se encuentran denunciados ante la Corte Penal Internacional[24] por el encarcelamiento arbitrario en violación a principios internacionales, la fiscalía abrió un expediente en espera de mayor información. De alguna manera revertir esta situación está en manos de la comunidad internacional y de sus instrumentos de justicia.

 

Antes de terminar quiero brevemente sacar a las víctimas inocentes del número frio que las evoca y recordarlas tal como existieron en aquella época. Estas víctimas por las que todo Estado debe velar, en la Argentina sencillamente no existen, el destino quiso que  estuviesen en el momento equivocado y en el lugar equivocado. La última foto es de Charles Lokwood un ciudadano inglés secuestrado en dos oportunidades por las organizaciones armadas.

 

El gobierno de la Argentina  se presenta al mundo a la vanguardia de los derechos humanos y aplicó los principios de la justicia transicional para desaparecer de la memoria a las víctimas inocentes del terrorismo y garantizar la impunidad de sus perpetradores.   Que sus derechos sean una realidad es mi lucha y la de muchos argentinos que consideramos que sobre la Impunidad no hay ni transición ni reconciliación posibles.

 



[1]Presidente del CELTYV ONG dedicada a las víctimas civiles y no combatientes que provocaron las organizaciones armadas en la década del ’70.

[2]Recordemos que durante la Guerra Fría los EE.UU apoyaban a los gobiernos mientras que la URSS a través de Cuba apoyaba a las organizaciones armadas terroristas de Latinoamérica.

[3] Dto. ley 19.053 Cámara Federal Penal Nacional.

[4] Ley 20 642.

[5] Ley 20840.

[6]Dto.  1368.

[7] Solicitada en el diario Clarín del 25 de Marzo de 1976.

[8]La cifra incluye las bajas en enfrentamientos armados y fue consignada por Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido e integrante de la CONADEP, comisión de notables creada durante el gobierno del presidente Alfonsín para atender las cuestiones de las desapariciones. http://www.perfil.com/contenidos/2009/08/03/noticia_0020.html,  consultada el 9 de en enero 2014. Similar o igual número registra el libro Nunca Más que resume un trabajo sobre ese período encargado por el Presidente Alfonsín.

[9] En el portal digital Perfil.com, perteneciente al diario Perfil, en noviembre de 2013 se publicaba: El hecho de los 30.000 desaparecidos nadie me lo puede discutir porque fui yo quien puso ese número en Holanda [...] Cuando en los Países Bajos se decide darle una mano a las Madres de Plaza de Mayo, estaba Hebe de Bonafini, se formaba la organización Solidaridad con las Madres Argentinas y para pedir el subsidio, ellas habían llevado la cifra de 3800 desaparecidos con sus nombres. La gente de Holanda dijo que era poco, que era necesario llamar la atención pública y ahí surgió la cifra de 30 mil.

 

[10] Una ONG independiente, CELTYV www.celtyv.org. ha contabilizado en un total de 17.382 víctimas publicadas en un libro reciente,  de los doctores Carlos Manfroni y Victoria Villarruel,  titulado “Los Otros Muertos” las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70, Editorial Sudamericana 2014.

[11] Acreditados en el cuaderno de prueba del Gral. Roberto  Viola, en la causa 13/84, Juicio a las Juntas Militares.

[12] Entre las víctimas de las organizaciones armadas existieron combatientes propiamente dichos e integrantes de dichas organizaciones que actuaban desarmados ciudadanos de día y combatientes de noche..

[13]Las declaraciones del ex Jefe de Gabinete del Presidente Kirchner, Alberto Fernández, brindadas el 20 de junio de 2013 en el programa Juego Limpio conducido por el periodista Nelson Castro y emitido por canal de TV Todo Noticias [TN], que completan el rompecabezas de las acciones políticas del ex presidente:...es nuestro orgullo la Corte, dijo Fernández y agregó: Yo he visto a Kirchner seleccionar a esos jueces, yo he visto a Kirchner reunirse con ellos antes de ser designados, no me lo contó nadie, estuve en todas las reuniones, y lo que Kirchner les decía es, ustedes están para actuar con total independencia, nunca van a llamar de la casa de gobierno –así era y no estoy mintiendo, vayan y pregúntenle a cualquier juez de la Corte–, y tengo dos problemas que para mí son problemas de Estado: los derechos humanos y la dolarización de la economía. Salvo esos dos temas que se están ventilando en la justicia, la verdad es que nosotros no tenemos ningún interés en ningún tema. Estos temas nos preocupan porque son Política de Estado.

 

[14]Numerosos artículos de prensa reflejan la pérdida de independencia del Poder Judicial, ver anexo III, entre ellos puede también consultarse:

  • "Jueces con obediencia debida se buscan", http://www.lanación.com.ar/895777-jueces con obediencia debida se buscan. 2007. Consultada de enero 2012.
        • "La renuncia del Presidente del máximo Tribunal Penal de la Nación [Cámara Nacional de Casación Penal] Dr. Alfredo Bisordi".  Clarín –12 de marzo del 2008 y Página 12 – 14 de junio de 2008.
  • "Es un día de vergüenza para nuestro sistema judicial". La Nación. www.lanacion.com.ar/1082193-cristina-es-un-dia- de-verg%C3%BCenza-paranuestro-sistema-judicial.
        • "El gobierno impulsará el juicio político a los jueces que ordenaron liberar a represores". La Nación. www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1082432
        • "Editorial". La Nación, 26 de diciembre de 2008.  
        • "Denuncian al gobierno en un foro de Jueces". La Nación, 22 de abril de 2009.
        • "Los Jueces cuentan como los presiona el poder político". La Nación, 20 de septiembre de 2009.
        • "El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Ricardo Lorenzetti, reclamó al poder político que los jueces tengan más independencia". La Nación, 20 de septiembre de 2009.
        • "Grave denuncia de los abogados de la Capital". La Nación, 24 de septiembre de 2009.
        • Renuncia del Juez Federal Araoz de Lamadrid donde expresó: …soy víctima de una cacería por no haber sido obedienteDiario Perfil, 12 de diciembre de 2009. 
  •   También lo expresado por TV por el Senador por Córdoba Luis Juez: Los Jueces de mi Provincia le tienen pánico al poder político…. Nelson Castro, TN, Juego Limpio, 10 de diciembre de 2009.
  • "Justicia para los amigos y castigo para los demás", La Nación, 27 de julio de 2011.
  • "La consigna: atemorizar y avasallar al Poder Judicial", La Nación, 04 de octubre de 2011.
  • "Una feroz persecución a los jueces", La Nación, 04 de octubre de 2011.
  • "En dos meses, el gobierno desmanteló un fuero judicial". Clarín, 22 de noviembre de 2012.
  • "Jueces advierten a la Corte que el gobierno afecta su independencia", Clarín, 30/11/2012.
  • "Las embajadas extranjeras, en alerta por la ofensiva del Gobierno. Miembros del cuerpo diplomático se reunieron preocupados por los avances contra la justica y la prensa"  La Nación, 19 de mayo de 2013.
  • "Fuerte condena internacional por los avances sobre la prensa y la justicia". Clarín, 20 de mayo 2013.
  •  "Fuerte reacción por los ataques a la Justicia". La Nación, 22 de junio de 2013.

 

  • "Nueva ofensiva del gobierno para controlar la Justicia", La Nación, 30 de  diciembre de 2013. A ello deben agregarse numerosos artículos más del mismo tenor que no se consignan por economía de espacio.

 

[15] En la Argentina  el Congreso puede sancionar, derogar, modificar o abrogar leyes, pero no está en sus facultades la de anularlas, ello es competencia exclusiva del Poder Judicial. Esta grave irregularidad  constitucional  fue convalidada por  la Corte Suprema aceptando que su propia competencia constitucional se viera usurpada por el Poder Legislativo.

 

[16] En la Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Dr. Emilio Cárdenas refiere que el monto de indemnizaciones pagadas al 2008, exclusivamente a las víctimas de las acciones de agentes estatales de los ‘70, asciende a U$S 1.277.000.000 [mil doscientos setenta y siete millones de dólares] en función de la ley 24.411, y de U$S 648.000.000 [seiscientos cuarenta y ocho millones de dólares] en función de la ley 24.043. Tomo 68 N°1, de Julio de 2008, página 26 nota al pie.

[17]Ver en anexo II, el reconocimiento estatal de la aplicación retroactiva de la ley penal.

 

[18] Hamilton, Alexander, The Federalist, N° 84 p. 511, Ed. Clinton Rossiter, 1961.

 

[19] No puede perseguirse alegando un “vacío legal” porque, precisamente en derecho penal, ese supuesto vacío es la esfera de libertad del principio de reserva: “todo lo que no prohibido está permitido”.

 

[20] El principio 39 establece:

No freemen shall be taken or imprisoned or disseised or exiled or in any way destroyed, nor will we go upon him nor send upon him, except by lawful judgment on his peer or by law of the land.

 

Ningún hombre en pleno uso de su libertad será detenido, encarcelado, perseguido o desterrado o perjudicado en cualquier otra forma; como así tampoco se lo perseguirá o se solicitará su captura, excepto que medie proceso legal en su contra o por imperio de la legislación local.

[21]Ver ejemplos de condenas sin pruebas en violación al debido proceso, Anexo V.

[22]Otro Fallo millonario contra la Argentina” Clarín 5/9/14.

[23] Ver anexo IV.

[24] Causa OPT-CR -407-13 CIP- Fiscalía.