ALGO ESTÁ PODRIDO EN ESPAÑA (III): el mandato de Rajoy

 

César Vidal

     

Como señalé en la entrega anterior, en 2011, la mayoría de los españoles estaba convencida de que no podría existir un gobierno peor que el de ZP.   En términos económicos, sociales, políticos – incluso culturales – parecía obvio que no podría darse una presidencia peor que la del presidente socialista.  Esta circunstancia ayudo llevó a una holgada mayoría absoluta de Mariano Rajoy en la convicción de que su gobierno cambiaría la situación, ciertamente muy grave, a mejor.  De Rajoy se esperaba que relanzara la economía como en su día lo había hecho Aznar; que bajara la insoportable presión tributaria como en su día lo había hecho Aznar; que defendiera a las víctimas del terrorismo como en su día lo había hecho Aznar; que recuperara el papel internacional de España como en su día lo había hecho Aznar; que revertiera una disparatada legislación derivada de la ideología de género que nunca habría propuesto Aznar; que frenara el empuje insolidario y depredador del nacionalismo catalán recuperando, por ejemplo, el Plan Hidrológico Nacional impulsado por Aznar; y que investigara de una vez lo que había detrás de los atentados del 11-M que le habían impedido llegar al poder en 2004.  En términos generales, los millones de españoles que votaron a Rajoy deseaban fundamentalmente dar un salto hacia atrás en el curso del cual pudieran volver a la buena época de Aznar como si la de ZP no hubiera pasado de ser una desagradable pesadilla.   Semejante plan de gobierno es muy posible que Rajoy lo hubiera podido impulsar en 2004 sucediendo a Aznar, pero, con dos períodos de ZP entre medias y dado el deterioro sufrido en todos los sentidos por la nación, ¿era posible realizar esa maniobra sin que el tren nacional descarrilara?  Ciertamente sí y el propio programa del PP contenía una descripción más que aceptable y posible de las medidas que podían encaminar  a España hacia la recuperación nacional.  De nuevo, las viejas recetas liberales resultaban indispensables: bajar los impuestos, recortar y embridar el gasto público – especialmente el de las Comunidades autónomas con Cataluña a la cabeza – a lo que se sumaría devolver a España a un sitio importante en el plano internacional.   El proyecto era claro y la inmensa mayoría de los españoles había dado a Rajoy un mandato innegable para que encauzara a la nación por la senda de la recuperación.  Sin embargo, quien a todas luces iba a demostrar que no era la persona adecuada era el presidente Mariano Rajoy Brey.  De hecho, en lugar de aprovechar el respaldo mayor que ha tenido un partido desde el inicio de la Transición – ni siquiera el PSOE de Felipe González llegó a acumular semejante poder local como el PP de Rajoy – el nuevo gobierno se dedicó a continuar la política trazada por ZP.  Como diría con frase acertada el economista español Juan Ramón Rallo, Rajoy llevó a cabo una política que podría ser calificada como “Zapatero 2”.

 

       Resulta absolutamente imposible negar que Rajoy incumplió desde el primer momento sus promesas electorales, promesas que se hallaban en el programa electoral del PP.  Desde luego no sacó a las franquicias de la banda terrorista ETA de las instituciones; se manifestó desesperadamente débil y apaciguador de cara al nacionalismo catalán y, consciente de las críticas que lloverían sobre él, desde el principio se preocupó de someter a unos medios de comunicación más que necesitados de la publicidad institucional para sobrevivir.  Los episodios que se podrían aducir al respecto son bien numerosos, pero baste mencionar dos botones de muestra.  El primero fue la publicación del listado de los economistas vetados por el gobierno de Rajoy – de los siete mencionados, cinco colaboraban con el programa de radio que, en su día, dirigió el autor de estas líneas – y el segundo que incluso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se permitiera, en el curso de una entrevista televisiva, señalar que los periodistas debían tener cuidado con lo que decían sobre su actuación porque algunos estaban siendo investigados por la Agencia tributaria.  El estupor que descendió sobre los trabajadores de los medios presentes en el acto – ni uno solo se atrevió a protestar – sólo fue proporcional a la gravedad de la insinuación (¿o fue abierta amenaza?).   Durante los años siguientes, no fueron pocos los profesionales de medios de comunicación, incluso los de categorías muy secundarias, sobre los que cayó una inspección tributaria que, literalmente, amenazaba con arruinarlos.   Tampoco fueron pocos los que acusaron directamente a Rajoy de haber provocado la pérdida de su puesto de trabajo como fue el caso de Pedro J. Ramírez, el director del diario El Mundo.   Incluso el diario El País – parte del otrora casi omnipotente grupo PRISA – se manifestó, a pesar de su larga trayectoria favorable al partido socialista, obsequioso con Rajoy, especialmente después de que su gobierno lograra que el periódico recibiera unos créditos indispensables para evitar su cierre.   La libertad de prensa siempre ha chocado con grandes obstáculos en España, pero con Rajoy ha sufrido, sin duda alguna, una de sus épocas peores.

 

     Esta lamentable situación transcurrió en paralelo con un clima de corrupción asfixiante.  Buena parte de los asuntos relacionados con esta lacra eran, ciertamente, anteriores a la época de gobierno de Rajoy, pero la manera en que lo afectaron y, sobre todo, en que los abordó resultaron más que significativos y contribuyeron a desgastar más que notablemente la confianza en el sistema.   Recuérdense algunos ejemplos de los más significativos.  El caso de los EREs – Expedientes de regulación de empleo – apuntaba a la corrupción del gobierno socialista de Andalucía; Jordi Pujol, el dirigente nacionalista catalán, había tejido una trama de corrupción que, posiblemente, era la mayor de Europa tras la Segunda guerra mundial; las personas encargadas de la contabilidad del PP y algunos de sus dirigentes más importantes eran enjuiciados por la red Gürtel de corrupción e incluso la misma Casa Real aparecía implicada en conductas nada edificantes como distintos delitos presuntamente perpetrados por Cristina, una de las hijas del rey Juan Carlos I, y su esposo, Iñaki Urdangarín, miembro de una familia de nacionalistas vascos.  Éstos eran algunos de los casos más llamativos – desgraciadamente no los únicos – y, frente a tan lamentables fenómenos, la conducta de Rajoy resultaría mucho menos que ejemplar.  De entrada, cuando se descubrió que podía estar presuntamente implicado en el cobro de cantidades ilegales, Rajoy no sólo no dimitió – como hubiera sucedido en la mayoría de las naciones de Europa occidental – sino que se aferró a su puesto y decidió defender a todos los demás sospechosos, quizá porque eran buena parte de la cúpula del PP.  Mientras escribo estas líneas, Luis Bárcenas, el responsable de la contabilidad del PP durante años, acaba de declarar que posee una grabación en la que no sólo se recoge cómo Rajoy recibía dinero de la financiación ilegal para uso propio – sí, todos los indicios señalan que buena parte del dinero de financiación ilegal no iba a gastos del partido sino que se repartía como salarios extra entre la cúpula del PP – sino que además destruía personalmente un ejemplar de la contabilidad B del PP.  Imagínese el lector lo que significaría que el partido republicano o el demócrata se financiaran con dinero ilegal, que ese dinero se destinara en no escasa media no a gastos del partido sino a ser repartido entre los personajes más relevantes demócratas o republicanos y que el propio habitante de la Casa Blanca se dedicara a triturar la contabilidad B de su partido para borrar las huellas de lo sucedido.

 

     No puede causar pasmo, pues, que también fuera España, la única nación de la Unión Europea que no hizo pública la denominada Lista Falciani correspondiente a gente que tenía cuentas sin declarar con dinero de orígenes poco claros en Suiza. A pesar de los requerimientos parlamentarios que apelaban a los paralelos en otras naciones europeas, el ministro Montoro se negó rotundamente a revelar no sólo los nombres de la lista Falciani sino también los de las personas a las que había beneficiado con una amnistía tributaria.  Por si todo lo anterior fuera poco, en el curso de la legislatura, el gobierno de Rajoy impulsó un cambio legislativo que situaba en seis meses el tiempo durante el que se podría investigar una causa de corrupción.  La medida intentó ser justificada por el deseo de juzgar con celeridad a los corruptos.  La realidad, sin embargo, es que la reforma legislativa de Rajoy proporcionaba una total impunidad a las grandes redes de corrupción en la medida en que no reforzaba la investigación judicial y, a la vez, la cerraba al cabo de medio año, un plazo a todas luces insuficiente para investigar causas de esa naturaleza.  Baste decir que la instrucción de casos como el de los EREs, Gürtel o la infanta Cristina y su esposo – este último ha requerido dos mil un días para llegar a los tribunales - necesitaron más de cinco años para ser instruidos y algunos todavía no han sido concluidos.  Desde luego, si Rajoy llegó a pensar que de esa manera iba a frenar siquiera en parte el creciente malestar ciudadano ante la corrupción no pudo errar más.  Quizá la única figura que supo captar los encrespados sentimientos del pueblo hacia ese tipo de situaciones fue el rey Juan Carlos… que optó por abdicar cuando se publicaron algunos datos sobre negocios de una de sus últimas amigas íntimas.   No.  Ciertamente, la corrupción que parecía caracterizar la vida política española desde la Casa Real hasta la oposición socialista y nacionalista pasando por el gobierno del PP dañó enormemente la imagen del ejecutivo y la confianza en el sistema.  De por si ya hubiera resultado un factor muy dañino, pero, desgraciadamente, no fue el único.

 

      No menos – quizá incluso más – irritación provocó en los ciudadanos españoles la manera en que Rajoy se condujo de cara a los nacionalistas.  Hemos mencionado la permanencia de los brazos políticos de ETA en las instituciones – una situación pagada por los ciudadanos y que proporciona no sólo información oficial sino subvenciones estatales a la banda – pero a ella hay que añadir, entre otros escándalos, la excarcelación más que discutible de terroristas de ETA, la fuga de un terrorista acusado de crímenes contra la Humanidad simplemente porque nadie fue a recogerlo en el aeropuerto de Barajas a donde llegó extraditado desde Francia o el escarnio continuo a que se vieron sometidas las víctimas.  En un acto que ocasionó un inmenso dolor a los que durante décadas han sufrido el flagelo de los asesinos, el fiscal general del estado designado por Rajoy señaló incluso el final definitivo de la causa del 11-M.  En otras palabras, las víctimas nunca recibirían justicia en relación con el peor atentado terrorista de la Historia de España.  La responsabilidad de esa trágica situación estaba repartida entre muchos, pero correspondería al gobierno de Rajoy el dudoso honor de lanzar la última paletada sobre unos sepulcros cuyos ocupantes jamás conocerían la reivindicación judicial.

    

     No menor sería el malestar nacido de la conducta de Rajoy hacia el nacionalismo catalán.  Al  llegar al poder en 2011, la deuda de Cataluña superaba el treinta por ciento de la deuda total de diecisiete Comunidades autónomas.  Se trataba de un verdadero disparate económico, político y social porque Cataluña ni aporta ese porcentaje al PIB español ni tampoco cuenta con esa proporción de población.  A decir verdad, su aporte al PIB está en torno al 17-18 por ciento y la población ronda los siete millones en una nación de más de cuarenta y seis.  Se mire como se mire, Cataluña ha dejado hace mucho de ser la región importante del pasado para convertirse en una carga insoportable para el resto de España.  A decir verdad y a pesar de los abusos contenidos por el nuevo estatuto de Cataluña, el nacionalismo catalán lleva décadas demostrando que sólo puede pervivir sobre la base de expoliar la riqueza nacional en beneficio propio.  Rajoy – y Montoro, su ministro de Hacienda – prefirió no intervenir las cuentas públicas de Cataluña como le permite la ley y, en lugar de esa conducta más que obligada, optó por desarrollar una política de apaciguamiento consistente en entregar todavía más decenas de miles de millones de euros a Cataluña y en consentir las acciones de su gobierno.  Como era fácil de prever – algunos así lo hicimos repetidamente – el nacionalismo catalán no sólo no se contuvo sino que aceleró todavía más sus pretensiones más rapaces y anunció su intención de celebrar un referéndum ilegal para declarar la independencia.

 

     Las razones para el referéndum de independencia de Cataluña fueron diversas.  Por un lado, estaba el deseo de detener las acciones judiciales contra la familia del antiguo presidente catalán Jordi Pujol cuya fortuna – que se calcula en decenas de miles de millones de dólares – ha terminado por llamar la atención del FBI y la DEA por su posible relación con las grandes cadenas del crimen internacional organizado.  Por otro, era el fruto directo de una propaganda nacionalista que durante décadas ha insistido en que Cataluña es una nación – no así España – ha abierto embajadas de Cataluña en el extranjero – que pagan todos los españoles – y ha difundido la patraña de que Cataluña aporta más de lo que recibe cuando es exactamente todo lo contrario.  Finalmente, no puede descartarse el deseo de conseguir todavía más dinero de un gobierno, el de Rajoy, que no se ha caracterizado por su valentía a la hora de frenar los abusos de las Comunidades Autónomas.

 

       A lo largo de cuatro años, Rajoy no sólo no impidió el referéndum ilegal y un encadenamiento continuo de transgresiones del ordenamiento jurídico perpetradas por los nacionalistas catalanes – por ejemplo, en Cataluña es imposible estudiar en español a pesar de diversas sentencias judiciales que ordenan que así sea – sino que además, en medio de una crisis, continuó aumentando las cifras que entregaba a esta región.  Al concluir la legislatura, Cataluña había recibido más de cincuenta mil millones de euros adicionales sobre la cantidad inicialmente prevista.  En otras palabras, mientras toda la Unión Europea mantiene a Grecia, pero a cambio de unas condiciones rigurosas de intervención, Rajoy ha consentido una deuda casi similar en el caso de Cataluña, pero sin control alguno y sólo a cargo del resto de España.  Como era de suponer, los mercados internacionales no se dejaron engañar y la deuda de Cataluña está calificada dos escalones por debajo del bono basura.  En cuanto a la inversión extranjera se desplomó hace años.  Que Rajoy no aprovechara esa situación para controlar los abusos del nacionalismo catalán y por ende siguiera transfiriéndole decenas de miles de millones de euros que, en puridad, tenían que haberse destinado a otras regiones no podía provocar adhesiones.  De hecho, pretender que la mayoría de los ciudadanos españoles no se indignaran por la política catalana de Rajoy equivalía, sin duda, a pedir un imposible.   

     Tampoco podían quedar más satisfechos los que habían quedado hartos de la legislación sustentada en la ideología de género impulsada por ZP.  En el colmo de la sumisión, el gobierno de Rajoy decidió no publicar el número de víctimas masculinas relacionadas con la violencia doméstica.  Haberlo hecho habría significado mostrar que los muertos en el hogar se repartían de manera muy poco distinta entre hombres y mujeres lo que chocaba con la idea de que la lucha de clases se libra también en el interior de las relaciones de pareja.  Se trataba de un disparate jurídico y social natural en los gobiernos de ZP, pero ¿cómo contemplarlo en uno como el de Rajoy que, teóricamente, era de derechas?

 

      Todas estas circunstancias – que causaban la más que comprensible ira en los votantes de Rajoy – pensaba sobrepasarlas el gobierno del PP sobre la base del éxito económico.  La tesis era que si la economía iba bien, el resto de promesas electorales perderían su relevancia para los ciudadanos.  Era una apuesta arriesgada y Rajoy, al fin y a la postre, la perdió, pero el que así fuera no debería sorprender a nadie.

 

      El PP llegó al poder impulsado, entre otras razones, por la promesa de que bajaría los impuestos, unos impuestos asfixiantes que no habían dejado de subir en la época de ZP.  Sin embargo, una vez en el poder, Rajoy no sólo subió los impuestos sino que incluso superó las subidas que había exigido el programa del Partido Comunista de España.  En otras palabras, Rajoy podía insistir en que su orientación era de centro-derecha, pero en términos impositivos había desbordado a los comunistas por la extrema izquierda.  De hecho, la primera medida adoptada en el primer consejo de ministros de Rajoy fue subir de manera brutal el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) lo que empobreció de un plumazo a decenas de millones de españoles.  No quedó ahí la subida de impuestos.  Tan sólo en el primer año de Rajoy, su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, elevó los impuestos en CINCUENTA ocasiones – sí, han leído bien, cincuenta – entre nuevos impuestos y aumento de otros antiguos.  Los españoles – que suelen hacer chistes con todo – denominaron a esas subidas del primer año de gobierno del PP como “Cincuenta sombras de Brey” dado que el segundo apellido de Rajoy es Brey.  Lamentablemente, los impuestos siguieron subiendo durante el resto del mandato acompañados por una arbitrariedad escandalosa en las acciones de una Agencia tributaria que necesitaba arrancar más y más dinero de los bolsillos de los ciudadanos para lanzarlo a las fauces de un estado insaciable.  A mitad de la legislatura, la Agencia Tributaria de Montoro ya perdía más del cincuenta por cien de los casos que los ciudadanos atropellados por el despotismo llevaban hasta los tribunales, pero no por eso corrigió su conducta, una conducta que afectaba especialmente a las clases medias que creaban, en mayor o menor medida, alguna forma de riqueza.  Los efectos de las subidas de impuestos se hicieron sentir inmediatamente.  Al cabo de un año de gobierno, habían quebrado miles de pequeñas y medianas empresas; dos millones más de españoles se habían visto sin empleo y la cifra del paro rayaba el treinta por ciento.

 

     Dado que, en paralelo, los presupuestos recortaban dramáticamente las pensiones y gastos relacionados con la medicina o la educación, se habría esperado que el ministro Montoro pudiera equilibrar las cuentas del estado.  No lo consiguió ni uno solo de los cuatro años del mandato.  Un año tras otro, el gobierno de Rajoy fue incapaz de frenar el déficit, de gastar menos – a decir verdad, creó más plazas de funcionarios con fines electoralistas e incrementó el gasto público – y de cuadrar un presupuesto.  En 2015, tanto el Fondo Monetario Internacional como la Unión Europea advirtieron a España de que el presupuesto para 2016 era contablemente inverosímil y de que el nuevo gobierno que saliera de las urnas tendría que cambiarlo.  Confiado en su aparato de propaganda, Rajoy siguió insistiendo en una bondad económica que no se sostenía ni sobre el papel.

 

     Para colmo, el propio Montoro apareció en informaciones que, presuntamente, indicaban su relación con graves casos de corrupción.  Por ejemplo, cuando Soria, el ministro de energía pretendió acabar con ciertos favores difícilmente justificables que disfrutaba alguna empresa energética, Montoro se opuso – a pesar de no ser asunto de su departamento – presentando un informe con el membrete del ministerio de Hacienda.  El problema es que el informe de Hacienda era idéntico a otro informe realizado por el despacho de abogados de la compañía energética, un despacho de abogados dirigido por el hermano del ministro Montoro y fundado unos años antes también por el citado ministro.  No sólo eso.  La investigación relativa al caso de corrupción en el que están implicados la hermana del actual rey, la infanta Cristina de Borbón, y su marido Iñaki Urdangarín ha revelado que la Agencia tributaria desarrolló toda una labor para salvar del procesamiento a la infanta, por ejemplo, aceptando como reales facturas falsas.  Semejante paso – que desprende un profundo hedor a prevaricación – permitiría salvar a la infanta de peticiones penales por delito fiscal.  Hace apenas unas horas, ha estallado un nuevo escándalo relacionado con el ministerio que rige Montoro.  De nuevo, la Agencia tributaria decidió “remover” papeles para ocultar información que habría impedido que una empresa audiovisual recibiera la concesión gubernamental de un canal TDT de televisión.  Mediante el movimiento de expediente del ministerio capitaneado por Montoro, la empresa concurrió y el gobierno de Rajoy pudo entregarle la concesión de TDT.  ¿Casualidad?  Quizá, pero da la sensación de que, para advertir a periodistas en público, Montoro no estaba en la mejor posición.

 

     Semejante realidad – la de que la economía no iba bien sino todo lo contrario – intentó ocultarla el gobierno de Rajoy mediante el control de los medios y la emisión ininterrumpida de deuda pública.  Lo primero no terminó de funcionar.  En cuanto a la segunda medida sólo ha conseguido que España tenga ahora una deuda pública oficial del 100 por 100 de su PIB – en realidad, es muy superior -  y que por cada euro de ganancia el estado haya tenido que gastar cuatro.  En otras palabras, la economía española ha dado la impresión de crecer gracias a unos precios artificialmente bajos del petróleo – que no se ha traducido en una energía más barata para el ciudadano español – a un gasto público imposible de mantener de manera indefinida y a una compra continua de deuda por parte del Banco Central Europeo.  Con todos esos factores más que favorables, el descenso del desempleo en todo el mandato de Rajoy sólo ha conseguido llegar como mejor cifra a la peor de ZP y ya en las últimas semanas ha dejado de manifiesto que se encuentra estancado.   De manera semejante, cuando siendo Rajoy presidente, el Banco Central Europeo privó de su silla a España, no se trataba sino del reconocimiento de una realidad.  Ante los focos, los gobernantes europeos podían darle palmaditas a Rajoy porque nadie deseaba sembrar el pánico ante la posible caída de España y porque se esperaba que España terminara de pagar su deuda con los bancos europeos – especialmente alemanes - pero, a puerta cerrada, la realidad era imposible de eludir.  Rajoy podía pregonar que España no había tenido que pedir un rescate, pero, al hacerlo, faltaba gravemente a la verdad.  De hecho, Bruselas había obligado a España a pedir un rescate para la banca cuyo pago no concluirá, con suerte, antes del año 2027.  España había sido rescatada, pero, lamentablemente, el gobierno de Rajoy había sido incapaz de conseguir, como el de Grecia, una quita de su deuda.

 

      Naturalmente, los participantes en las tertulias televisivas podían repetir el argumentario del gobierno de Rajoy, pero la economía es una de las pocas cosas en las que es difícil que la propaganda engañe a los ciudadanos.  Entendámonos.  No se trata solo de que el balance negativo de las bolsas españolas en 2015 son un claro mentís a la propaganda económica del gobierno de Rajoy.  No se trata sólo de que los inversores huyen de España ante la realidad del país.  No se trata sólo de los consejos bastante sensatos de los especialistas en inversiones para no realizar operaciones en España.  De esas circunstancias, por regla general, el ciudadano medio tiene poca o nula constancia.  Se trata de algo muy diferente, pero más fácil de percibir.  Un aparato de propaganda bien engrasado puede convencer a los ciudadanos de que los judíos son los culpables de una conspiración mundial, de que Estados Unidos es el enemigo de la Humanidad y de la revolución o de que una empresa de exterminio y saqueo fue una labor civilizadora.  Resulta mucho más difícil aceptar que la economía va viento en popa cuando hay parientes desempleados, cuando los hijos se ven obligados a abandonar el país en busca de trabajo – no menos de medio millón de españoles en su mayoría profesionales y jóvenes lo ha hecho durante el gobierno de Rajoy - cuando el negocio familiar ha quebrado a causa de los impuestos decretados por Montoro o cuando no se llega a cubrir los gastos domésticos ni siquiera trabajando varios miembros de la familia.  En ocasiones como ésas, la realidad desmiente totalmente la propaganda y, muy posiblemente, incluso genera no poca indignación en los que se sienten, por utilizar el título de una conocida novela de Dostoyevsky, humillados y ofendidos.

   

      Se mirara como se mirara, la corrupción discurría de arriba a abajo del aparato institucional sin que el gobierno del PP la atajara y con indicios verosímiles de que incluía a Rajoy y a no pocos de sus colaboradores más importantes; el gobierno trataba despiadadamente a las clases medias que lo habían votado; y la economía doméstica se deterioraba a ojos vista.  Mientras instancias como Merryl Lynch o JPMorgan recomendaban vez tras vez no invertir en España ni adquirir su deuda, también, vez tras vez, los resultados electorales resultaron negativos para el PP.  Sin embargo, Rajoy se negó a tomar en cuenta la realidad y no varió un ápice su política y entonces… apareció Podemos.

 

      Se ha insistido repetidamente en el carácter bolivariano de Podemos, en las relaciones de sus principales dirigentes con el chavismo e incluso en la colaboración que Irán prestó a uno de sus programas de TV.  Sin embargo, esos datos – sin negar su importancia – no son los esenciales a la hora de encuadrar el fenómeno.  En primer lugar, debe señalarse que Pablo Iglesias se convirtió en una estrella mediática gracias a dos medios católicos, la TV de Intereconomía y 13TV, la cadena de la Conferencia episcopal.  Es más que posible que lo que ambas televisiones persiguieran fuera debilitar al PSOE en su pugna con el PP.  De acuerdo con su elaboración mental, si el PSOE perdía votos por la izquierda, el PP se consolidaría como fuerza mayoritaria apoyada en el centro y la derecha.   Como tantas construcciones teóricas, ésta podía sostenerse sobre el papel, pero no pasaba de ser una acción rebosante de irresponsabilidad, exactamente la misma que perpetró el socialista François Mitterrand cuando decidió apoyar al Frente Nacional para debilitar a la derecha clásica.  El problema es que, en el caso de Pablo Iglesias, todo se produjo después de la experiencia de Mitterrand y sin que nadie hubiera aprendido.  En segundo lugar y a pesar de todo, la razón del éxito de Iglesias debió mucho más a la desilusión de la gente frente a un gobierno como el de Rajoy que demostraba ser torpe para remontar la crisis económica, derrochador en el gasto público, insaciable tributariamente y, presuntamente, hundido hasta las cejas en la corrupción que a las proclamas demagógicas de Podemos.  En otras palabras, los sucesivos avances de Iglesias y Podemos no se debían tanto al apoyo en su favor como a la ira contra la pésima política de Rajoy y del gobierno del PP.  Quizá una parte del impacto negativo sobre el PP se hubiera podido remediar si antes de las elecciones locales, primero, y antes de las generales, después, Rajoy hubiera cesado a Montoro – el causante directo de que el PP perdiera no menos de dos millones y medio de votos – e incluso, más sensatamente, hubiera dimitido.  Pero Rajoy - ¿quizá temeroso de verse arrastrado ante la justicia? – se negó a dar esos pasos, se presentó a las elecciones y, como era de esperar, obtuvo un resultado catastrófico cosechando la mayor pérdida de escaños de un partido desde el desplome de la UCD en 1982.

 

       Hasta qué punto el sistema de la Transición mostraba zonas enteras sometidas a la podedumbre se desprende del hecho de que el PSOE, por primera vez desde los años setenta, también se desplomó y los grandes avances fueron protagonizados por un partido como Ciudadanos cuya indefinición ideológica es enorme y, sobre todo, por Podemos, una fuerza política entre cuyos representantes más importantes se hallaban Jorge Luis Bail, al que se le piden dos años de prisión por agredir a un guardia civil; Pedro de Palacio, condenado en 2002 por abusar sexualmente de una niña de cinco años; Enrique López, imputado por un delito de lesiones a un policía; Andrés Bodalo, condenado a tres años y medio de cárcel por agredir a un concejal; Josetxu Arrieta, miembro condenado de la banda terrorista ETA o José Ramón Galindo, detenido en 2008 por tráfico de cocaína y cuyas tres figuras máximas – Iglesias, Monedero y Errejón – son unos profesores mediocres de la bastante mediocre universidad española.   Debo insistir en ello: millones de votantes españoles no votaron a Podemos convencidos de la bondad de sus intenciones.  Lo hicieron hartos del desastroso gobierno de Mariano Rajoy, de la penosa trayectoria del PSOE desde antes de ZP y de la verdad de muchas de las críticas – cuestión aparte son las soluciones propuestas que, por regla general, contribuirían a empeorar el panorama – que formulaba Podemos.  El resultado fue, el 20 de diciembre pasado, un panorama post-electoral del que sólo puede emerger una gran coalición de PP y PSOE o un gobierno del Frente popular en que Podemos sería la fuerza dominante. Eso o unas elecciones anticipadas que dejarían a España sin gobierno hasta el mes de julio de 2016 precisamente cuando es imperioso corregir el bochornoso presupuesto dejado por el ministro Montoro y cuando la deuda pública supera el millón de millones de euros y en torno a una cuarta parte ha de ser renegociada en los próximos meses.

 

     A decir verdad, aunque todavía salvando distancias, la trayectoria de España no ha sido muy dispar a la seguida por naciones hermanas como Venezuela, Ecuador o Bolivia.  El desgaste del sistema durante años, la corrupción creciente, la ceguera de los gobernantes hacia las consecuencias de sus actos – el caso de Rajoy es paradigmático – y el desprecio hacia las reacciones de los ciudadanos abrieron las puertas a movimientos que, en circunstancias normales, no habrían pasado de lo marginal.  La cuestión obviamente es si España forzosamente debe repetir ese camino que sólo lleva a la miseria y a la falta de libertad o cuenta con alternativas.  A esa cuestión dedicaré mi última entrega.

 

CONTINUARÁ