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El Debido Proceso y la Independencia del Poder Judicial.

 

El Comité para la Defensa del Debido Proceso del Instituto Interamericano por la Democracia fué creado con la finalidad de evaluar situaciones en las cuales se cuestiona la aplicación de las garantías procesales que enmarcan el Derecho al Debido Proceso por parte de la Administración de Justicia en diversos países de nuestro hemisferio.

 

A la par de otros organismos que velan por el respeto hacia los derechos individuales de quienes son encausados ante la Justicia, nuestro Comité para la Defensa del Debido Proceso requiere un cierto grado de madurez procesal en el desarrollo de los casos que se eleven a su atención y consideración. A veces resulta muy dificil pasar de ser un Comité “observatorio” de un caso particular a la función crítica a la que aspiramos como Comité “admonitorio” -en defensa de las garantías del debido proceso- cuando en dicho caso todavía existen instancias procesales por agotar.

 

Pero hay una norma o presupuesto elemental que resulta vital para la posibilidad de sostener y defender con éxito las garantías del Debido Proceso en el seno de cualquier sociedad. Y esa norma fundamental es la Independencia del Poder Judicial, tanto en el plano institucional como en el individual o personal que corresponde a cada juez.. La norma que consagra la  Independencia del Poder Judicial tiene por objeto establecer una valla protectora de la función del mismo, evitando que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo (así como cualquier otro “tercero”, ajeno al procedimiento judicial) ejerzan  influencia alguna sobre la labor de los jueces encargados de proteger a la Constitución nacional de cada país y a los derechos que la misma reconoce (entre ellos, el Derecho al Debido Proceso, consagrado en todas las constituciones de nuestra América).

 

Es por eso que nos parece oportuno que el Comité para la Defensa del Debido Proceso del Instituto Interamericano por la Democracia se pronuncie sobre algunos incidentes recientes que son de dominio público, en los cuales la Administración de Justicia de tres de nuestras naciones hermanas se ha visto cuestionada por los respectivos presidentes de dichos países, en una forma que pudiera poner en riesgo la solidez de esa norma que cimenta la Independencia del Poder Judicial

 

Por un lado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en alguna de sus frecuentes intervenciones públicas a través de los medios de comunicación masiva, ha cuestionado una decisión de la juez Maria Lourdes Afiuni y ha exigido su encausamiento, cosa que, en efecto, ocurrió al poco tiempo del inusitado reclamo presidencial.. Por otro, en Colombia, conocido el fallo de la juez Maria Stella Jara condenando a un oficial retirado del ejercito, el presidente de la nación criticó publicamente el fallo de la Dra. Jara calificándolo como desestimulante para el trabajo de la fuerza pública (lo que ha llevado a que la Dra. Jara se convierta en blanco de amenazas anónimas contra su vida).

Asimismo, el presidente de los Estados Unidos de América, en su último mensaje anual  de rendición de cuentas (o State of the Union Address), criticó abiertamente a la Corte Suprema de dicha nación, para sorpresa y desmayo de algunos de sus jueces, presentes en el recinto del Congreso para escuchar la alocución presidencial.

 

En el plano personal, los jueces deben ser y sentirse plenamente independientes a la hora de tomar sus decisiones, es decir, libres de cualquier tipo de presión externa ejercida por terceros. Parece ser éste un buen momento para recordarle la importancia de la Independencia del Poder Judicial a los señores presidentes de Colombia, de los Estados Unidos y de Venezuela.

 

Dr. Renaldy Gutierrez

Dr. Alejandro Lapadú

Dr. Alfredo Romero

 

Por el Comité para la defensa del Debido Proceso del Instituto Interamericano para la Democracia.